Anticorrupción acusa a José Corbín, cuñado de Rita Barberá, de cobrar 4 millones en mordidas

VALÈNCIA. El abogado José María Corbin, cuñado de la fallecida exalcaldesa de València Rita Barberá, y su socio de despacho Diego Elum fueron detenidos este martes dentro del marco de la operación Azud, un nuevo caso de presunta corrupción en el Ayuntamiento de València en la etapa en que estuvo gobernado por la alcaldesa del Partido Popular.

Corbin y Elum están acusados de haber cobrado hasta 4 millones de euros procedentes de presuntas mordidas procedentes de contratistas del consistorio valenciano, según fuentes conocedoras del caso.

Tras dos años de intensa investigación, agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) comandados por la magistrada del Juzgado de Instrucción número 13 de València Pepa Tarodo y por el fiscal Anticorrupción Pablo Ponce detuvieron en València a Corbin y a Elum. La causa permanece secreta. 

Además de los dos detenidos, los policías también mantienen a otras diez personas como investigadas. Entre esas diez personas están las tres hijas de Corbín y su mujer Asunción Barberá, hermana de la exalcaldesa y su jefa de gabinete en el Ayuntamiento de València. Una de las hijas es la abogada Rita Corbín Barberá, que en los últimos meses ha sonado como integrante de la lista electoral de Vox al Ayuntamiento de València. Tanto ella como su padre se afiliaron hace meses al partido que lidera Santiago Abascal.

Durante toda la jornada del martes, los agentes estuvieron realizando registros, tanto domiciliarios como en despachos y empresas. En el registro del despacho de los letrados estuvo presente la decana del Colegio de Abogados de Valencia, Auxiliadora Borja, tal como establece el artículo 32 del Estatuto General de la Abogacía. 

Fuentes de la investigación explicaron a Valencia Plaza que varias de las empresas bajo la lupa de los investigadores están entre las que aparecían en la lista de donantes del PP de Barberá en el año 2007 y que están investigadas en el caso Taula.

Precisamente, José María Corbin interviene desde hace más de tres años en el caso Taula como letrado defensor de Mari Carmen García-Fuster, la exsecretaria del grupo municpal del PP en el Ayuntamiento de València y principal acusada, junto con el exvicealcalde Alfonso Grau, de la presunta financiación irregular del PP de Rita Barberá.

'Operación Azud'

La operación de la UCO ha sido bautizada como operación Azud, palabra de origen árabe que significa "presa pequeña en un río", que se usa para facilitar el desvío de parte del caudal para riego y otros usos. Una forma muy sutil de llamar a las mordidas que presuntamente Corbin y su socio cobraron de diferentes adjudicatarias del consistorio valenciano.

Las mordidas, según los investigadores, no se centraban solo en temas inmobiliarios sino que se ‘recaudaban’ de forma transversal en diferentes departamentos y concejalías. Sin embargo, sí llama la atención que la UCO cree que ambos detenidos cobraron mordidas procedentes de recalificaciones y reclasificaciones de suelo municipal. De hecho, no solo habrían cobrado con dinero en efectivo sino que también en ‘especias’, es decir, con pisos. 

Unos pisos que a veces habrían recibido gratis y otras a precios mucho más bajos de su valor real de mercado y con los que habrían hecho negocio. Para tratar de esconder la procedencia del dinero negro, los detenidos hincharon presuntamente la facturación a las empresas investigadas a través de su despacho de abogados. Por el momento, ambos están acusados de cohecho, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

Los pases a disposición judicial están previstos para cuando la Guardia Civil termine todos los registros, por lo que no se descarta que se hagan este miércoles. El resto de investigados deberán declarar antes en la Comandancia de la Guardia Civil, al igual que ocurrió con los investigados pero no detenidos de los casos Taula o Erial.

La magistrada, además de las detenciones, también firmó el embargo de varias propiedades a nombre de Corbin y Elum. Entre esas propiedades embargadas destaca el chalet que la familia Barberá posee en Xàbia y que tantas veces utilizó la difunta exalcaldesa de València.