CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Benicàssim va a instar nuevamente al Gobierno de España que asuma el coste total de la construcción y puesta en funcionamiento de la desaladora Oropesa-Benicàssim. La alcaldesa, Susana Marqués, ha anunciado que el pleno ordinario del mes de agosto incluirá nuevamente una moción para solicitar al Ministerio para la Transición Ecológica que se inicien los trámites oportunos para eximir a los ayuntamientos de la asunción del coste de la amortización de las infraestructuras, tal y como ha informado el consistorio en un comunicado.
La primer edil recuerda que fue en el 2008 cuando el entonces equipo de gobierno formado por el tripartito PSOE, Compromís e Izquierda Unida firmaron el convenio regulador para la financiación y explotación del sistema de suministro de agua desalada entre el Ayuntamiento de Benicàssim y Acuamed. “Actualmente en Benicàssim nos encontramos atados a ese convenio, que va a hipotecar nuestro ayuntamiento los próximos 25 años si no se le da una solución definitiva”, añade la alcaldesa.
Susana Marqués ha continuado diciendo que “logramos hace tres años una moratoria del convenio aprobado en 2008, plazo más que suficiente para haber encontrado por parte del Estado una solución justa, consensuada y beneficiosa. Tras tres años, se nos acaba el tiempo y nos encontramos en el mismo punto, sin que el Estado nos libere del coste de la construcción de las desaladoras”.
Es por ello que se va a elevar a pleno una nueva moción para reiterar nuevamente la necesidad de que sea el Gobierno Central quien asuma el total del importe “El PSOE creó el problema, imponiendo la construcción de desaladoras sin tener en consideración ni la necesidad, ni la eficiencia de unas infraestructuras con un coste económico desorbitado no solo de la construcción, si no también del mantenimiento’, ha finalizado la alcaldesa.
