VALÈNCIA. La consellera de Justicia y Administración Pública, Gabriela Bravo, reunió este martes a los sindicatos para trasladarles su intención de aplicar a los funcionarios el decreto aprobado por el Consejo de Ministros este fin de semana que paraliza toda actividad no esencial y establece un permiso retribuido recuperable. La responsable del ramo en el Gobierno valenciano no descarta seguir adelante con esta pretensión, si bien el Gobierno central aclaró ayer que esta norma no sería aplicable a la Función Pública.
Así, conviene apuntar que Bravo remitió este lunes un escrito al Ministerio para preguntar si la orden era aplicable a los funcionarios que están en casa sin cometidos urgentes o específicos; es decir, aquellos que no desempeñan funciones consideradas como esenciales y no están teletrabajando ni acudiendo al trabajo de forma presencial al no formar parte de los servicios esenciales de su conselleria. En ese caso, la Conselleria era partidaria de que estos funcionarios recibieran el salario, pero posteriormente devolvieran las horas no trabajadas a la Administración.
Sin embargo, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública que dirige Carolina Darias aclaró este martes que este permiso retribuido recuperable no afectaba a los funcionarios de ninguna administración, sino sólo a aquellas personas que tienen una relación laboral.
No obstante, horas después Bravo mantuvo una reunión con los sindicatos CSIF, UGT, CCOO e Intersindical por videoconferencia para tantear cuál era la postura de cada uno si el departamento de Función Pública seguía adelante con esta idea. Esto es porque la intención de esta cartera, según confirman fuentes oficiales a este diario, es analizar estos días de qué manera este decreto podría trasladarse a la Función Pública, aunque el Ministerio haya clarificado que no les sería aplicable.
El planteamiento, sin embargo, chocó frontalmente con la postura de CSIF e Intersindical. Para el primero, esta medida sería difícil de aplicar, dado que el Gobierno valenciano debería contar con un listado que detallara cuántos funcionarios se encuentran en esta situación -la Administración valenciana tiene más de 17.000 funcionarios-, por lo que abogaron por que el Consell facilite el teletrabajo a todo su personal.
Intersindical, sin embargo, fue el que se mostró más reacio a la propuesta, que tachó de "negligencia ideada al margen de la realidad". "Todo el personal público es un recurso humano imprescindible para garantizar la prestación de los servicios esenciales, así como la seguridad de los trabajadores", explicaba en un comunicado posterior al encuentro.
Por su parte, UGT-PV y CCOO-PV defendieron que todos los funcionarios, de una manera u otra, están trabajando y por tanto no podría aplicárseles este decreto. Si bien, en caso de que se hiciera, trasladaron a la Conselleria que ésta se realizara de forma equitativa para que no se pudiera generar una imagen distorsionada que perjudicara a los funcionarios de algunas consellerias de manera concreta. En los próximos días y tras estudiar el 'cómo', la Generalitat tomará una decisión al respecto.