VALÈNCIA (X. M./EP). El exconseller de Cooperación Rafael Blasco, condenado a seis años y medio de cárcel por malversación en las ayudas al Tercer Mundo –el conocido como caso Cooperación–, ha salido de la prisión de Picassent tras haber obtenido el tercer grado penitenciario una vez ha cumplido tres años y siete meses de la condena y tener los requisitos para acceder al régimen de semilibertad, según han informado fuentes penitenciarias.
Así lo aprobó el martes la secretaria general de Instituciones Penitenciarias (IIPP) a propuesta de la Junta de Tratamiento de la prisión de Picassent, el órgano colegiado encargado de proponer la concesión de los permisos de salida previo informe del equipo técnico, solicitando la autorización del Juez de Vigilancia Penitenciaria o del Centro Directivo.
Según confirmó a este periódico un portavoz de Instituciones Penitenciarias, el exconseller ya se encuentra desde este miércoles se encuentra en el Centro de Inserción Social (CIS) en el que pasará el tiempo que le resta para liquidar su condena, que termina en diciembre de 2021. Estas fuentes no precisaron si el Fiscal de Vigilancia Penitenciaria apoyó la propuesta de salida de la Junta de Tratamiento.
Blasco cumplió la mitad de su condena por la primera pieza del caso Cooperación en septiembre de 2018. El pasado verano, el juez de Vigilancia Penitenciaria ya autorizó un permiso ordinario de seis días concedido por la Junta de Vigilancia de Picassent, que cambió de criterio y comenzó a mostrarse a favor de las salidas de presión del exconseller a pesar de que las circunstancias por las que hasta entonces siempre se le habían negado los permisos no habían variado.
A ello se suma, además, el hecho de tener un juicio pendiente, el juicio por las piezas 2 y 3 del caso Cooperación junto a otros 23 acusados, fijado para abril de este año.
De hecho, la aprobación del permiso se produjo solo un mes después de que el mismo órgano rechazara la última petición de salida de Rafael Blasco al considerar que existía riesgo "medio-ato" de reincidencia y porque ni había devuelto el dinero de la responsabilidad civil por la que está condenado, ni había mostrado arrepentimiento.
Como informó Valencia Plaza, el cambio de criterio del órgano de valoración de los permisos penitenciarios de Picassent coincidió en el tiempo con el pacto que el fiscal de Anticorrupción en este caso, Vicente Torres, había alcanzado con Rafael Blasco para conseguir su confesión a cambio de una condena mínima en las piezas 2 y 3 del caso Cooperación.
Este acuerdo de conformidad, que evitaría tener que celebrar el juicio por estas dos piezas, incluía rebajar la petición de cárcel de la Fiscalía para Blasco de 16 años a solo 2 y medio. Para firmarlo, como informó este periódico, el exconseller exigía que se le garantizaran los permisos penitenciarios, algo que ya logró con el permiso ordinario del pasado verano y ahora con su paso al tercer grado penitenciario.
Con la concesión del permiso a Rafael Blasco, considerado el cabecilla de un grupo criminal que durante años saqueó el dinero de las subvenciones públicas destinadas al Tercer Mundo, se van cumpliendo las premisas que ha impuesto para admitir los delitos por los que se le acusa en las piezas 2 y 3 del caso.
En total, Blasco lleva en prisión tres años y siete meses, después el que el Supremo le condenara en junio de 2015 a seis años y medio de cárcel por el fraude de ayudas al Tercer Mundo, dentro de la pieza 1 del conocido como caso Cooperación, relativa a irregularidades en la concesión de ayudas por parte de Solidaridad a la Fundación Cyes para proyectos en Nicaragua. Esta condena suponía un año y medio menos que la impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
El alto tribunal valenciano le había denegado el pasado mes de junio el tercer grado que había solicitado Blasco al tener en cuenta el informe de IIPP que apreciaba un riesgo "medio-alto" de reincidencia y por la naturaleza de los bienes a los que afectó, ayudas al Tercer Mundo, que hacía que los hechos fueran "especialmente reprobables".
Además, la sala alegaba la "alarma social" que produjo el caso, pendiente de enjuiciar otras piezas, y que no había hecho el "más mínimo intento" de paliar las "graves consecuencias económicas" a la administración pública. Precisamente, a mediados de este mes se supo que el Tribunal de Cuentas había embargado 59.000 euros de tres condenados en el Caso Cooperación, entre ellos Blasco, y transfirió esa cantidad a la Generalitat dentro del procedimiento de reintegro por alcance para recuperar el dinero sustraído a las arcas públicas.
En el mes de marzo de 2018, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria ya había rechazado una queja del exconseller por negarle permisos, por parte de la Junta de Tratamiento de la prisión, ya en diciembre de 2017.