El exCEO de Bankia Francisco Verdú afirmó que si hubiera llegado a saber el nivel de deterioros requerido , no habría salido a Bolsa
VALÈNCIA. (EP). El Banco de España, dirigido entonces por Miguel Ángel Fernández Ordóñez, aprobó el plan de saneamiento presentado por Rodrigo Rato para el grupo BFA-Bankia en 2012 a pesar de que sus inspectores José Antonio Delgado y José Antonio Casaus Lara habían trasladado su clara opinión de que no debía darse 'luz verde' al mismo al contemplar medidas que no se estimaban suficientes, según los documentos a los que ha tenido acceso Europa Press.
Los inspectores del organismo supervisor encargados de Bankia utilizaron en su declaración en calidad de testigos el pasado mes de abril, en el juicio que investiga la salida a Bolsa de la entidad en julio de 2011, una serie de correos que no constaban en la causa como parte de la prueba documental.
El tribunal, presidido por Ángela Murillo, rechazó su incorporación cuando la Fiscalía Anticorrupción lo solicitó, pero finalmente fueron admitidos tras la insistencia de la acusación popular Confederación Intersindical de Crédito (CIC) defendida por Andrés Herzog. Estos documentos han sido recibidos por la Audiencia Nacional hace apenas unos días.
Además de tres correos en los que consta en cada uno de ellos un resumen realizado por los inspectores relativo a reuniones mantenidas con el socio auditor de Deloitte Francisco Celma, con el expresidente de Bankia Rodrigo Rato y con su exconsejero delegado Francisco Verdú, se incluyen otros documentos con la opinión de Delgado y Casaus sobre el conocido como 'Plan Rato I'.
En un mail, fechado el 11 de abril de 2012 y enviado por Delgado a José Antonio Gracia --su superior--, el inspector deja claro que en coherencia con el análisis realizado del plan de capitalización presentado por la entidad, se debe trasladar a la Comisión Ejecutiva del Banco de España su no aprobación, ya que, en su conjunto, contempla medidas que no se estiman suficientes para atender la cobertura de los saneamientos requeridos por la nueva normativa, tanto en la vertiente de provisiones a constituir como en el nivel adicional de capital principal.
Algunas de las razones a las que aluden los inspectores son los cálculos de las necesidades de saneamientos y capital adicional, que consideran "claramente infravaloradas" al no reflejar la morosidad real de la cartera promotora y porque veían indicios de que no estaba identificado todo el riesgo promotor.
De igual forma, consideraban que la estimación de resultados que hacía la entidad no reflejaba la verdadera generación de su negocio ni el deterioro real de su cartera, por lo que sólo podría absorber en un solo ejercicio el ajuste pendiente incrementando de manera muy significativa las pérdidas previstas. Esto "deterioraría su solvencia y podría implicar un significativo riesgo reputacional, de negocio y sistémico", señala Delgado en el correo.
También apuntaban a la imposibilidad de garantizar que el banco no fuera a incurrir en un incumplimiento de las ratios de solvencias como consecuencia de la aplicación del Real Decreto impulsado por el que fuera ministro de Economía Luis de Guindos debido al "incorrecto" cómputo de determinados elementos como recursos propios y a la "incertidumbre" sobre su impacto final y fecha de ejecución de las medidas propuestas.
Además del plan de saneamientos, Rodrigo Rato presentó un Plan de Actuación para el grupo BFA-Bankia con el que se comprometía a cumplir con los requerimientos de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), a devolver una parte sustancial de las ayudas al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) y a gestionar la situación de la matriz.
Los inspectores veían en estas iniciativas "más debilidades que fortalezas", señalando que podrían incluso "erosionar aún más la débil generación recurrente de resultados de la filial Bankia, lo que podría provocar una posible bajada de rating, la dilución de los accionistas de la entidad en las sucesivas ampliaciones de capital sin derecho de suscripción preferente o que el patrimonio neto real de la matriz fuera negativo a cierre de 2012.
Como documentos adjuntos en el correo, Delgado incluyó dos borradores sobre la resolución que iba a tomar el equipo del Banco de España al 'Plan Rato I'. En una primera plantilla la propuesta que se elevaba era la de la no aprobación, mientras que en la segunda se proponía remitir un escrito por el que se daba 'luz verde' a las medidas al considerar que eran "suficientes" pero estimando de forma necesaria la inclusión de una serie de medidas adicionales.
Los inspectores tenían claro que el plan de saneamientos de Rato no era viable, pero del correo enviado por Delgado se desprende que incluyeron la opción de aprobación condicionada debido a que sus superiores no contemplaban la posibilidad de no adimitirlo.
Seis días después, el 17 de abril de 2012, en una carta firmada por el director general de supervisión del Banco de España Jerónimo Martínez Tello y remitida a Rodrigo Rato, se confirmaba la aprobación del plan de forma condicionada. La misiva iba acompañada del informe de la comisión ejecutiva firmado por el jefe de grupo José Antonio Gracia y el director del departamento Pedro González, en el que se eliminaron todas las alusiones a las insuficiencias apuntadas por los inspectores de seguimiento Delgado y Casaus.
En otro orden de cosas, el 17 de enero de 2012, el socio auditor de Deloitte Francisco Celma se reunió junto a José Antonio Gracia --jefe de grupo-- y José Antonio Casaus --inspector encargado de la entidad-- para hablar de las cuentas anuales de 2011 de BFA y de Bankia.
En un correo escrito por Casaus y remitido a todo el equipo de supervisión del Banco de España, el inspector resume las principales conclusiones a las que se ha llegado tras mantener dicha reunión.
Entre las mayores preocupaciones de Celma se encontraba la nueva normativa del Gobierno en relación a las provisiones de los suelos, ya que entendía que no podía dar el visto bueno hasta que se conociera, al tiempo que advertía de que estaba pensando en poner una limitación al alcance debido a que el banco no le había dado hasta el momento documentación alguna sobre el área inmobiliaria.
También les señaló que el entonces consejero delegado de Bankia, Francisco Verdú, le llegó a decir que si llega a saber el nivel de deterioros que se requerían "no salían a Bolsa". Celma aseguró igualmente que Verdú "pidió ayuda" pero que desde el auditor se dijo que "no podían mirar hacia otro lado".
Durante esta conversación, en enero de 2012 y aún sin presentarse las cuentas del ejercicio 2011, Gracia ya trasladó a Celma la preocupación del organismo supervisor por la solvencia individual de BFA.
Los otros dos correos se refieren a las reuniones con Rato y Verdú. El expresidente de Bankia acudió a una reunión el 6 de marzo de 2012 con el equipo de inspección del Banco de España junto al secretario general de la entidad Miguel Crespo.
En ella, el Banco de España le trasladó a Rato que "no veía futuro al grupo BFA tal y como estaba configurado y que probablemente Bankia mejoraría con una operación corporativa". El expresidente del grupo se mostró de acuerdo con la inviabilidad de BFA y preguntó por si se referían a que la operación debía ser con un banco mediano o grande.
En el resumen de la reunión con Francisco Verdú que tuvo lugar el 22 de marzo de 2012, se extrae que el exconsejero delegado compartía también que BFA era inviable y que veía como principal problema de Bankia el riesgo crediticio de Bancaja y su "entramado de sociedades inmobiliarias". También dijo que "no le daba tranquilidad alguna" la auditoría interna sobre el gobierno corporativo.