También se han vacunado ya la cúpula militar, sindicalistas liberados, un obispo, un fiscal, informáticos y la madre de una directora médica
MADRID (EP). La polémica con la vacunación de personas que no se encuentran en el primer grupo establecido en el protocolo nacional se está extendiendo a cada vez más sectores, y ya alcanza a al menos 700 ciudadanos, de los cuales la mayoría son políticos, altos cargos, sindicalistas liberados, cúpula militar o informáticos, entre otros. De estos cargos públicos, tan sólo nueve han decidido dimitir y uno de ellos ha sido cesado, por lo que en total diez personas han dejado su cargo por vacunarse cuando no les correspondía.
Una de las dimisiones más sonadas fue la del ya antiguo Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el general Miguel Ángel Villarroya, que presentó su renuncia tras este debate sobre la vacunación en el seno de la cúpula militar. Esta dimisión se produjo unas horas después de conocerse que había cesado también a un alto cargo de la Guardia Civil por este mismo motivo.
También anunciaron su dimisión los ya exconsejeros de Sanidad de Murcia y de Ceuta después de que se conociera que habían recibido la primera dosis de la vacuna a pesar de no pertenecer al primer grupo de vacunación que establece la estrategia nacional de vacunación.
Asimismo, la alcaldesa de Molina de Segura (Murcia), Esther Clavero (PSOE), comunicaba este mismo martes su dimisión como primera edil por recibir la vacuna, el mismo camino que siguió la coordinadora de Izquierda Unida en la ciudad de Murcia, Alicia Martínez, y la teniente de alcalde de Denia (Alicante), Cristina Morera (PSOE).
Por otro lado, se ha conocido que el fiscal jefe de Castellón, José Luis Cuesta, también ha presentado su denuncia por recibir la vacuna contra la Covid-19 antes de que fuera su turno.
Del mismo modo, han presentado su renuncia el Comisionado del Departamento de Salud de Torrevieja (Alicante), José Antonio García Gómez, por administrarse esa vacuna antes de tiempo, al igual que la gerenta del Sepad en Badajoz, Montserrat Rincón.
En las últimas fechas se ha conocido que incluso la madre de la directora médica de Atención Primaria de Cantabria, Beatriz Josa, fue vacunada contra la Covid-19 hace dos semanas, cuando la campaña de vacunación se dirigía a personal sanitario del servicio de emergencias del 061.
Asimismo, el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha recibido ya incluso hasta la segunda dosis de la vacuna en una residencia donde residen sacerdotes mayores y jubilados de la diócesis.
Otra de las polémicas ha surgido en Asturias después de trascender que el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) había decidido vacunar contra la COVID-19 a personal directivo y a liberados sindicales incluyéndolos en el grupo de sanitarios de primera línea.
Estas personas se suman a una lista en la que también se encuentran 200 trabajadores, del área sanitaria de Pontevedra, el director médico del Hospital de Andújar (Córdoba), varios directivos de una empresa de ambulancias, el responsable de una empresa gestora de residencias en Vizcaya y los directores y otros trabajadores no esenciales del Hospital de Basurto.
Además, el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, había cifrado en 200 las personas que ya se habrían vacunado en la región valenciana pese a no ser del primer grupo de vacunación. Por su parte, en la Región de Murcia, además del consejero de Sanidad, que ya dimitió, al parecer se habrían vacunado más de 400 altos cargos y funcionarios de esta Consejería, algo que ha provocado la confrontación entre el Gobierno y la oposición, que pide, al igual que la Fiscalía, conocer la lista de estas personas que ya se han vacunado.
Esta polémica surgió a raíz de varios cargos políticos que decidieron administrarse la vacuna, y, en la actualidad, el número conocido de políticos que ya se han inyectado la primera dosis supera la treintena, y tan sólo cinco han decidido dejar su cargo.
Así, la lista de políticos que se han vacunado ya la conforman el consejero de Sanidad de Murcia; su homólogo en Ceuta; la consejera de Sanidad del Cabildo de La Palma; el alcalde de Asín (Zaragoza); la alcaldesa de Els Poblets (Alicante); el alcalde de Villahermosa del Río (Castellón); el alcalde de Rafelbunyol (Valencia); el concejal de Sanidad de Orihuela (Alicante) y el alcalde de La Nucía (Alicante).
A estos les siguen el concejal de Sanidad de La Nucía (Alicante); la alcadesa de Molina del Segura (Murcia); la alcaldesa de Torrecampo (Córdoba); la coordinadora de IU en la ciudad de Murcia; el alcalde de Matamala (Soria); dos concejales en La Palma; un concejal en Garachico (Canarias); el alcalde de Castejón de Sos (Huesca) y el alcalde de El Verger (Alicante).
También lo han hecho el alcalde de Valdelosa (Salamnca); la teniente de alcalde de Denia (Alicante); la alcaldesa de Tossa (Gerona); alcalde de Alcaracejos (Córdoba); el alcalde de El Guijo (Córdoba); la concejala de Salud de Bonares (Huelva); una concejal en Murcia; el alcalde y un concejal de Riudoms (Tarragona); un concejal en Plasencia (Cáceres); el alcalde de Villavicencio de los Caballeros (Valladolid) y el primer edil de Luesia (Zaragoza).
Esta polémica ha provocado también que el PP en Extremadura haya acusado a la Junta de esta región de cambiar el protocolo de vacunación para dar "cobertura" a los directivos del SES y del Sepad y a los alcaldes socialistas vacunados de forma "irregular".
Asimismo, en la Comunidad Valenciana y Castilla y León se ha abierto el debate sobre si se debería administrar la segunda de la dosis de la vacuna a las personas que se han saltado el orden de vacunación. En este punto, la Junta de Castilla y León ya ha anunciado que no inyectará esa segunda dosis necesaria para recibir la inmunidad.
