A juicio una exdirectora general por pasar las respuestas de la oposición a una amiga

VALÈNCIA. La Audiencia de Valencia ha fijado para el próximo 11 de marzo el juicio a la exdirectora general de Función Pública de la Generalitat Ana Brugger y a la actual asesora de Vox en Les Corts Valencianes María Gonzálbez por tratar de que la segunda aprobara de forma irregular un examen de oposición. Los hechos que ahora se declara competente para juzgar la Audiencia proceden de una investigación llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción número 19 por un presunto delito de falsificación documentos públicos. Los magistrados aceptan también las pruebas propuestas por la Fiscalía, la acusación –ejercida por el sindicato CGT– y las defensas. 

Según el relato de lo acontecido, el día 10 de marzo de 2018 se celebró en las aulas de la Universitat de València el segundo ejercicio de las oposiciones para ingresar en el Cuerpo Superior de la Administración General de la Generalitat, grupo A1. La vigilancia de los aspirantes estuvo a cargo de funcionarios designados por la dirección general de Función Pública. Entre ellas, Ana Brugger, quien estuvo al frente de este departamento en la etapa del PP. De acuerdo con CGT, "voluntariamente y previa concertación con la otra acusada, había solicitado dicha designación, abusando de la confianza" por haber sido alto cargo de la Administración autonómica. Lo hizo, señala el sindicato en su escrito de acusación, "con el pretexto de que ésta se sintiera más tranquila, cuando en realidad sus intenciones eran fraudulentas". 

Ya en el aula, señalan, Ana Brugger "ubicó a su amiga María Gonzálbez en una esquina cerca del final con el propósito de tenerla cerca para más tarde entregarle los folios con las respuestas de la prueba". Así lo hizo, de acuerdo con este relato, escribiendo en las hojas oficiales uno de los temas a desarrollar del examen que copiaba desde su teléfono móvil. Otra vigilante, al percatarse de lo acontecido, le preguntó por lo que hacía. Tras responderle con una excusa poco convincente, avisó a la tercera compañera para permanecer atentas.

"Posteriormente, la acusada, siguiendo su plan, se dirigió al sitio donde se encontraba su amiga y le dio los folios oficiales escritos por ella", indica el escrito del sindicato. Las otras dos vigilantes, al darse cuenta, solicitaron las hojas a la opositora, quien se puso "muy nerviosa" y trató de "ocultarlas con el brazo". Tras requisárselas, una de ellas acudió al aula de incidencias a consultar con su superior. Momento en el que apareció Ana Brugger y les comentó, de acuerdo con CGT, "que lo que había hecho era una tontería y no lo volvería a hacer más".

Las vigilantes decidieron dejar terminar el examen a María Gonzálbez y, pocos días más tarde, redactaron una denuncia de lo ocurrido para anexarla al acta del día de la prueba. Posteriormente, acudieron al despacho de la presidenta del tribunal para denunciar igualmente los hechos y se abrió el correspondiente expediente disciplinario.

La Fiscalía pide la inhabilitación para ambas

El sindicato, que llevó lo sucedido a la Fiscalía, pide seis años de prisión para la exdirectora general de la Generalitat y tres para la asesora en Les Corts por un delito de falsedad documental. Es debido a esta alta solicitud de penas por lo que ambas serán juzgadas por la Audiencia Provincial. 

La Fiscalía, en este caso, únicamente pide inhabilitación. En su escrito de acusación, indica que los hechos constituyen un delito de actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de abusos en el ejercicio de su función. De ellos, señala el fiscal, responde de forma directa Ana Brugger y como cooperadora necesaria María Gonzálbez. Pide, por ello, tres años de inhabilitación para la primera en el ejercicio de su cargo público y una multa de 20.000 euros; y un año de inhabilitación y una multa de 10.000 euros para la segunda. 

En el auto de apertura de juicio oral, el juez de instrucción determinó que no era preciso abrir una pieza de responsabilidad civil puesto que todavía no se han determinado de forma concreta las posibles responsabilidades de las acusadas ni existe una resolución firme al respecto.