Aplazan a septiembre el juicio por los negocios inmobiliarios de la CAM en el Caribe

ALICANTE (EFE). La Audiencia Nacional ha suspendido hasta el 17 de septiembre la vista por los negocios inmobiliarios de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y Valfensal en el Caribe, causa que desde este lunes se dirige sólo contra el ex director general Roberto López Abad y el exdirectivo Daniel Gil.

En la sesión de este lunes, la sección primera de la sala de lo Penal ha absuelto a la media docena de integrantes del órgano de control de la CAM, después de que la Fiscalía Anticorrupción haya modificado sus conclusiones provisionales una vez ratificado el acuerdo de conformidad alcanzado con los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó, administradores de Valfensal. Según el pacto, al que se ha adherido el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), ambos aceptan seis meses de prisión por administración desleal y otros 18 meses por la comisión de tres delitos fiscales por importe de 6,5 millones, condenas muy inferiores a los 22 años que inicialmente solicitaba el Ministerio Público.

Además, con el objetivo de reparar el daño causado, los empresarios han abonado 12,5 millones de euros equivalentes al total no asegurado por la póliza de responsabilidad de los altos cargos de la CAM, al FGD, representado por el abogado Carlos Gómez-Jara y al que resarcirán de forma adicional con las costas del proceso.

Es la primera vez que el fondo, que asumió las pérdidas de la extinta caja a través de una inyección de capital público de 5.249 millones de euros antes de su venta al Sabadell, recibe una indemnización en vía penal. De igual modo, la fiscal Belén Dorremochea ha retirado su acusación al ex director económico de Valfensal Francisco Climent, que se enfrentaba a 12 años de prisión como presunto cooperador de los delitos fiscales.

La adhesión del Fondo al nuevo escrito de Anticorrupción ha supuesto el sobreseimiento automático de la causa respecto al ex director general de TIP Vicente Sánchez, al exdirector de la división internacional y negocio hotelero César Véliz, y a los miembros de la comisión de control de la CAM (Juan Ramón Avilés, Remedios Ramón, Asunción Martínez, Francisco Grau), a quienes sólo acusaba el organismo.

En su turno de palabra, el abogado de López Abad ha cargado contra las conformidades de Ferri y Baldó ya que "se dan en una situación a la que se ha llegado por otros delitos", en alusión al fraude fiscal, "y no porque los hechos en sí sean ciertos". Acto seguido, la presidenta del tribunal, Concepción Espejel, ha suspendido la vista a fin de reorganizar el procedimiento, en el que también se mantiene la aseguradora Caser como responsable civil subsidiaria.

La causa parte de la querella que interpuso en 2012 el FGD, que sostiene que "con el conocimiento y consentimiento de López Abad y Gil, se desviaron fondos en beneficio de Ferri y Baldó, sus socios de Valfensal, gracias a una política de opacidad y falta de transparencia que generó en una provisión de 28 millones de euros". El fondo denuncia que los órganos de control tanto de la caja como de TIP "infringieron sus deberes" al avalar tales operaciones, gracias a las cuales los empresarios "se beneficiaron" de importes millonarios transferidos desde Valfensal "a cuentas en Andorra de sociedades radicadas en paraísos fiscales".

Irregularidades que contrastan con el estado "crítico" en el que se encontraba la CAM entre 2009 y 2010, cuando "por instrucción expresa" de López Abad y Gil se llegaron a refinanciar tales inversiones.

La de Valfensal es la tercera pieza de la que se pronuncia la Audiencia Nacional, que en octubre de 2017 condenó a López Abad, su sucesora María Dolores Amorós y otros dos antiguos miembros de la cúpula de la CAM a tres años de cárcel por "distorsionar" los estados contables entre 2010 y su intervención en 2011. Casi un año después, suspendía el juicio por las preferentes de la entidad tras la retirada de las acusaciones particulares. Al margen de ambas, la Audiencia Provincial de Alicante condenó el pasado noviembre a López Abad a dos años y medio de prisión por el cobro irregular de dietas del expresidente Modesto Crespo