CASTELLÓ. (EFE). La Comunitat Valenciana comenzó en 2015 el desarrollo del sistema público de Servicios Sociales, ya que hasta esa fecha el "deterioro", la "nula relevancia" y la "ausencia de evolución y mejora" eran las "constantes registradas año tras año".
Así se pone de manifiesto en la radiografía anual de la situación y el desarrollo de los servicios sociales en España y por comunidades autónomas en función del gasto, los derechos reconocidos y las coberturas de cada territorio realizada por la Asociación de Directoras y Gerentes de los Servicios Sociales.
Según la radiografía, la valenciana es la autonomía española que registra "una evolución más positiva desde 2015, que se constata en todas sus dimensiones" y ha dado "pasos cruciales" como la aprobación de su nueva Ley que reconoce derechos subjetivos y una planificación estratégica.
El documento destaca el "esfuerzo sostenido" en la legislatura que acaba de finalizar en la Comunitat Valenciana y que, afirma, "augura aún mejores resultados en los próximos años como resultado de este impulso".
En los últimos años "mejoran sensiblemente" los tres indicadores que expresan la relevancia económica de los servicios sociales en la Comunitat, aunque todos ellos, señala la radiografía, siguen "por debajo de la media estatal, sin bien acortando distancias".
Así, el gasto por habitante y año ha pasado de 204,23 euros en 2014 a 303,85 euros en 2018 (cuando la media estatal es de 381,25 euros), lo que supone un incremento del 48,8 %.
Respecto al porcentaje que supone la inversión de las Administraciones Públicas en servicios sociales sobre el PIB regional, es de 1,383 % en 2018 (la media nacional de 1,525 %), y sobre su presupuesto total de 8,02 % (media estatal de 9,36 %).
La radiografía indica que la Comunitat mejora la media estatal en relación a la cobertura efectiva de prestaciones y servicios y sus estructuras básicas de servicios sociales a nivel local, con un profesional por cada 1.963 habitantes, mejora ampliamente la media estatal, de uno por cada 2.348.
También la tasa de desatención en la dependencia registra una evolución positiva extraordinariamente destacada", y mientras en 2011 era del 40,56 %, en 2018 se situó en 12,6 %, "muy por debajo" dela media estatal, que es del 19,2 %.
La intensidad de servicio de ayuda a domicilio para personas mayores, con una media de 32 horas mensuales, también superan "ampliamente" la media estatal de 18,89 horas.
Además, el 70,1 % de acogimientos de menores en la Comunitat se llevan a cabo en familias, mientras que en el conjunto de España solo un 55,96 por ciento.
Sin embargo, el resto de indicadores de cobertura aún se sitúan por debajo de la media, como la cobertura de atención a la dependencia, que sigue siendo baja y alcanza solo al 6,5 % de la población potencialmente dependiente, frente al 10,7 % de media estatal.
También las Rentas Mínimas de Inserción, en 2017 solo alcanzaban al 4,3 % de la población bajo el umbral de la pobreza, frente al 8 % de media estatal; y en servicios para personas mayores, la Comunitat es "deficitaria" en plazas residenciales de financiación pública (1,41 % frente a 2,47 %).
También es deficitaria en plazas en centros de día (0,83 % frente a 1,09 %) y de teleasistencia (6,25 % frente a 9,29 %), y está por debajo de la media nacional en plazas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género (7,1 plazas por cada 100 mujeres frente a 9,91 de la media estatal).
La radiografía considera "imprescindible" que en la nueva legislatura la Comunitat continúe desarrollando su sistema Público de Servicios Sociales, "perseverando en el cambio de rumbo iniciado" y su primer reto, una vez aprobada la ley, es "elaborar el Catálogo que concrete los derechos que en ella se reconocen".
También insta a la Generalitat a continuar el esfuerzo inversor en servicios sociales, para situarse en la media estatal, lo que supondría incrementar en un 25 % sus presupuestos actuales, unos 383 millones de euros más cada año entre el Consell y las Entidades Locales.
Este aumento presupuestario debería destinarse a avanzar en la aplicación de la Ley de la Dependencia y en incrementar la extensión y cuantía de las Rentas Mínimas de Inserción, los servicios de apoyo domiciliario, los servicios residenciales diurnos y las plazas de acogida a víctimas de violencia de género, entre otros
