CASTELLÓ. La castellonense Becsa es la empresa mejor valorada de las dos presentadas al concurso público del Ayuntamiento de Almassora para las labores de asfaltado de la vía pública durante dos años. El contrato, que tiene posibilidad de prórroga, tiene un precio de licitación de 150.000 euros anuales. Tras la propuesta de adjudicación realizada por el consistorio, la firma tendrá que presentar la documentación requerida para formalizar el acuerdo.
El contrato de conservación de pavimentos asfálticos incluye todas las vías públicas de la población, tanto urbanas como industriales y rurales, así como zonas de aparcamiento y zonas de uso público de propiedad municipal. Los trabajos comprenden también la pintura vial en las zonas a asfaltar, la elevación de trapas e imbornales en las zonas de actuación, la sustitución de bordillos y aceras relacionados con las actuaciones de asfaltado.
Tal como fija el pliego de condiciones, la empresa tendrá que realizar una actuación de bacheo en las condiciones y periodos acordados y anualmente pactará con el consistorio el asfaltado de una zona extensa, dependiendo del importe previsto y no utilizado hasta el momento. No obstante, en caso de evidente necesidad por el estado de las vías, el personal de la empresa adjudicataria tendrá que solucionar cualquier estado inadecuado de las condiciones de seguridad de las zonas objeto del contrato para evitar accidentes.
De hecho, entre los requisitos que establece el Ayuntamiento figura que la empresa ganadora del concurso público designe a un coordinador en su plantilla para prestar atención 24 horas ante emergencias “con capacidad para actuación inmediata en dichas circunstancias”. El resto de las obligaciones de este técnico incluyen la distribución y supervisión del trabajo del personal, su actuación como interlocutor de la empresa con el consistorio y el control del cumplimiento de las normas laborales de la empresa. Por último, ésta deberá presentar un informe después de cada actuación.
El pliego de cláusulas administrativas contempla también un régimen de faltas y sanciones aplicables de carácter leve y grave. Incluye: faltas de aseo y decoro personal de los empleados, falta de uniforme reglamentario, desconsideraciones hacia público o empleados municipales, retraso en la realización del trabajo, retraso en la entrega de la documentación, tardar más de tres días en responder (que no solucionar) una incidencia del programa y la ocupación del personal contratado en tareas distintas a la prestación del servicio, entre otras.
En este sentido, el incumplimiento de las obligaciones enumeradas en el pliego dará lugar a la imposición de las correspondientes sanciones en función de su carácter: las leves llevarán aparejadas multas de 60 a 300 euros; las graves, de 300 a 1.000 euros, y las muy graves, de 1.000 euros a la rescisión contractual por infracción.
