ALICANTE. Dos días antes de las elecciones, la Asociación de Afectados por iDental (Adafi Alicante) ha interpuesto una demanda contra los organismos competentes en materia de sanidad y consumo "por la inacción y omisión de responsabilidades en el caso de las clínicas iDental" y han solicitado una investigación paralela a la existente en la Audiencia Nacional, para esclarecer quiénes eran los responsables de salvaguardar la salud y derechos de los ciudadanos y pacientes de estas clínicas dentales, así como el motivo por el que Conselleria de Sanitat no intervino, ni realizó ninguna inspección sanitaria, "habiendo numerosas reclamaciones y denuncias de pacientes, años antes del cierre de las clínicas", inciden.
Entienden que existe una inhibición de responsabilidades y la infracción de la normativa sanitaria en cuanto a la concesión de autorizaciones de centros, servicios y establecimientos sanitarios y garantía de calidad y seguridad en la atención sanitaria de ámbito privado a la ciudadanía. Relatan que a día de hoy se desconoce en qué condiciones el Ayuntamiento de Alicante y Elche concedieron el permiso de apertura a estas clínicas y qué autorización y “licencia de funcionamiento y actividad” concedió la Conselleria de Sanitat (laboratorio protésico, atención al paciente, operaciones quirúrgicas en gabinetes abiertos con paneles de plástico, pruebas radiológicas).
Se denuncia que las instituciones alicantinas "no han sido capaces de establecer una mesa de trabajo entre las Conselleria, colegios profesionales del sector y plataformas de afectados". Apuntan que no han creado un protocolo de actuación efectivo y alcanzable; no han destinado dotación presupuestaria, ni ayudas de emergencia para atender a los casos más graves y urgentes; no se han reunido con las entidades financieras que estaban incumpliendo la ley de “créditos vinculados al consumo”, como sí se ha hecho en otras comunidades. Actuaciones, todas ellas, amparadas por el art. 43 de la Constitución Española que reconoce el derecho a la protección de la salud, y establece la competencia de los poderes públicos para organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones que fueran necesarias. Además, destacan que la Conselleria de Sanidad mantiene un periodo de 6 meses para entregar al paciente que lo solicita su historial clínico y se reciben incompletos y sin las pruebas radiológicas imprescindibles para iniciar un proceso judicial o para continuar su tratamiento en otra clínica.
Es por estos motivos, según indican Francisco Camacho y Guadalupe Reig, por lo que “los afectados nos hemos tenido que organizar” para ayudar e informar a los damnificados que a diario contactan con la asociación, que presentan graves problemas derivados de la interrupción de sus tratamientos, intervenciones quirúrgicas fallidas, rotura de piezas y de prótesis, infecciones continuas y un largo etcétera. Desde la asociación se advierte del elevado deterioro emocional y psicológico del colectivo de afectados, con un gran número de personas con diagnósticos de depresión y ansiedad al verse tan limitada su vida social y laboral; tal como apunta Francisco Camacho, “nadie contrata a una persona con tornillos en la boca en lugar de dientes, y si no encuentran un trabajo ¿cómo van a pagar un nuevo tratamiento dental al coste tan abusivo del mercado?”.
En la denuncia presentada ante la Fiscalía Provincial de Alicante, a la que hemos tenido acceso, se mencionan a más de una veintena de cargos públicos relacionados con Sanidad, Consumo y Administración local, entre los que cabe destacar al alcalde de Alicante, D. José Luis Barcala Sierra, al alcalde de Elche D. Carlos González Serna, a la concejala de Salud Dña. Marisa Gayo Madera, la directora territorial de Sanidad de Alicante Dña. Encarna Llinares Cuesta, la Consejera de Sanidad Universal y Salud Pública Dña. Ana Barceló Chico, a la directora de Alta Inspección Sanitaria Dña. María Victoria Garrido Manzano e incluso a la Ministra de Sanidad, Dña. María Luisa Carcedo Robles.
