VALÈNCIA. (EP). Un total de 2.971 empleados de CaixaBank han solicitado adherirse al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que acometerá la entidad en el marco de su nuevo Plan Estratégico 2019-2021, si bien de momento solo son válidas un total de 1.890 peticiones debido a los cupos estipulados para cada provincia, por lo que en principio no se ha cubierto la cifra máxima de 2.023 bajas que acordó la dirección con los sindicatos.
Así lo han trasladado a Europa Press fuentes cercanas al procedimiento, que aseguran que la empresa todavía tiene margen para alterar los cupos acordados. Los solicitantes conocerán el próximo 21 de junio si su solicitud ha sido o no aceptada.
El plazo para que los trabajadores solicitasen una extinción indemnizada se cerró anoche y, por el momento, se han cubierto un total de 35 provincias, mientras que las 15 restantes no han llegado al cupo a falta de "tres o cuatro plazas", según fuentes sindicales.
Madrid era la región que contemplaba más salidas, un total de 457. Si bien en un principio parecía que iba más retardada, finalmente es una de las provincias que sí han cubierto el cupo "con creces", igual que Valencia y Sevilla, para las que se fijaron 131 y 151 salidas, respectivamente.
La dirección del banco y los sindicatos se reunirán mañana y se espera que CaixaBank comunique durante la cita si tiene intención de hacer alguna modificación a los límites fijados en el acuerdo firmado el pasado 8 de mayo. Los sindicatos confían en que la entidad realice movimientos en este sentido que permitan alcanzar las 2.023 salidas voluntarias.
Por su parte, fuentes de CaixaBank han señalado que la entidad "estudiará la posibilidad de atender algunas adhesiones adicionales, en función de criterios organizativos y sin superar nunca el número de 2.023 empleados", tal y como recoge el acuerdo laboral.
Desde UGT han valorado positivamente el elevado volumen de adheridos, que refleja que la oferta del ERE a la que llegaron tras meses de negociación es "muy buena".
Por su parte, desde SECB piden a la dirección que haga una reflexión sobre por qué sus empleados no quieren seguir en la entidad y denuncian "mala gestión del personal".
El acuerdo suscrito el pasado 8 de mayo implica un máximo de 2.023 salidas voluntarias, que no tiene por qué alcanzarse, y divide a los empleados en tres grupos: colectivo A (nacidos en 1965 y años anteriores), colectivo B (nacidos en 1966 y 1967) y colectivo C (nacidos en 1968 y posteriores).
Los trabajadores del colectivo A recibirán una indemnización bruta equivalente al 57% del salario regulador hasta los 63 años, que podrá ser percibida en un único pago o de manera fraccionada. En el segundo caso, recibirán 18.000 euros brutos adicionales (nacidos en 1962 o antes), 23.000 euros (nacidos en 1963) o 28.000 euros (nacidos en 1964 y 1965).
Por su parte, el colectivo B percibirá una indemnización del 57% del salario regulador, a la que se sumarán 38.000 euros brutos si decide percibirla fraccionada.
Para el resto de trabajadores (colectivo C) la indemnización bruta será la equivalente a 45 días de salario regulador por año de trabajo, con un tope de 42 mensualidades y un mínimo de 36. Dentro de este grupo, los nacidos entre 1968 y 1970 podrán optar por percibir la indemnización en un único pago o en abonos mensuales durante ocho años. En el último supuesto se añadirá una indemnización adicional de 13.000 euros brutos para aquellos con antigüedad menor a 10 años y de 23.000 euros a los que cuenten con una antigüedad mayor.
