El presidente de Aerte, José María Toro. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El paso adelante dado por la Conselleria de Igualdad que lidera Mónica Oltra de acometer la primera reversión en una residencia de mayores bajo gestión privada sigue generando reacciones. La vicepresidenta del Ejecutivo fue preguntada este viernes en rueda de prensa tras la información publicada por este medio días atrás, acerca de la hoja de ruta sobre esta recuperación para la gestión pública de la residencia y también sobre la relación entre esta decisión y el terrible impacto del coronavirus en este centro, el gestionado por DomusVi en Alcoy, donde fallecieron 73 ancianos, más de la mitad de los residentes.
Así, Oltra señaló que su departamento se encuentra recopilando toda la información sobre lo que ocurrido en esta residencia para conocer por qué el impacto del coronavirus fue, a su juicio, "tan absolutamente apartado de la media de lo que ha pasado en la red residencial". No obstante, la consellera puntualizó que el centro llevaba arrastrando "incumplimientos del ordenamiento jurídico" y confirmó su intención de reunirse a finales de junio con la citada empresa para abordar la citada reversión.
"Cuando se da una situación tan desquiciada respecto a la situación general hay que averiguar qué ha pasado", subrayó Oltra, recordando además que Fiscalía tiene diligencias civiles abiertas respecto a esta cuestión y que existe una resolución del Ayuntamiento de Alcoy que pide la gestión pública de esa residencia cuyo edificio es de la Generalitat. Además, la vicepresidenta aseguró que el tejido asociativo vinculado al sector de mayores "está de acuerdo en que la gestión sea pública".
Una posición, la que viene manteniendo Oltra y su departamento, con la que no coinciden desde Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte). Su presidente, José María Toro, señala algunas sombras en la decisión de la consellera de lanzarse hacia esta reversión, considerando que se está produciendo, en cierta medida, un "uso político" de la situación de las residencias en relación a la covid-19.
"Parece que hay un intento de asociar algún tipo de gestión concreto al resultado sanitario que han tenido algunos centros. Ha habido situaciones muy graves, en cuanto a número de fallecidos, en centros públicos de gestión directa, en centros de entidades sin ánimo de lucro y en centros gestionados por empresas. No nos consta que se hayan iniciado medidas en otros tipos de gestión y no nos parece un análisis riguroso sino una cuestión, de nuevo, política. Se está utilizando la crisis para introducir ciertas cuestiones, con un transfondo político, sin ninguna relación real con lo que ha ocurrido", explicó Toro a este diario, quien lamentó que esta maniobra de la reversión pudiera dirigirse a "criminalizar" la gestión privada. En esta línea, Toro insistió en la necesidad de un "análisis riguroso y exhaustivo" de lo ocurrido evitando "prejuicios e ideas preconcebidas". "De no ser así, no avanzaremos nada frente a la nueva oleada que pueda producirse", sentenció.
Otro aspecto sobre el que puso el acento el responsable de Aerte para justificar sus dudas sobre el anuncio de reversión de Oltra, fue la línea de trabajo abierta hasta ahora entre administración y empresas. "El grupo de trabajo que se ha creado entre la Conselleria de Sanidad, la de Igualdad y el sector trabaja temas concretos y específicos de mejora y ninguno de ellos, como es comprensible, trata sobre la forma jurídica de la entidad gestora. Allí están las públicas y las privadas, mercantiles y sin ánimo de lucro aportando cuestiones relevantes técnicos y profesionales", relató Toro, para especificar que no se produce ninguna distinción ni separación sobre el tipo de gestión a la hora de trabajar conjuntamente.
En este punto, el responsable Aerte quiso regresar a los primeros momentos de la pandemia, la segunda semana de marzo, cuando "no se advirtió a tiempo a los centros, seguía habiendo Fallas, normalidad absoluta y se apelaba a que esto era parecido a una gripe", algo que, para Toro, contribuyó al "resultado dramático" cuando "el virus dio la cara". "La carga vírica en ese momento era muy elevada y la información disponible muy escasa. No había medios de protección suficientes ni capacidad amplia de hacer pruebas. Ello llevó a una situación de estrés muy importante a los centros y a sus profesionales lo que pudo llevar a improvisar muchas soluciones y a cambiarlas al día siguiente pero no por mala praxis sino por irse adaptando a cada cambio diario", argumentó Toro, destacando que a su juicio esta situación fue general y no exclusiva de ningún tipo de gestión concreta.
Es más, el presidente de Aerte recalcó que la residencia de Alcoy, la que ahora Oltra pretende revertir, fue intervenida por Sanidad el día 18 de marzo -en ese momento había 13 fallecidos y 102 contagiados-, lo que significa que un funcionario público se situó entonces al frente convirtiéndose en "el responsable máximo de la intervención sanitaria desde ese momento". No obstante, en esta línea argumental, Toro recalcó que durante el estado de alarma se hicieron dos inspecciones en todas las residencias de la Comunitat Valenciana sin que a su organización le constara que se evidenciaran "problemas de gran importancia en ellas".
Pasando en concreto a la reversión que ha puesto sobre la mesa Oltra, el máximo responsable de Aerte recalcó que, a su juicio, no observa "un marco legal" para la operación, a menos que la empresa estuviera de acuerdo. "La disposición de la Ley de Acompañamiento del 2019 habla de contratos de gestión integral, y éste no es uno de ellos, habla de diversidad funcional, y éste es un centro de mayores, y habla de cuando se produzca la extinción y a este contrato todavía le quedan muchos años de vigencia", explicó Toro a este diario, quien recalcó además que no ha existido "ningún pronunciamiento por parte de la conselleria de que se quiera revertir las residencias de accesibilidad social, el conocido como modelo Cotino". Un hecho, bajo su punto de vista, "curioso" cuando estos centros tienen "más plazas concertadas con la Administración Pública del Botànic que con los gobiernos anteriores".
Todo un listado de reprobaciones que, no obstante, también incluyó cierta autocrítica, respecto a la gestión de la crisis, admitiendo una necesidad de mejoría respecto a algunas cuestiones referenciadas en el informe realizado sobre Alcoy y publicado por este diario, como por ejemplo la comunicación. "Es cierto que en algunos centros la información facilitada no cubrió la necesidad de las familias y se debe mejorar en ello, pero la carga de trabajo en los centros era muy alta y se priorizó la atención a las personas residentes y no se llegó a todo", recalcó Toro, quien puntualizó, no obstante, que la información de los centros la gestionaba Sanidad, y éstos informaban a Igualdad y a Sanidad todos los días, llegándose también a informar en algunos momentos a la Fiscalía.
