VALÈNCIA. La Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública quiso dar un tirón de orejas este lunes a los subsecretarios del Consell que el 21 de junio no hicieron volver a sus funcionarios al trabajo presencial al 100%. La sacudida, sin embargo, no salió del todo redonda.
El departamento que dirige Gabriela Bravo remitió a todas las carteras del Botánico un documento cuyo remitente y autor, hipotéticamente, era el director general de Función Pública, David Alfonso. En él, el alto cargo (de Compromís) realizaba un recorrido por todas las órdenes que había realizado esta cartera del Ejecutivo valenciano a lo largo de estos meses de pandemia en relación a los empleados públicos de la Administración valenciana.
Tras el histórico, el documento concluía con una cuestión sobre la que ha estado insistiendo Bravo estos últimos días: "Desde el día 11 de mayo de 2020 [...] las personas titulares de las subsecretarías eran conocedoras de las medidas a adoptar, en particular en cuanto la incorporación a la actividad presencial del personal una vez determinado el pase a la Nueva Normalidad como consecuencia de la finalización del estado de alarma".
No obstante, a pesar de llevar el membrete de la Dirección General de Función Pública, en el documento oficial no constaba la firma del alto cargo. Una ausencia que al parecer no fue casual. El propio Alfonso recibió este escrito por parte del subsecretario de Justicia, Gabriel del Olmo, este lunes y se negó a firmarla.
Haberlo hecho hubiera implicado, de forma implícita, que un alto cargo de Compromís admitiera que los subsecretarios que se plantaron ante la vuelta al trabajo presencial este lunes (también de Compromís) no tenían razón para hacer lo que hicieron y, por tanto, les "amonestara" a través de este escrito con las resoluciones aprobadas.
La falta de firma, sin embargo, no valió para frenar esta reprimenda. El documento se envió igualmente con el membrete de la Dirección General de Función Pública, pero sin rúbrica. Un documento oficial poco oficial.
La Conselleria de Justicia y Administración Pública ordenó el pasado viernes que los funcionarios de toda la Generalitat Valenciana debían volver desde el 21 de junio al 100% a la actividad presencial. Una orden ante la que la Conselleria de Economía y también la de Agricultura se plantaron y trasladaron internamente a sus empleados públicos que la reincorporación se haría de manera progresiva. El motivo no fue otro que tratar de garantizar la seguridad y salud en el trabajo; consideraron que la entrada en vigor de esta orden se hacía de manera precipitada -de viernes a lunes-.
La reacción generó malestar en la cartera de Justicia. Ante este plante y las críticas por la premura para poner en marcha esta orden, la consellera del ramo realizó un comunicado en el que aseguraba que todas las consellerias del Gobierno valenciano sabían desde el 8 de mayo que sus trabajadores debían volver a la actividad presencial al 100% e insinuó que, si no lo iban a hacer, era porque no habían hecho los deberes -como adaptar los espacios- durante las semanas previas.
Una acusación que originó entonces un seísmo en Economía y Agricultura, donde aseguraron que los planes de contingencia para la vuelta al trabajo se habían ido actualizando semanalmente con los cambios de fases. Desde estas consellerias, y otras que no volvieron al trabajo presencial al completo este lunes, recordaron que la resolución de Justicia del 8 de mayo a la que hacía referencia Bravo durante estos días para justificar la vuelta al trabajo presencial establecía que la asistencia debía hallarse entre un 85% y un 100%, pero en ningún caso que sólo hubiera de cumplirse lo segundo como la consellera había dictado el viernes. O, incluso, podrían reducirse estos porcentajes en caso de necesidad de adaptación al Plan de Contingencia de cada conselleria.
Aún así, esa resolución que preveía una horquilla de entre el 85% y el 100% quedó sin efecto el pasado viernes, ya que el acuerdo del Consell -publicado en el DOGV el pasado fin de semana- recoge en su preámbulo que la transición a la situación de nueva normalidad "conlleva la pérdida de eficacia de la Resolución de 8 de mayo de 2020, de la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, por la que se estableció el procedimiento y las medidas organizativas para la recuperación gradual de la actividad administrativa presencial en el ámbito de la Administración de la Generalitat".