Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. El Consell aprobó el pasado mes de diciembre el Plan Normativo Anual de 2021, donde se fijaron el objetivo de sacar adelante un total de 32 proyectos legislativos y 240 proyectos de reglamento. Entre ellos, como ya viene siendo tradición, aparece la Ley de Sector Público Instrumental de la Generalitat. Una norma que el Consell lleva prometiendo desde la pasada legislatura ante la necesidad de poner orden en el caótico panorama de empresas, fundaciones y consorcios de la Generalitat. No obstante, cinco años después, continúa siendo una asignatura pendiente.
La ley incluida en los compromisos del primer seminari del Consell celebrado en Morella fue anunciada en enero de 2016 por primera vez, apenas seis meses después de que Ximo Puig alcanzara la Presidencia de la Generalitat después de 20 años de gobiernos del PPCV. En una sesión de control a raíz de una pregunta de Compromís, el jefe del Ejecutivo aseguró que el Gobierno valenciano aprobaría una ley de Sector Público para "garantizar su decencia", controlar los contratos de servicios y personal, y evitar facturas en los cajones. En definitiva, racionalizar la estructura y evitar los excesos del pasado.
Para ello, uno de los ejes básicos de esta norma que Puig calificó como "una moción de censura en diferido a un gobierno que ya no está" sería la introducción de mecanismos de transparencia y control público para las empresas que se acordara mantener. Desde la Conselleria de Hacienda sostuvieron entonces que sólo permanecerían las que resultaran "absolutamente necesarias" y, por tanto, al menos ocho de las empresas como Ciegsa o Sociedad Proyectos Temáticos y funciones que sobrevivieron a la reestructuración que realizó el anterior Consell caerían en la futura ronda de ajustes. Cinco años después, estas entidades aún siguen operativas.
Un trimestre después del anuncio, el jefe del Consell y el conseller de Hacienda, Vicent Soler, revelaron que la Generalitat Valenciana aplicaría una "normativa de transición" hasta que se validara la Ley del Sector Público en la que trabajaba el Gobierno. Ambos confiaron entonces en que la norma estaría lista antes de finalizar el año. Esta solución provisional introduciría mejoras en los procesos de contratación.
Antes de las vacaciones estivales de aquel ejercicio y de nuevo a raíz de una pregunta de sus socios en el Gobierno, el president volvió a hacer referencia a la ley al asegurar que se equiparían los mecanismos de control de las fundaciones al resto de entidades que integraban el sector público valenciano. Asimismo, garantizó que cuando se aprobara la ley la creación de una fundación exigiría la presentación de un estudio económico financiero y se crearía una comisión que elaboraría una propuesta sobre la negociación colectiva: "Se han acabado los chiringuitos donde cada uno se ponía el sueldo que quería", manifestó en aquel momento.
En septiembre de 2016, de nuevo se advirtió de la creación de esta ley. Pero esta vez en Alicante. Desde entonces no volvieron a hacerse más proclamas hasta julio de 2018, cuando el exdirector general de Sector Público Juan Ángel Poyatos explicó en una entrevista en Valencia Plaza que el Consell quería tener el borrador de la normativa antes de finalizar el verano. Es decir, dos años y medio después de plasmarse como uno de los compromisos del Gobierno del Botánico en un seminario todavía no estaba cerrado el borrador de esta norma, la primera fase de cualquier ley antes siquiera de validarse el anteproyecto.
Finalmente, terminó la legislatura el 5 de marzo de 2019 sin que ningún texto legal pasara por un pleno del Consell. El departamento gestionado por Vicent Soler tan solo tramitó en el mandato anterior fuera de las leyes de Presupuestos y Acompañamiento, la ley del Juego de la Comunitat Valenciana. Sin embargo, ésta decayó y no llegó a validarse en el Parlamento valenciano por el adelanto electoral.
Con el nuevo mandato del Botànic, Hacienda se fijó entre sus objetivos de 2020 la validación de esta ley. Pero tampoco en ese ejercicio lo consiguió, y ahora, con 2021 por delante, quiere volver a intentarlo. O al menos, eso se ha querido plasmar en el Plan Normativo.
Sin embargo, es una incógnita si realmente lo hará o no, pues hace apenas dos meses, la secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación, María José Mira, confirmó en una comparecencia en Les Corts lo que desde años es ya una evidencia: que la Ley del Sector Público Instrumental de la Generalitat anunciada en enero de 2016 por el primer Ejecutivo del Botànic no es una prioridad para la cartera que dirige Soler. "El texto de la ley está hecho, existe, se ha dialogado con los agentes sociales y por motivos ajenos a mis competencias, otras leyes han sido prioritarias..." expuso. Con esto, habrá que ver si ahora lo es.
La ley es especialmente importante porque afectará a la empresa pública que pretende crear Economía para rescatar la gestión de las ITV, la entidad pública para revertir las concesiones sanitarias, la Agencia de Cambio Climático, la empresa pública derivada de la reestructuración de Feria Valencia o la empresa pública de energía que quiere impulsar Podem.
