VALÈNCIA. La Conselleria de Justicia y Administración Pública que dirige Gabriela Bravo remitió este miércoles a todos los departamentos del Consell el borrador del nuevo decreto de teletrabajo. Un texto legal que actualiza la normativa aprobada por el Gobierno valenciano en 2016 después de que la pandemia del Covid-19 haya puesto de manifiesto que hacía falta actualizarlo y que, ahora, tanto las subsecretarias del Ejecutivo valenciano como los sindicatos deberán estudiar para presentar alegaciones durante los próximos con cinco días con el objetivo de que este decreto pueda ser aprobado antes de final de año.
Una de las principales novedades que plantea la Conselleria de Administración Pública en esta normativa es que el personal empleado público que se acoja a la modalidad de trabajo no presencial podrá desempeñar sus funciones desde casa como máximo tres días a la semana, mientras que el resto deberá acudir a su puesto de trabajo en el horario habitual. De esta manera, como mínimo habrán prestar el servicio presencial dos días a la semana.
Para participar en este programa, los empleados públicos deberán haber estado en activo durante un total de seis meses dentro de los últimos dos años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de solicitud para teletrabajar. Pero no solo eso: tendrán, además, que demostrar los conocimientos informáticos suficientes para poder trabajar desde casa y superar los cursos de formación específicos "organizados por el órgano competente en materia de formación del personal empleado público de la Administración de la Generalitat".
En total, Bravo propone a sindicatos y todas las áreas del Consell del Botànic que como mínimo "un 20% de la plantilla de cada servicio debe hallarse de forma presencial en su puesto de trabajo". Y, además, al menos un día a la semana todos los trabajadores deben coincidir en su departamento. Por otra parte, la normativa contempla que el personal que tenga concedida una reducción de jornada podrá aplicarla de la misma manera si tiene reconocida la modalidad no presencial de trabajo, aunque en ningún caso podrá fraccionar la jornada.
Para poder desempeñar sus funciones, el personal que se acoja a la modalidad de teletrabajo "deberá contar con un sistema de conexión informática suficiente y seguro para que pueda ejercer con estas tareas propias de su puesto de trabajo en idénticas condiciones a como serían ejecutadas en el centro de trabajo". Además, como novedad, también se incluye el "derecho a la desconexión digital" de los empleados para "respetar su tiempo de descanso y su intimidad personal", ya que a lo largo de la crisis sanitaria, la gestión de las jornadas laborales no se han cumplido de manera estricta.
El decreto establece que la acogida al plan será de carácter voluntario siempre y cuando la situación lo permita. La Conselleria de Administración Pública determina que si se declara un estado de crisis -por ejemplo, sanitario, como el actual- la voluntariedad para adscribirse a este proyecto "queda supeditada a las necesidades organizativas y de protección que se determinen por el gobierno del Estado o de la Generalitat". En definitiva, que la Conselleria suprime el carácter voluntario de esta modalidad de trabajo no presencial en situaciones de crisis en las que la potestad para establecer cómo desempeñan su trabajo los funcionarios pasa a estar en manos del Gobierno.
En cualquier caso, dado su carácter voluntario general, también la tramitación de la baja de este servicio será igual: los funcionarios podrán renunciar a su participación en el programa de teletrabajo con un aviso previo de 15 días de antelación.
Entre las obligaciones de la Administración, el borrador del nuevo decreto fija que la Generalitat Valenciana deberá avisar al menos con 24 horas de antelación a un funcionario si necesitara que éste prestara sus servicios en modalidad presencial y no de teletrabajo.
Para garantizar que los empleados públicos están ejerciendo sus funciones desde sus domicilios, la Administración realizará un "seguimiento de objetivos cumplidos" o estudiará la "consecución de resultados". Una revisión de la que deberán encargarse las personas responsables de las unidades administrativas de las que dependan los puestos de trabajo. Para ello, tendrán que realizar unos cuestionarios de evaluación que les facilitará la Administración.
