La consellera de Justicia y Administración Pública, Gabriela Bravo. Foto: CORTSVALÈNCIA. La crisis del coronavirus ha relegado a un segundo plano todas las medidas que no tienen que ver con la pandemia en las que trabajaban las consellerias del Botànic II o, en su defecto, las que debían poner en marcha. Los diferentes departamentos del Gobierno valenciano se han visto obligados a centrarse en la adopción de medidas relacionadas con la prevención de la covid-19 o dirigidas a minimizar su impacto en algunos sectores: desde las ayudas a los afectados por los ERTE de Economía, hasta cambios en el calendario escolar o los vales-beca comedor validados por Educación, entre otras cuestiones.
Una de las medidas que no llegó a aplicarse en la Comunitat Valenciana antes de que estallara la pandemia fue la subida salarial del 2% a los funcionarios para 2020 que fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 21 de enero. La medida fue adoptada vía Real Decreto ley tras semanas de incertidumbre por la falta de Presupuestos Generales del Estado a la que se podría sumar un 0,3% adicional en función del cierre del PIB del pasado ejercicio que estaba previsto en el acuerdo del Gobierno de Mariano Rajoy de 2018 con los sindicatos mayoritarios. Esta tendría un coste de 3.264 millones de euros y podría aumentar hasta los 4.500 si finalmente se sumara el extra condicionado al PIB.
En total, 2,5 millones de empleados públicos se beneficiarían de este incremento, tanto estatales como autonómicos y locales. Sin embargo, desde que se aprobó en enero sólo los funcionarios que dependen de la Administración General del Estado perciben ya esta retribución en sus nóminas sin que ocurra lo mismo cinco meses después con los de la Generalitat Valenciana, tal y como critica CSIF.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha solicitado a la Conselleria de Justicia y Administración Pública que dirige Gabriela Bravo que convoque Mesa General de Función Pública Valenciana, fase previa a la validación por parte del Ejecutivo de Ximo Puig de esta subida salarial. En esta reunión, el departamento responsable de los funcionarios de la Generalitat debe trasladar a los sindicatos su intención de aprobar esta medida antes de que pase por un pleno del Consell. Sin embargo, esta todavía no se ha convocado.
CSIF urge a que se lleve a cabo ese aumento "en la nómina de mayo y con efectos retroactivos al 1 de enero de 2020", y recuerda que ya registró una solicitud en febrero instando a la Generalitat a que trasladara a sus empleados ese incremento salarial decretado por el Estado y de aplicación en cada autonomía.
El sindicato también pide la convocatoria de la Mesa General para abordar los planes de contingencia y reincorporación a la actividad presencial en el ámbito de la Generalitat y la recuperación de la actividad ordinaria en Sanidad, así como negociar de manera "urgente" una normativa para la prestación de la actividad laboral en régimen de teletrabajo por el personal empleado público de la Generalitat de manera "definitiva". Es decir, no solo la provisional que se ha implantado ahora de manera transitoria.
Si bien es cierto que en estos dos meses las consellerias han aplicado este modelo de trabajo en los departamentos -no podían acudir más de un 10% de la plantilla de manera presencial, tal y como dictó Función Pública en su última instrucción-, también lo es que el Consell aprobó en 2016 un decreto que regulaba la prestación de servicios en régimen de teletrabajo del personal empleado público de la Administración de la Generalitat. Sin embargo, este decreto todavía no se ha aplicado tres años y 10 meses después en ninguna cartera del Botànic II. Ahora, la intención del sindicato es negociar con la Conselleria de Bravo el desarrollo de este decreto.
