Gobernanza compartida, corresponsabilidad, coordinación institucional... Podemos poner el nombre que queramos, acuñar un nuevo término si alguien lo considera necesario, pero ha llegado el momento de municipalizar la política estatal y autonómica. Ha llegado el momento de avanzar hacia una gobernanza multinivel real entre todas las administraciones del Estado. Ha llegado el momento de los ayuntamientos, de que la primera línea de la política tenga voz y voto en las decisiones que afectan al presente, y que seamos parte activa en las decisiones sobre la reconstrucción social y económica que condicionarán nuestro futuro.
Decir que la pandemia ha cambiado nuestras vidas es, en estos momentos, una obviedad. De la misma manera lo es afirmar que el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha impulsado un profundo cambio en la gobernanza del Estado para caminar hacia ese multinivel que permitirá cumplir los objetivos de la Agenda 2030, y en la línea con el marcado carácter europeísta y municipalista del PSOE.
La nueva gobernanza -esa que gusta tan poco al nuevo aznarismo del PP apegado al centralismo- es y seguirá siendo un pilar fundamental para luchar contra la crisis sanitaria y lograr de forma eficaz la reconstrucción social y económica de España. El proceso de cogobernanza que vivimos supone un cambio en el desarrollo del estado de las autonomías: una apuesta clara por la unidad de acción desde la diversidad; una apuesta por integrar la diversidad de los gobiernos autonómicos en la unidad de gobernanza del Estado.
Solo la gobernanza compartida, la corresponsabilidad, nos permitirá salir de esta crisis sanitaria y afrontar los retos sociales y económicos del país con eficacia y coherencia. Y si fundamental es el papel que están desarrollando las autonomías en este proceso de gobernanza conjunta, no menos trascendental es haber logrado que el mundo local esté representado en los foros de decisión sobre la reconstrucción del país. Porque complejo sería lograr la recuperación y transformación de nuestras ciudades sin tener en cuenta a la primera línea de la política, sin que los municipios tengamos un papel activo en esta reconstrucción.
Y estamos caminando en esta transición hacia un nuevo modelo de gobernanza por el compromiso del PSOE con la alianza entre administraciones, pese a los intentos desesperados de la derecha de frenar esta descentralización que tanto les emponzoña. Buena muestra del compromiso del Presidente del Gobierno con la municipalización de la gobernanza fue la presencia del Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, en la Conferencia de Presidentes Autonómicos con la Presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von de Leyen. O la participación de la FEMP con voz y voto en defensa de los intereses de los ayuntamientos en la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliciencia.
Son pequeños pasos pero trascendentales para nuestras ciudades, para nuestros vecinos y vecinas, porque este gobierno multinivel que hemos comenzado a construir permite a los alcaldes y alcaldesas defender las necesidades de sus ciudadanos allí donde se decide el destino de los fondos europeos, donde se decide el destino de los recursos económicos que nos permitirán transformar nuestras ciudades.
Los ayuntamientos hemos demostrado que hemos alcanzado la mayoría de edad, que tenemos capacidad para afrontar los retos de futuro de nuestras ciudades, que desarrollamos una gestión eficaz de los recursos públicos. En la Diputación de València, con un gobierno progresista al frente, hemos defendido sin descanso la autonomía local. Ya no hay ayudas para instalar bombillas que dejan de funcionar a los pocos meses. Ahora los recursos públicos llegan a los Ayuntamientos para que cada uno decida desde su autonomía en qué invertir.
Tenemos experiencia en la gestión de inversiones, y tenemos experiencia en la cogobernaza cívica porque la gran mayoría de ayuntamientos desarrollamos desde hace años consultas ciudadanas sobre inversiones, impulsamos presupuestos participativos, la inmensa mayoría de los municipios tienen órganos de participación ciudadana.
También la Generalitat Valenciana ha visto un salvavidas en esta capacidad del mundo local para afrontar las soluciones a la crisis económica de forma ágil y eficaz. Desde el inicio de la pandemia hemos articulado medidas de protección al comercio local, ayudas para que pudieran resistir esta crisis. Ahora, los ayuntamientos gestionaremos y colaboraremos económicamente en el Plan Resistir de la GVA, 160 millones de inversión para ayudar a los sectores económicos más afectados por la crisis.
Este es también un paso importante en la colaboración entre administraciones. Y estoy convencido de que será el inicio de una cogobernanza real y efectiva entre la Generalitat y el municipalismo de la Comunitat. Es necesario acabar con los centralismos ineficientes y apostar por una gobernanza asociativa que nos permita dar de forma ágil la respuesta que merecen los ciudadanos. El virus no entiende de competencias, y la reconstrucción económica y social tampoco.