FOTO: EUROPA PRESSVALÈNCIA. (EP) La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) reclama a la Conselleria de Administración Pública que mantenga el desarrollo del teletrabajo como "derecho del empleado público" y aclare qué pasará con esta modalidad cuando termine el estado de alarma, previsiblemente el 9 de mayo.
Ante la "incertidumbre" actual entre los funcionarios, este sindicato ya ha solicitado una reunión con el departamento que dirige Gabriela Bravo para analizar la situación de la presencialidad en los centros de trabajo.
En concreto, la resolución de Conselleria del 17 de marzo, vigente en la actualidad, establece que las medidas excepcionales en los centros de trabajo con motivo de la pandemia se extenderán en función de la evolución de la crisis sanitaria y no vincula el teletrabajo directamente con el estado de alarma.
Pero CSI·F, en un comunicado, advierte de la incertidumbre de numerosos empleados públicos y recuerda que tiene su antecedente de junio de 2020, cuando "Conselleria obligó a la vuelta presencial de un día para otro cuando decayó el estado de alarma, con el riesgo de contagio por el escaso espacio en muchas dependencias.
A su juicio, el Decreto 49/2021 de la Generalitat, de 1 de abril, que regula el teletrabajo no soluciona el problema ante "la dificultad para su puesta en marcha y a la lentitud de los procedimientos de implantación".
La central sindical exige así que Conselleria convoque una reunión para analizar la situación en los centros y trasladar qué ocurrirá en lo que afecta al teletrabajo cuando termine el estado de alarma, además de volver a defender esta modalidad como una forma ordinaria de prestación de servicios por parte del personal de la administración "y no solo como manera de gestión de la pandemia".
Es más, recuerda que la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat que regula la función pública valenciana, dentro de su epígrafe de derechos individuales, establece que "el empleado público podrá optar al teletrabajo".
Por tanto, al estar contemplado como derecho individual, CSI·F insiste en que la administración debe ser garante articulando los mecanismos necesarios para su implementación "y no obstaculizar su ejercicio".
