VALÈNCIA (EP). La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte) ha lamentado la "banalización" que asegura que hace la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la profesionalidad en la atención a la dependencia, tras la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la creación de un censo de personas cuidadoras en el entorno familiar con el objetivo de reconocer las competencias profesionales y experiencia adquiridas y otorgarles la posibilidad de obtener una cualificación profesional.
"La clave está en dar prestaciones profesionales para evitar que tantas mujeres tengan que dejar su trabajo para cuidar a un familiar", ha señalado en un comunciado el presidente de Aerte, José María Toro. El objetivo es "el de permitir el acceso a la profesión de auxiliar de clínica, gerocultora, o de servicio de ayuda a domicilio convalidando la experiencia que tuvieran las personas cuidando a un familiar junto con alguna formación complementaria", algo que Aerte ve "contraproducente".
A su juicio, con esta cualificación "se rebaja la calidad exigida del servicio", señala la patronal, que critica que, junto con los sindicatos, llevan "muchos años defendiendo la profesionalización del sector por lo que esto parece un retroceso en la evolución que se ha seguido hasta ahora en el sector".
Así, señala que la orden 17/2016, de 21 de septiembre, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, regula la formación complementaria de los directores y directoras, los requisitos de cualificación profesional y el procedimiento de habilitación excepcional de los profesionales de mayor edad y experiencia, del personal de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia de la Comunitat Valenciana y recoge los requisitos para obtener la cualificación profesional.
"El objetivo era que los requisitos y estándares sobre recursos humanos fueran dirigidos a garantizar la adecuada prestación del servicio, tanto en número de profesionales, como en su formación y actualización para el desempeño del puesto de trabajo, es decir, apostaba por la profesionalización como elemento de garantía de calidad del servicio", añade.
Para ello desde el 1 de enero de 2.106, todas las personas que empezaran a trabajar como auxiliar o gerocultora debían poseer la cualificación profesional, consistente en un título de técnico, de Formación Profesional, en Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales y similares o el Certificado Profesional de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales.
En esta línea, subraya que en la normativa se han producido habilitaciones excepcionales y provisionales en base a la experiencia profesional adquirida pero, para ello, se exigían "ciertos requisitos" como estar dado de alta en la Seguridad Social y contar con contrato laboral de auxiliar de clínica o gerocultora y que el trabajo debería haber estado desempeñado bajo supervisión técnica profesional en un centro o servicio. Los responsables de estos recursos podían evaluar el correcto desempeño de las tareas de estas personas. Sólo se tenía en cuenta el tiempo efectivo de contrato y debía sumar 2.000 horas de ejercicio profesional.
En el caso de las cuidadoras no profesionales, "hasta hace muy poco no tenían la obligación de estar dadas de alta en la Seguridad Social, en muchos casos no existe contrato, no están fijadas las horas de trabajo efectivo en ningún sitio, no han tenido ningún tipo de supervisión ni de evaluación del trabajo que han llevado a cabo".
"El problema surge a la hora de acreditar, entonces, el trabajo realizado y el resultado del mismo", indica la entidad, que considera que la cualificación "se obtendrá con menos requisitos de los que se le hayan pedido al resto de trabajadoras" y cree que "se rebaja la calidad exigida del servicio".
