La consellera de Justicia, Gabriela Bravo. Foto: CORTS/INMA CABALLERVALÈNCIA. La resolución del Programa 500 puesto en marcha por la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública que dirige Gabriela Bravo ha ido a peor. Apenas 56 personas que se encuentran opositando actualmente y que tienen menos de 30 años podrán finalmente disfrutar de las becas que tenía previsto conceder la Generalitat para rejuvenecer la administración. Parecía una buena idea, pero se ha topado con una dura realidad.
El Consell del Botànic ideó en el seminario de Castalla-Biar en julio de 2018 el denominado Programa 500, cuyo fin era dispensar ayudas de 500 euros mensuales a aquellos jóvenes que estuvieran preparando oposiciones para el ingreso en los cuerpos y escalas del grupo A de la Administración de la Generalitat. En su primera convocatoria, sin embargo, el número total de becados estuvo muy lejos del objetivo: solo 92 personas lograron resultar beneficiarias de este plan, menos del 20% de las 500 ayudas que preveía conceder el Gobierno valenciano.
Una cifra que, apenas dos meses después, se ha visto reducida de nuevo en 36 personas que no han podido presentar la documentación requerida en las bases para poder cobrar: las facturas de sus preparadores. Tal y como publicó el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) el pasado viernes 3 de enero, varias personas no han aportado la declaración responsable que especifica que se están preparando para estas oposiciones que deben presentar para percibir la beca.
El documento debía ser firmado por el opositor y por aquellas personas que les estuvieran preparando para la convocatoria pública de empleo. En otros casos, la documentación que han presentado para justificar el cobro de la beca no es exactamente la que exigen las bases de la convocatoria.
De esta manera, 444 de las becas previstas se quedarán en la caja de la Generalitat. Es decir, tan solo un 11,2% de estas subvenciones para preparar oposiciones irán destinadas para eso mismo. Fuentes consultadas por este diario explican que si estos preparadores —la mayoría relacionados con el mundo del Derecho y de la Justicia— se niegan a firmar unos justificantes que beneficiarían a sus alumnos es probablemente porque cobran sus clases en negro.
Además de estos 36 que han perdido la beca que les había sido concedida por no poder aportar facturas que justificaran su preparación, otra treintena de personas que mantienen la ayuda verán reducida su ayuda por "no haber justificado en su totalidad el cumplimiento del fin de la subvención del primer periodo", reza la publicación del DOGV del pasado 3 de enero.
Conviene apuntar que estas ayudas concedidas por el Gobierno valenciano pretendían contribuir a sufragar los gastos ocasionados por la preparación de las pruebas selectivas para el acceso a la administración durante todo un año.
Fueron pensadas para servir de aliciente a las personas jóvenes menores de 30 años que en muchas ocasiones pueden ver esta posibilidad como una opción profesional remota o, en el peor de los casos, no pueden siquiera planteársela por su situación económica particular, ya que muchos necesitan compaginar estudios con un empleo a tiempo parcial para costear sus gastos.
No en vano, el informe de los expertos del Consell para reformar la Ley de Función Pública de 2016 arrojaba algunas cifras alarmantes sobre el envejecimiento del sector público: cerca del 40% del personal de la Generalitat, un 39,6%, supera los 54 años mientras que en el otro 45,1% tienen una edad comprendida entre 42 y 53 años. Solo el 15,3% de éste personal, citaba el informe, cuenta con menos de 42 años y únicamente el 0,4% tiene una edad igual o inferior a 29 años.
Con esta radiografía del sector público en el que la Generalitat espera 5.000 jubilaciones en los próximos años, el Programa 500 se convirtió en la medida estrella del departamento de Bravo para tratar de compensar o darle la vuelta a este marco general. El porcentaje de receptores, sin embargo, no invita a la celebración. Menos aún que la propia consellera redujera el presupuesto destinado a esta partida en las cuentas de 2020 tras el fracaso de la primera convocatoria.
