CASTELLÓ. Un total de 235 familias del barrio periférico El Barranquet de Castelló corren el riesgo de quedarse en la calle. El fondo de inversión Voyager Investing UK -propietario de las viviendas de protección oficial dónde viven estas familias desde 2018-, ha decidido ahora poner fin a las ayudas fiscales y la bonificación que los vecinos y vecinas venían recibiendo en sus alquileres. Una decisión que repercute directamente en la cuantía que deben pagar los inquilinos, elevando a 500 euros el precio de estas VPO. Un precio que ahoga a estas familias y al que la mayoría "no puede hacer frente".
Así lo explica a este diario Lidón, una de las vecinas afectadas por la inflación del precio del alquiler. Desde 2016, Lidón vive junto a su marido y sus hijos en una de las seis fincas de protección oficial que están implicadas en esta complicada situación. Y es que, cabe resaltar que el 80% de familias que viven en estos pisos son extranjeras y, muchas de ellas, en riesgo de exclusión social.
Tal y como explica, ella firmó un contrato de alquiler de 10 años con opción a compra, pagando por su vivienda unos 300 euros. Sin embargo, tanto Lidón como el resto de las 234 familias afectadas recibieron el pasado 22 de febrero una carta de la empresa que gestiona estas fincas en la que se les alertaba que, a partir de marzo, las cuantías del alquiler se incrementarían "al dejar de aplicarse una bonificación en sus contratos" explica.
"No nos han dado ningún tipo de explicación y nos sentimos estafados y engañados porque en su día pusieron los alquileres tan baratos para captar personas y llenar estas viviendas, ya que este es un barrio complicado. No tenemos supermercados cerca, no tenemos luminaria en las calles, no podemos permitirnos pagar un alquiler tan alto y tampoco estamos dispuestos a pagar un piso en la periferia a precio de uno en el centro de la ciudad", alerta esta vecina. "Además, estamos sufriendo acoso inmobiliario por parte de la empresa gestora porque no se hace cargo de nada de lo que ocurre en la fincas. Las condiciones de las zonas comunes son nefastas, hay zonas en las que se está cayendo el techo y no podemos sacar nuestros coches de los garajes porque el propietario no paga los vados y nos aparcan delante", incide Lidón.
Las seis fincas afectadas fueron construidas en el año 2011 en el barrio Perpetuo Socorro, popularmente conocido como El Barranquet, en la frontera entre Almassora y Castelló. La promotora inmobiliaria UMA fue la propietaria de estas viviendas de protección oficial hasta que, en 2018, se vio en la obligación de venderlas a Voyager Investing UK, al no poder asumir la deuda hipotecaria con el banco BBVA. Este fondo inversor (también conocido como fondo buitre) encargó a la empresa española especializada en gestión de activos inmobiliarios, Altamira, la gestión de estos inmuebles.
Ante esta situación de emergencia habitacional, el vecindario se ha unido para lanzar un grito de socorro y, a parte de colocar pancartas en sus ventanas denunciando lo que consideran una "injusticia", han llevado este asunto ante las autoridades competentes: el Ayuntamiento de Castelló y la Conselleria de Vivienda.
Es por esta razón que el secretario autonómico de Vivienda, Alejandro Aguilar, visitará el barrio el próximo lunes para conocer la gravedad de la situación y valorar con qué posibilidades se cuenta para poder revertir el asunto. Y es que hace unas semanas los vecinos de El Barranquet pusieron de manifiesto esta problemática a la Generalitat Valenciana y ésta les emplazó a una reunión después de las Fiestas de la Magdalena. Tal y como apunta Aguilar a este diario, el área que dirige Héctor Illueca "estudiará uno por uno los contratos para conocer la situación particular de cada inquilino y reforzará la interlocución entre el Ayuntamiento de Castelló y la propietaria de las fincas".
