El síndic de Ciudadanos, Toni Cantó, junto al portavoz de Economía, Tony Woodward. Foto: CORTS/INMA CABALLERVALÈNCIA. Ciudadanos no quiere retomar la tramitación de la Ley del Juego de la Comunitat Valenciana en Les Corts. El grupo parlamentario que dirige Toni Cantó ha registrado este lunes un escrito en el que pide al Consell que retire este proyecto de ley "debido a la grave situación de excepcionalidad económica y social, que deja desprotegidos a los miles de trabajadores que perderían su empleo y a cientos de empresas que cerrarían si se aprobase el citado proyecto".
Una petición que se registra apenas unos días después de que se hiciera pública la intención del Botànic II de retomar la tramitación de la Ley del Juego. Tras la aprobación por parte de la Junta de Síndics de recuperar la actividad en el Parlamento valenciano y reanudar el periodo de sesiones que quedó suspendido el 14 de marzo con el decreto del estado de alarma, PSPV, Compromís y Unides Podem anunciaron que pretendían incluir la norma en el pleno de la próxima semana si el calendario lo permitía.
Con la actividad parlamentaria reanudada, el propósito del tripartito era trabajar de nuevo en los proyectos legislativos que quedaron pendientes antes de que se cerrara la cámara. Entre estos, se encontraba la Ley del Juego, cuyas enmiendas ya fueron votadas en la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda del Parlamento, pero quedó a las puertas de validarse en un pleno parlamentario.
Sin embargo, la formación naranja no quiere que se reanude y pide al Gobierno valenciano que retire la norma. Una reacción que también se produce después de que la patronal del juego de la Comunitat Valenciana -Andemar- pidiera a la Generalitat aplazar la validación de la ley hasta que la economía pueda volver a registrar datos positivos y el empleo recupere la senda del crecimiento.
Tras las quejas de la patronal, Ciudadanos advirtió la semana pasada que no quería que se retomara la tramitación de este proyecto de ley del Consell porque consideran que no era una cuestión prioritaria en estos momentos. "Coincidimos con el resto de partidos políticos y con los propios empresarios en la necesidad de regular determinados aspectos importantes como la protección de los menores y personas vulnerables, pero esta no es una ley que necesitan los valencianos que se apruebe ahora", explicaba entonces la diputada de Ciudadanos y portavoz adjunta de su grupo, Ruth Merino.
"Aprobar esta ley tal y como estaba planteada cuando se suspendió el período de sesiones, supondría la puntilla para el sector. Van a desaparecer más de 7.000 empleos directos, 30.000 indirectos y una cuantía considerable en la recaudación de las arcas valencianas", añadió. Sin embargo, este lunes Merino y el diputado Tony Woodward han ido un paso más allá y piden su retirada.
