VALÈNCIA. El exconseller de Educación del PPCV Alejandro Font de Mora ha sido citado a declarar como testigo en el caso Taula. Font de Mora deberá responder sobre lo que sabía de la empresa pública Ciegsa, así como sobre las afirmaciones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), quien le señaló dentro de la presunta financiación irregular del PPCV. El juzgado investiga el desvío de dinero público que supuestamente debía haberse destinado a la construcción de colegios. Un dinero que, según los agentes, acabó tanto en el bolsillos de algunos de los acusados como en las arcas del PPCV.
El exconseller será preguntado por las afirmaciones del informe definitivo sobre esta pieza, en el que tal como publicó Valencia Plaza, la UCO ratificaba las sospechas que mantenían desde 2016 sobre la presunta financiación irregular del PPCV. Según ese informe, cuatro nombres son los que presuntamente controlaban la financiación del PP autonómico: el expresidente de la Generalitat Francisco Camps; los exvicepresidentes Víctor Campos y Gerardo Camps y el exconseller de Eduación Alejandro Font de Mora.
La mala suerte, para él, ha querido que Alejandro Font de mora tenga que declarar con el lapidario informe ya entregado. En un principio fue citado como testigo previamente a ese informe. Al ser el máximo responsable de Educación en la época del supuesto desfalco debía declarar. Pero ahora esa declaración se le complica mucho, ya que los investigadores lo señalan directamente como uno de los cerebros de una posible caja B.
La UCO afirmó en su informe que hay que destacar "el papel desempeñado por Gerardo Camps, Alejandro Font de Mora o el entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps, al que se le atribuye en los diferentes audios, así como parece desprenderse de la propia sentencia, determinada ascendencia sobre las formas de financiación utilizadas y la manera en las que estas debían llevarse a cabo".
Otra de las preguntas que deberá responder es por qué puso al frente de Ciegsa a Máximo Caturla, del que la UCO dice: “que tenía capacidad de decisión en las adjudicaciones” de las obras que, después, “fueron el origen del aparente aprovechamiento económico”, tanto personal como para el partido que presidía Francisco Camps.
También deberá responder sobre una conversación grabada por el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, en la que hablaban del enfado que llevaba Alfonso Rus por el tema del dinero para el partido. Al final de esta, Caturla se pregunta que a quién le tiene que hacer caso. Benavent le pregunta si pueden funcionar de forma independiente o autónoma, Caturla le dice que no, y Benavent responde: “¿A parte de Alejandro (Font de Mora) y su puta madre?”.
Los modificados de obra son otra de las piezas fundamentales de este caso, como la del IES Cabanyal que llegó al 37 por ciento de sobrecoste cuando, al superar el 20 debían haber rescindido el contrato. Font de Mora era el conseller cuando se realizó aquella obra, y otras tantas bajo la lupa de los investigadores.
En esta pieza separada tienen la condición de investigados por cohecho, prevaricación y malversación, Benavent, considerado el “recaudador”; el expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, el exsecretario autonómico de Educación y responsable de Ciegsa, Máximo Caturla, cuatro técnicos de esta empresa y los responsables de mercantiles adjudicatarias Cleop, BM3 y Dragados.
Respecto de los técnicos, el juez investiga si “pudieran haber colaborado dando una cobertura de aparente legalidad a decisiones que venían a estar establecidas arbitrariamente y de antemano” y si justificaron sobrecostes “sobre una base ficticia o carentes de verdadera justificación” para obtener más financiación o compensar económicamente a las empresas que pagaban comisiones con el consiguiente “perjuicio económico para el erario público de la Generalitat”.