VALÈNCIA. Pocos intuían que el Gobierno valenciano conformado por PP y Vox acordado a las pocas semanas de las elecciones autonómicas de 2023 llegaría roto a la celebración del segundo 9 d'Octubre de la legislatura. Ni siquiera se había cumplido un año de la investidura del popular Carlos Mazón como presidente de la Generalitat cuando el líder de Vox, Santiago Abascal, decidió en julio quebrar los cinco gobiernos autonómicos que conformaba con el PP en España debido a las discrepancias sobre las posiciones migratorias.
De esta manera, el jefe del Consell celebra, por primera vez sin socios, el Día de la Comunitat Valenciana. Una circunstancia que no equivale a disfrutar de libertad absoluta, dado que los votos de Vox todavía son necesarios para cuestiones poco nimias como la aprobación de los presupuestos de 2025, pero que a cambio otorgan a Mazón un mayor espacio de acción y posición para cumplir el sueño dorado de la mayoría absoluta en los siguientes comicios, enterrando así la necesidad de entenderse con Abascal y los suyos o quién sabe si con otros actores más imprevisibles como Alvise Pérez.
Ciertamente, más allá del fastidio aritmético que implica no disponer de la mayoría absoluta, la maniobrabilidad discursiva para el presidente de la Generalitat ha mejorado. No porque el jefe del Consell viviera excesivamente limitado en su alianza con Vox, sino porque ahora disfruta de la potencia de fuego mediática y la visibilidad en exclusiva, sin distorsión alguna. Sin un vicepresidente, como era Vicente Barrera, que pudiera disentir o generar ruido -pese a que la relación Mazón era buena, a veces debía adoptar ese papel-, y con la capacidad de rentabilizar cuestiones como la oposición a las concesiones para Cataluña, defender las señas de identidad valencianas o capitanear las reivindicaciones contra el Gobierno de Pedro Sánchez sin tener que contar con Vox ni dejarle meter la cuchara.
Así, tal y como se explicaba en el análisis del pasado año, Mazón debía navegar en un discurso y posición de autogobierno cuando su socio, Vox, hablaba del estado fallido de las autonomías. Una distorsión que impedía desplegar al presidente de la Generalitat todas las armas del valencianismo al estilo del PP o, al menos, concentrarlas de un modo exclusivo.
En los últimos meses ha podido verse a un Mazón especialmente vehemente en su reacción frente al cupo catalán, ante hechos como la quema de una foto suya por parte del colectivo independentista Arran o pidiendo respeto frente a la pregunta de un periodista tras su reunión con Pedro Sánchez que se refirió a la Comunitat Valenciana como "País Valencià". A todo ello, hay que sumar medidas de fuerte carácter populista, como la entrega del título de valenciano a más de 337.000 personas con carácter retroactivo desde 2009, una iniciativa que a juicio del PP ofrece "un reconocimiento merecido a quienes han demostrado su competencia en valenciano" e "impulsa el estudio" de la lengua "sin imposiciones".
De esta manera, el presidente de la Generalitat pone el acento en cuestiones concretas relacionadas con el orgullo identitario, especialmente si entra en juego la oposición a Cataluña, algo que durante años han funcionado para movilizar al electorado del PP, aplicando la sencilla fórmula de diferenciación con cualquier cosa que huela a independentismo o a nacionalismo valenciano, lo que desemboca en un regionalismo con mirada hacia el norte y hacia el centro de España.
Pero al margen de senyeras ondeantes y la Comunitat Valenciana como nombre oficial a defender, otras cuestiones urgentes relacionadas con el autogobierno deben sufrir una revisión en el 9 d'Octubre. Recientemente, tuvo lugar la primera reunión entre Mazón y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un año y tres meses después de que el líder del PPCV ganara las elecciones y se convirtiera en máximo responsable autonómico. Pese al tono constructivo del jefe del Consell tras la cita y el alto número de propuestas planteadas, el nudo gordiano de la reforma del sistema de financiación y, en su defecto, un fondo de nivelación transitorio hasta que se aborde, amenaza con seguir bloqueado. El presidente de la Generalitat, incluso sorteando las directrices del PP nacional y con no pocas dosis de funambulismo político, ha llegado a reivindicar también la condonación de parte de la deuda.
Una pelota que, por el momento, va a quedar en el tejado de Pedro Sánchez. Si no hay movimiento sobre esta cuestión y, al margen de que se confirmen algunos de los acuerdos esbozados en la reunión de la Moncloa, todo apunta a pocos hitos de sintonía entra ambas administraciones, lo que dará pie a un año incluso más intenso de exigencia y reivindicación del Gobierno valenciano frente al Ejecutivo central.
Unas quejas que, probablemente, rozarán y cruzarán las líneas del victimismo, sea justificado o no, sin que existan demasiadas garantías de obtener frutos más allá del acorralamiento al eterno rival, el PSPV-PSOE, que cuenta como líder del partido con la ministra Diana Morant.
Todo ello amenaza con una Comunitat Valenciana abonada al pataleo con pocas vistas a soluciones reales. Un escenario que, sin duda, se intensificará si el PP no consigue en Les Corts los votos de Vox para aprobar las cuentas, dado que reducirá la capacidad de maniobra en la gestión del Gobierno valenciano y, como solución política comunicativa, obligará al Consell a desviar con mayor ahínco la atención a los incumplimientos del Gobierno central, pese a que pocas cosas parecen más características y evidentes de la capacidad de autogobierno de tener capacidad de aprobar y ejecutar unos presupuestos anuales.