El Consell se desmarca de la enmienda de ERC para evitar el 'dumping' fiscal de Madrid

VALÈNCIA. La acusación de que la Comunidad de Madrid practica 'dumping' fiscal en lo que resulta una competencia desleal respecto al resto de autonomías es un mantra en el que insiste el Gobierno valenciano que lidera Ximo Puig desde hace años.

De hecho, esta afirmación ha sido incluso respaldada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien el pasado mes de febrero admitió que la Comunidad de Madrid "goza de las principales ventajas respecto a su capitalidad", al ser "la sede fiscal de grandes empresas". Una circunstancia que les permite no aplicar impuestos como el de patrimonio, lo que a su juicio "dificulta el trabajo de presidentes de comunidades autónomas", tanto de PSOE como de PP, "que se ven obligados a esa bajada fiscal" para luego "pedir recursos al Gobierno". Una situación que la ministra, se mostró dispuesta a revisar en la próxima reforma del sistema de financiación autonómica,  ahora paralizada por la pandemia.

Ahora bien, existen otras vías. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha presentado una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que va dirigida a evitar esta práctica de la Comunidad de Madrid, aunque con una propuesta que, contraria a sus postulados habituales, se centra en la implantación de un impuesto estatal al patrimonio. 

Una especie de recentralización que se basa en que el Gobierno de España imponga un gravamen mínimo que recaudaría el Estado: en el caso de la Comunidad de Madrid, que tiene el 100% bonificado, los ciudadanos tendría que pagar igualmente pero el dinero iría a parar al Ejecutivo de Sánchez. En cambio, si Madrid activara el impuesto -renuncia actualmente a casi mil millones de euros por bonificarlo al 100%- y lo pusiera por encima del mínimo estatal, sí podría recoger el dinero. 

Por otro lado, la enmienda de ERC también incluye otro aspecto importante relacionado con las empresas, dado que eleva el mínimo de acciones necesarias de una sociedad para quedar exentos de la tasa. En la actualidad, un socio que posea un 5% de participaciones no tiene obligaciones tributarias, y ahora ese mínimo pasaría al 15%.

Una estrategia de ERC ante la que el Gobierno de la Comunitat de Madrid ya ha puesto el grito en el cielo, asegurando que recurrirá este impuesto al Tribunal Constitucional si la enmienda del grupo republicano sale adelante.

¿Y qué dice el Gobierno valenciano? Las fuentes oficiales de la Conselleria de Hacienda consultadas por este diario no terminaban de mostrarse convencidas de la estrategia de ERC para acabar con el 'dumping'. "Es necesario que el Gobierno y las CCAA acuerden el instrumento jurídico más efectivo para acabar con el 'dumping' fiscal y que no haya diferencias tributarias entre las diferentes CCAA, pero manteniendo siempre la autonomía fiscal", explican desde el departamento que dirige el socialista Vicent Soler.

Sobre esto, señalaron además que, al margen de la propuesta de ERC, puede haber "más alternativas". "Lo importante es que todas las CCAA estemos de acuerdo en la importancia de alcanzar una armonización fiscal que acabe con el fraude e incrementar la colaboración, pero manteniendo por supuesto nuestra autonomía, tal y como se establece en la Ley de Cesión de Tributos".

Desde Compromís, aunque con matices, se muestran más entusiasmados con la enmienda. El portavoz de la coalición en el Congreso, Joan Baldoví, afirma en declaraciones a Valencia Plaza que están "de acuerdo" ensu mayor parte porque el 'dumping fiscal' de Madrid es "absolutamente inaceptable". "Está bonificando el impuesto de patrimonio y eso provoca que muchos contribuyentes, en lugar de hacerlo en su comunidad autónoma, acaben yéndose a la capital a beneficiarse de esas exenciones. Esto afecta a la Hacienda de los territorios donde viven o tienen un negocio porque no contribuyen allí", explica. Por este motivo, defiende que si Madrid no quiere captar ingresos por esa vía "porque no lo necesita", sea el propio Estado el que pueda hacerlo "para que todas las autonomías estemos en las mismas condiciones".

El secretario autonómico de Hacienda, Francesc Gamero (también de Compromís), añade que "sería mejor que el Estado regulara unos intervalos mínimos, como hace con el IBI de los Ayuntamientos, de manera que no se pudiera bonificar al 100% por ningún territorio, pero continuara siendo un impuesto de gestión 100% autonómica". En este sentido, cree que podría ser "mejorable" el texto de ERC porque "creando una cuota estatal, aunque sea un cedido, se reduce la autonomía financiera de las comunidades". Además, destaca, entraría dentro del sistema de financiación autonómica y, por tanto, se cobraría dos años después.