VALÈNCIA. La semana pasada la Conselleria de de Justicia y Administración Pública que dirige Gabriela Bravo remitió a todas las consellerias del Gobierno valenciano el borrador del nuevo decreto de teletrabajo para que éstas presentaran alegaciones. Un texto legal que deberá sustituir a la actual normativa -aprobada por el Consell en 2016- después de que la pandemia de la Covid-19 pusiera de manifiesto que hacía falta actualizar el decreto validado hace cuatro años.
El plazo para que los departamentos del Ejecutivo conformado por PSPV, Compromís y Unides Podem trasladen sus propuestas de modificación oscilan desde este miércoles hasta el viernes. Y, de momento, el número de cambios que se han puesto sobre la mesa no son pocos. Al menos, por parte de Compromís, ya que desde las carteras socialistas y las dos que dirigen los morados, se negaron a hacer públicas las reformas presentadas.
Las alegaciones de las consellerias gobernadas por la coalición valencianista -prácticamente todas guardan la misma esencia- comprenden desde cambios que podrían considerarse más técnicos, hasta supresiones de artículos completos por discrepar con su contenido, ampliaciones de días de teletrabajo permitidos, e incluso la necesidad de reflejar en artículos nuevos, negro sobre blanco, que la competencia para autorizar el teletrabajo del personal empleado público en situaciones de crisis correspondería a las propias consellerias en las que prestan sus servicios y no a la competente en Función Pública. Es decir, a la que gestiona Bravo.
'Enmiendas' que a en términos globales cuestionan que el "ámbito de aplicación -puestos que pueden teletrabajar- es muy restrictivo"; que las novedades que incorpora el decreto respecto al de 2016 son escasas; que el procedimiento para autorizar a un empleado público la modalidad de trabajo no presencial es "complejo y poco ágil"; que el control que incorpora para los funcionarios que teletrabajen excede del que se ejerce sobre el que lo hace en modalidad presencial; y que, en definitiva, el decreto es "insuficiente" y "no da respuesta a las distintas necesidades que plantea esta forma de prestación de servicios".
Así, Compromís pone reparos por ejemplo a que la norma cite que será de aplicación a los funcionarios. Un redactado que, de mantenerse, se estaría excluyendo al personal laboral y temporal, a quienes sin embargo sí contempla el decreto de 2016 que todavía sigue en vigor. Por este motivo, las carteras de la coalición valencianista piden a Justicia que se modifique este apartado y se incorpore que afectará "al personal empleado público".
Por otra parte, estiman que todos los puestos de trabajo en la Administración deberían ser susceptibles de poder prestar sus servicios mediante la modalidad de trabajo no presencial y no consideran "ajustado" que la Conselleria de Justicia y Administración Pública excluya a los "puestos de funcionarios de coordinación y supervisión" porque la pandemia ha demostrado que estas tareas se podían desarrollar mediante teletrabajo igualmente. Asimismo, tampoco comparten que se exceptúe al personal de libre designación, por lo que demandan que se supriman estas partes del decreto.
Otra de las modificaciones que proponen incluir algunos departamentos de Compromís es que el personal empleado público pueda teletrabajar un máximo de cuatro días a la semana y, en una situación de crisis como la actual, que pueda llegar a ampliarse hasta el 100%. Instan, además, a que la Conselleria de Bravo regule también las situaciones de crisis para no tener que crear de manera improvisada un programa de teletrabajo 'ad hoc' para este tipo de circunstancias.
Por lo que respecta a las menciones que realiza el borrador del decreto de que los empleados públicos deberán acreditar los conocimientos tecnológicos y realizar cursos para poder solicitar la modalidad no presencial de trabajo, Compromís discrepa abiertamente y elimina tales requisitos. ¿Los motivos? Precisan que las herramientas que los funcionarios utilizan desde casa, ya las emplean en sus puestos de trabajo día a día y, por tanto, no es necesario probar nada.
La coalición también rechaza que se les realice un control de objetivos "si no hay un marco negociado previamente"; pide que se elimine la mención "al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos o sistemas de geolocalización" porque "no procede"; y propone que la Administración sea quien proporcione los equipos informáticos a sus trabajadores para poder teletrabajar.
Compromís quiere que la norma recoja de manera clara que en "situaciones de crisis o de carácter excepcional" serán las subsecretarías de cada conselleria, y no la conselleria competente en Función Pública "las que fijen la distribución de la jornada semanal y la organización del personal en función de las necesidades de los servicios públicos que tengan encomendados y de la protección de la seguridad y salud de acuerdo con las directrices que se establecan por las autoridades competentes".
También alegan que debería concretarse más el siguiente artículo: "La comunicación de la finalización del programa deberá efectuarse por la Administración de la Generalitat al menos con dos meses de antelación". En su lugar, instan a que se concrete el órgano que debe realizarla, "la subsecretaría de la conselleria proponente del programa" de teletrabajo. Asimismo, también algunos reducen este plazo de dos meses a 15 días. En definitiva, un aluvión de alegaciones a las que además también cabrá esperar a las que han realizado socialistas y morados, que deberán hacerse públicas en las páginas de las consellerias en los próximos días.
