VALÈNCIA (EFE). La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha solicitado al Gobierno central que se eliminen las tasas de reposición, de forma que la Oferta de Empleo Público (OPE) de la Generalitat del año 2020 incluya la convocatoria de oposiciones para cubrir 2.000 puestos de trabajo.
La consellera ha participado este martes en una reunión por videoconferencia con la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, a la que ha manifestado su preocupación porque en los próximos 10 años "se jubilará un tercio de la plantilla, a un ritmo tal que, a partir de 2025, será de unos 1.000 efectivos al año".
Bravo ha explicado a la ministra que, en la actualidad, su departamento gestiona 220 procesos selectivos, de los cuales están ya en marcha un total de 130. Corresponden a las ofertas de empleo público de 2017, 2018 y 2019 por las que se convocaban oposiciones para cubrir 4.902 plazas repartidas en 2.008, 2.417 y 477, respectivamente.
Según ha explicado la consellera, "para mantener la estabilidad de las plantillas, deberíamos poder ofertar en la OPE de 2020 alrededor de unos 2.000 puestos de trabajo, pero, con las restricciones actuales de las tasas de reposición, vigentes en Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2018 aún en vigor, quizá no se pueda llegar ni a la mitad de estos".
La consellera también ha explicado que en la Administración autonómica "hay un alto porcentaje de personal temporal o interino, cuando nuestro objetivo es llegar a menos del 8 por ciento, pero tal cosa no será posible si no se eliminan las restricciones".
La consellera Bravo también ha explicado a la ministra que, aunque las modalidades de teletrabajo en la Función Pública valenciana se regularon mediante un decreto del año 2016, "tras la experiencia de la pandemia de covid-19, estamos revisando este Decreto para su modificación, pues establece una serie de limitaciones y requiere una serie de trámites y programas que se han visto innecesarios".
Por ello, la consellera ha anunciado que el nuevo decreto "facilitará las fórmulas de teletrabajo, con una tramitación más ágil, estableciendo al mismo tiempo las debidas garantías para los trabajadores y de control por parte de la Administración".
Por último, Gabriela Bravo ha ofrecido algunos detalles sobre el proceso de modernización de la Administración pública valenciana que contempla la nueva Ley de Función Pública Valenciana, que actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria tras haber sido consensuada con los sindicatos. Esta norma, que ha sido diseñada con perspectiva de género, se completará con un nuevo plan de igualdad que mejorará el existente.
En este sentido, la consellera ha propuesto a la ministra que en los planes de igualdad de la Administración General del Estado se incluyan medidas de movilidad entre entidades públicas y administraciones para aquellas trabajadoras que hayan sido víctimas de violencia de género, tal y como ya existe en la Generalitat Valenciana.
