FOTOS: INMA CABALLERBlasco niega cualquier relación con Taula y achaca su comparecencia a "un interés partidista para animar cosas que están muy desfasadas en el tiempo"
VALÈNCIA. (Agencias). El exconseller 'popular' Rafael Blasco, condenado a seis años y medio de cárcel por fraude en las ayudas a la cooperación, ha afirmado este lunes que tras su "doloroso" paso por el centro penitenciario de Picassent (Valencia) ha "aprendido la lección" y ha sido "una persona consecuente con una sentencia judicial condenatoria" que ha "asumido con toda su importancia", lo que supone "una asunción de errores y delitos que, por sentencia, se me ha planteado".
Sin embargo, ha apuntado que en la prisión "hay un porcentaje muy importante del colectivo que son inocentes". "Hay mucho inocente dentro de la cárcel y hay muy buenos profesionales que contribuyen a que un sistema penitenciario más que obsoleto funcione con cierta garantía", ha remarcado el 'conseller', que ha comparecido en Les Corts días después de obtener el tercer grado penitenciario tras cumplir tres años y siete meses de su condena.
Blasco se ha pronunciado en estos términos en una comparecencia en la comisión de Les Corts que investiga la contratación de la Generalitat con empresas vinculadas con la Operación Taula, derivada del caso Imelsa, a la que ha asistido saludando a los periodistas y señalando que estaba "contento".
De hecho, ha comenzado su intervención mostrando su alegría por ver a los diputados y por volver a la cámara autonómica valenciana donde ha recordado que estuvo "muchos años" --fue diputado y portavoz del PP en la cámara-- y de la que siente "tanto respeto al trabajo que se hace aquí". "Me encuentro muy bien para contribuir a responderles, pero me resulta difícil opinar en cuestiones no tengo vinculación y relación", ha afirmado para incidir en que no tiene vinculación con lo que la comisión investiga.
De hecho, en numerosas ocasiones ha apuntado desconocer el motivo por el que había sido citado porque ha negado vinculación con el caso, pero ha dicho que se siente "muy bien de contestar" aunque fuera para "contradecir afirmaciones" que "no se corresponden más que con interés partidista para volver a animar cosas que están muy desfasadas en el tiempo y no se corresponden con la realidad".
"Si estoy aquí, no es por nada relacionado con Taula, pero tengo relativa experiencia política y sé cómo se utilizan arteramente los mecanismos parlamentarios y legales para introducir temas que no teniendo nada que ver con el motivo y el elemento esencial de una comisión permiten animar el asunto para intentar generar cierta confusión", ha señalado.
El exconseller ha acusado al PSPV que dirigió Joan Lerma de haber dado indicaciones a sus cargos públicos para que reclamasen el pago del 10 % en comisiones a los contratistas.
"He vivido muchas cosas en política, he estado en un partido socialista en el que el secretario de organización mandaba circulares a los cargos públicos pidiéndoles a todos los que contrataban en las instituciones que cobrasen una comisión del 10 %, lo he visto, está firmado", ha asegurado.
En este sentido, ha invitado a los periodistas a recurrir a la "maldita hemeroteca", porque "verán cosas sorprendentes".
Por otro lado, el exconseller ha asegurado que durante el tiempo en el que formó parte del Gobierno valenciano con el PP no tuvo constancia de que se "invitase" a ninguna empresa a optar a contratos públicos ni tampoco que se cobrase comisiones a contratistas.
El exconseller se enfrentará a partir del 15 de abril a un nuevo juicio por el desvío de unos cuatro millones de euros de ayudas públicas destinadas a proyectos humanitarios, entre ellos la construcción de un hospital en Haití.
Sobre este asunto, se ha limitado a apuntar que "es un tema interesante" sobre el que "circula mucha desinformación".
Preguntado por sus responsabilidades al frente de varias campañas electorales del PP, Blasco ha explicado que se limitó a "elaborar programas y estrategia electoral", tanto con el PP como en etapas anteriores en el PSPV-PSOE.
Se da la circunstancia de que fue este pasado viernes 1 de febrero cuando el exconseller del PP salió del centro penitenciario, en el que ha estado durante tres años y siete meses cumpliendo condena, tras haber accedido al régimen de semilibertad al tener los requisitos para ello.
Así lo propuso la Junta de Tratamiento de la prisión de Picassent donde cumple condena y lo ha concedido la secretaria general de Instituciones Penitenciarias (IIPP). En este caso, Blasco cumplió la mitad de su condena en septiembre de 2018. El resto del tiempo que le queda hasta liquidarla --termina en diciembre de 2021-- lo cumplirá en el Centro de Inserción Social (CIS) que determine IIPP.
El exconseller tiene otro juicio pendiente, el resto de piezas de Cooperación, junto a otras 23 personas más, acusadas de irregularidades en subvenciones a ONG y en la construcción de un Hospital en Haití que no llegó a llevarse a cabo. La vista está señalada a partir del 15 de abril.
En total, Blasco lleva en prisión tres años y siete meses, después el que el Supremo le condenara en junio de 2015 a seis años y medio de cárcel por el fraude de ayudas al Tercer Mundo, dentro de la pieza 1 del conocido como caso Cooperación, relativa a irregularidades en la concesión de ayudas por parte de Solidaridad a la Fundación Cyes para proyectos en Nicaragua. Esta condena suponía un año y medio menos que la impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
El alto tribunal valenciano le había denegado el pasado mes de junio el tercer grado que había solicitado Blasco al tener en cuenta el informe de IIPP que apreciaba un riesgo "medio-alto" de reincidencia y por la naturaleza de los bienes a los que afectó, ayudas al Tercer Mundo, que hacía que los hechos fueran "especialmente reprobables".
Además, la sala alegaba la "alarma social" que produjo el caso, pendiente de enjuiciar otras piezas, y que no había hecho el "más mínimo intento" de paliar las "graves consecuencias económicas" a la administración pública. Precisamente, a mediados de este mes se supo que el Tribunal de Cuentas había embargado 59.000 euros de tres condenados en el Caso Cooperación, entre ellos Blasco, y transfirió esa cantidad a la Generalitat dentro del procedimiento de reintegro por alcance para recuperar el dinero sustraído a las arcas públicas.
En el mes de marzo de 2018, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria ya había rechazado una queja del exconseller por negarle permisos, por parte de la Junta de Tratamiento de la prisión, ya en diciembre de 2017.
