VALÈNCIA (EP/EFE). Alcaldes de 31 municipios que se oponen al modelo de ayudas contra la covid-19 acordado por el Gobierno central y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) han pedido al presidente del Ejecutivo de España, Pedro Sánchez, que presente un real decreto exprés con un reparto por población del fondo de 5.000 millones para los ayuntamientos, independientemente de si tienen remanente o no como el que se pretende convalidar en el Congreso de los Diputados, donde se plantean acudir para que se escuche su voz.
En una reunión telemática celebrada este martes, los 31 alcaldes, entre ellos los de València y Alicante, han acordado un documento en el se recoge que el fondo de 5.000 millones sea "justo e igual" para todos los ayuntamientos, que se reparta en función del criterio de población y "no se creen condiciones que afectan a la contabilidad nacional.
Asimismo, piden que independientemente de que los ayuntamientos tengan o no ahorros --remanente-- se reparta al igual que el fondo distribuido entre las Comunidades Autónomas, sobre las que no se ha considerado su situación económica.
También el real decreto exprés que proponen los 31 alcaldes de todos los partidos políticos excepto del PSOE, recoge establecer un fondo extraordinario de transporte para hacer frente al descenso de usos por la pandemia y poder prorrogar las inversiones financieramente sostenibles, además de flexibilizar la regla de gasto en 2020 y 2021.
El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, quien ha liderado la reunión por videoconferencia, ha abundado en que este apartado, el número 7 del documento acordado del real decreto exprés "es el que de verdad solucionaría los problemas de los Ayuntamientos y de los vecinos de España".
En rueda de prensa, Azcón ha avanzado que los alcaldes también han acordado acudir al Congreso de los Diputados. La fecha de votación está por decidir, pero sería entre el 10 y el 14 de septiembre porque es el plazo máximo de convalidación.
"Queremos que se nos escuche y todos los alcaldes que puedan el día que se vote la convalidación del real decreto iremos a que se escuche nuestra voz en el Congreso porque hemos pedido diálogo y no hemos tenido respuesta. Diremos de viva voz a la ministra de Hacienda que es injusto el reparto y necesitamos un decreto que solucione los problemas de los vecinos y no los problemas de contabilidad de la ministra. Lo diremos desde la tribuna de invitados".
Ha justificado la petición de que el Gobierno de España apruebe un real decreto exprés que refleje lo que pide la "inmensa mayoría" de alcalde y lo que cerca de 200 diputados nacionales en el Congreso pueden convalidar y que serían los partidos que representan a los alcaldes de la reunión virtual de este martes.
El alcalde de València, Joan Ribó, ha destacado que el acuerdo alcanzado se ha producido "por encima de las diferencias ideológicas" y ha expresado que los ayuntamientos rechazan el acuerdo por "injusto", dado que "vulnera el principio de igualdad entre municipios y ciudadanos, vulnera la autonomía financiera de las entidades locales, y establece una inadmisible exclusión de los ayuntamientos que no disponen de remanente del reparto de los fondos provenientes de los Presupuestos Generales del Estado".
En esta línea, ha explicado que se reclama "un nuevo decreto urgente respecto a los remanentes de tesorería de los ayuntamientos y, por otra parte, plantee las ayudas a los municipios, como han tenido las comunidades autónomas, para hacer frente a todos los gastos que afrontamos los municipios por efecto de la pandemia: el primero de todos, el transporte público, pero también la limpieza, los servicios sociales, la enseñanza".
"Éste es un acuerdo muy importante porque abre el abanico a prácticamente todos los colores del municipalismo español y pone de manifiesto la voluntad, por encima de cualquier ideología política, de buscar soluciones a los graves problemas económicos y de todo tipo a los que nos enfrentamos las ciudades en estos momentos", ha defendido el primer edil de Compromís.
El alcalde de València ha recordado los artículos 140 y 142 de la Constitución Española, que garantizan, respectivamente, la autonomía de los municipios y la necesidad de disponer de medios suficientes para el desempeño de las funciones que les atribuye la ley.
Según ha expresado el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, esta situación, "debe abrir una profunda reflexión en el Gobierno de Sánchez" al argumentar que "si tantos alcaldes de tantas ciudades y partidos se ponen de acuerdo en que la solución de Sánchez es mala para las ciudades es evidente que la ministra de Hacienda debería hacer una reflexión de las soluciones que aporta a los ayuntamientos". "Lo que Sánchez ofrece creo que no son soluciones para nosotros, sino nuevos problemas que nos está creando".
"La conclusión que no puede sacar Sánchez es que nos debe castigar a las ciudades porque haya habido alcaldes que hayan querido defender a sus ciudades antes que otra cosa".
Al respecto, el documento recoge la oposición al acuerdo entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda porque "vulnera" el principio de igualdad entre municipios y ciudadanos, además de la autonomía financiera de las entidades locales. Asimismo, establece una "inadmisible exclusión" de los ayuntamientos que no disponen de remanente del reparto de los fondos provenientes de los Presupuestos Generales del Estado, reza el texto.
"Los criterios acordados para la distribución de esos fondos "no son justos ni solidarios, perjudican gravemente a cientos de miles de habitantes de muchos municipios y crean una inaceptable situación de agravio entre unos municipios y otros".
A esta convocatoria se han sumado alcaldes de todos los partidos menos del PSOE porque aunque se les han invitado han "preferido defender la posición de su partido en lugar de la mayoritaria de los alcaldes de España", ha afeado.
En la videoconferencia han estado los 29 municipios que se han adherido hasta la fecha al manifiesto del pasado 7 de agosto contra el acuerdo de la FEMP y Hacienda (Alicante, Almería, Badajoz, Badalona, Cádiz, Córdoba, Girona, Granada, Lleida, Madrid, Málaga, Marbella, Murcia, Ourense, Oviedo, Palencia, Pamplona, Pontevedra, Pozuelo de Alarcón, Reus, Salamanca, Santander, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona, Telde, Terrassa, Teruel, València y Zaragoza) y otras dos ciudades que han participado como invitadas a la reunión Barcelona y Torrelavega.
Entre estos municipios figuran 24 capitales de provincia y seis de las diez ciudades más grandes de España, que suman una población de más de 11 millones de personas. Los alcaldes participantes pertenecen a 13 formaciones políticas distintas, menos el PSOE.
El encuentro telemático ha dado continuidad al del pasado 7 de agosto, convocado por el alcalde de Zaragoza y del que surge una declaración conjunta rubricada por los regidores de Cádiz, Granada, Lleida, Madrid, Murcia, Pontevedra, Reus, Santa Cruz de Tenerife, València y Zaragoza.