Bravo aprueba el decreto de teletrabajo tras 6 meses de fricciones y sin las peticiones de Compromís
La consellera de Justicia y Administración Pública, Gabriela Bravo. Foto: KIKE TABERNER
2/04/2021 -
VALÈNCIA. El Consell dio luz verde en el pleno extraordinario de este jueves al decreto que regulará el teletrabajo de los funcionarios en la Generalitat Valenciana, la norma que sustituirá a la aprobada en 2016 sobre la modalidad no presencial de trabajo de los empleados públicos valencianos. Lo hizo tras casi siete meses desde que la Conselleria de Función Pública, que dirige Gabriela Bravo, empezara la tramitación para modificar la normativa vigente con motivo del contexto pandémico.
Desde septiembre el departamento de Bravo venía trabajando en este texto, que la consellera había prometido para 2020, pero que se ha demorado hasta pasado el primer trimestre de 2021, incluso tras conocerse que la Comisión de Diálogo Social del Sector Público Instrumental había llegado a un acuerdo para organizar el teletrabajo en las empresas y organismos externos dependientes de la Generalitat. La negociación sindical, la introducción de modificaciones como las instadas por el Consell Jurídic Consultiu y las discrepancias con los socios de Gobierno, especialmente con Compromís, han provocado el retraso.
Así pues, según hizo público este jueves la portavoz del Consell, Mónica Oltra, el Ejecutivo valenciano ha aprobado el ansiado decreto, que incorpora procedimientos más flexibles para aprobar los programas de teletrabajo y se incluye la posibilidad de que un trabajador pueda pedir un programa personal de teletrabajo por razones de salud, de violencia de género o terrorista, de conciliación familiar o cuidados familiares por enfermedad. Además se incluye un nuevo apartado para las llamadas "situaciones de crisis" como la de la covid. La norma afectará también al personal laboral. Ahora bien, lo cierto es que las principales reivindicaciones planteadas por la coalición valencianista en febrero no se han acabado incluyendo en el texto regulador que entrará en vigor.
Por ejemplo, en cuanto al teletrabajo para los altos funcionarios. El decreto elaborado por Función Pública limitaba que los altos funcionarios pudieran optar por el teletrabajo. A juicio del departamento de Bravo, las personas que ejerciesen máximos puestos de responsabilidad funcionarial no debían "sujetarse a ninguna limitación en cuanto a su disponibilidad, dadas las importantes responsabilidades que tienen encomendadas".
Las consellerias de Compromís se oponían frontalmente a este extremo, e incluso el Consell Jurídic Consultiu advirtió que no se podía limitar de forma "absoluta" el teletrabajo para los empleados públicos de máximo nivel. Así pues, Función Pública modificó el texto parcialmente: podrán acogerse a los programas de trabajo no presencial si su conselleria justifica que sus funciones pueden hacerse en esta modalidad.
Pero en la coalición valencianista insistían en que el redactado debía resultar exactamente inverso, esto es, que la regla sea el permiso para el teletrabajo y lo excepcional, la restricción. Y en todo caso, que fueran los diferentes departamentos del Consell los que introdujeran las limitaciones si así lo consideraban en sus propios programas de teletrabajo, y que estas no fueran generalizadas para todas las consellerias. Finalmente, Función Pública no ha accedido a integrar este planteamiento.
Otro de los puntos que había generado fricción tenía que ver con el número máximo de jornadas que los empleados públicos podrán teletrabajar. El decreto aprobado recoge que con carácter general, los funcionarios podrán trabajar en régimen no presdencial tres días a la semana e incluso en algunos casos únicamente dos jornadas. Los representantes de Compromís en el Gobierno valenciano buscaban que Bravo ampliara esta cifra máxima a cuatro y que fuera cada conselleria la que decidiera en sus propios programas el límite más adecuado para su funcionamiento. Algo que tampoco se ha acabado contemplado en la norma.
Asimismo, el decreto finalmente contempla que al menos un día a la semana toda la plantilla de cada unidad coincida de manera presencial y que la jornada no se podrá fraccionar "en ningún caso". Tampoco en este aspecto se ha atendido la reivindicación de Compromís, que pedía que fueran las subsecretarias las que tengan la competencia para autorizar que las jornadas laborales de los funcionarios se puedan fraccionar si así lo pidieran, y que no se obligara a los empleados a coincidir un día.
Y por otro lado, no se ha llegado a un acuerdo respecto a las medidas de agilización que ponían sobre la mesa las carteras de Compromís para la aprobación de los programas de teletrabajo. La norma fija que el plan de cada conselleria deberá contar con el visto bueno de la dirección general de función pública en tres meses y que, de no emitirse resolución, se dará por desestimado el plan. Pero la formación naranja pedía lo contrario, que el plazo máximo para la resolución fuera de un mes y que de rebasarse la fecha límite, se diera el plan por aprobado.