La consellera de Sanidad, Ana Barceló, en una rueda de prensa. Foto: EFE VALÈNCIA. El pasado 9 de julio, la Conselleria de Sanidad liderada por Ana Barceló solicitaba, tras la reunión de la Mesa Interdepartamental contra la covid, la autorización del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para implantar el toque de queda en una serie de municipios en los que el virus corría el peligro de extenderse.
Una decisión basada en un informe firmado tres días antes por la subdirectora de Epidemiología, Vigilancia de la Salud y Sanidad Ambiental, Herme Vanaclocha, en el que se exponía con rigor la situación y se especificaba la situación de las localidades para las que se pedía esta restricción.
No obstante, ese informe, ni tampoco los siguientes elaborados desde el citado departamento para las sucesivas prórrogas -con sus respectivas ampliaciones o reducciones- fueron hechos públicos ni su detalle facilitado pese a las reiteradas peticiones de este diario al tratarse de la suspensión de un derecho fundamental.
Castellón Plaza ha tenido acceso a los dos informes que propiciaron la implantación del primer toque de queda a 32 municipios el 12 de julio tras la luz verde del TSJCV y del segundo el 22 de julio, que afectó a 77 localidades.
Los criterios seguidos -bajo los parámetros del documento de la Ponencia de Alertas del ministerio- se enmarcan dentro del ingreso de los municipios de más de 5.000 habitantes en el nivel de alerta 4. El toque de queda se aplicó cuando de los siete criterios marcados -la consellera de Sanidad, Ana Barceló, sí los recordó públicamente- la localidad afectada superaba en tres de ellos el citado nivel 4 o cuando se presentaba una incidencia disparada -generalmente 500 o 600 casos- por cada 100.000 habitantes a 14 días (incidencia acumulada).
Estos principales indicadores seleccionados son la ya conocida incidencia acumulada a 14 días de la población general y, en concreto, de los iguales o mayores a 65 años por ser más vulnerables. Además, el llamado Incremento Diagnóstico (ID), que se refiere al ascenso porcentual de los casos diagnosticados en los últimos 7 días respecto a la media de las dos semanas anteriores. El Porcentaje de Trazabilidad, que mide los contactos mantenidos con un caso; la Tasa de Positividad, que refleja los contagios respecto al número de pruebas realizadas en los últimos 7 días; el número reproductivo básico instantáneo, estimación del número de contagios que causa un infectado; y el indicador de exceso de casos en los últimos 7 días respecto al esperado riesgo de, en este caso, la Comunitat Valenciana.
En base a estas premisas, así quedó la tabla incluida en el informe con los 32 municipios a los que se les impuso el toque de queda a principios de julio:
Los citados parámetros explican que se produjeran algunas situaciones sorprendentes, como que San Vicente del Raspeig fuera el único municipio alicantino que sufrió inicialmente el toque de queda, pese a que su incidencia acumulada a 14 días estaba muy por debajo de otras ciudades e incluso no superaba el "riesgo extremo" fijado en 250 casos. Sin embargo, esta localidad sí superaba la 'línea roja' en otros tres de los criterios fijados.
De la misma manera, algunas otras localidades quedaron fuera del toque de queda pese a tener una incidencia similar a la de otras, si bien se entiende que no alcanzaban el nivel de alerta 4 en otras de las categorías establecidas aunque en algunos casos pudiera resultar obvio que las superarían.
Esta fue la tabla con los distintos valores de los 77 municipios que entraron en el segundo toque de queda a partir del 22 de julio:
