VALÈNCIA (EP). Los concejales de Compromís presentan mociones en los ayuntamientos de la Comunitat para instar al Consell a reclamar al Gobierno un mecanismo de cogestión del ingreso mínimo vital (IMV) para evitar duplicidades y el colapso de los servicios sociales.
También piden garantizar la financiación que facilite las condiciones de contratación para hacer frente, desde los servicios sociales municipales, a la gestión de la nueva renta sin perjuicio de los programas y subvenciones existentes.
Al margen de estas peticiones, la coalición celebra la puesta en marcha del IMV como "un paso decidido en la lucha contra la desigualdad". Una apuesta que quiere que esté alineada con los programas autonómicos como la renta valenciana de inclusión para "reforzar las políticas propias" de gobiernos autonómicos y municipales.
Compromís destaca en un comunicado que la Conselleria de Igualdad que dirige su coportavoz, la vicepresidenta valenciana Mónica Oltra, puso en marcha hace más de dos años el ingreso mínimo autonómico. Desde entonces se ha ido desarrollando a nivel municipal con formación del personal de servicios sociales, trámites asociados a la solicitud y valoración y diseño de itinerarios de inclusión.
Se trata de "un proceso complejo que implica un cambio de paradigma y gestión y que es prueba del carácter procesual de la implantación de este tipo de medidas". Ahora, con el sistema de gestión de la renta valenciana de inclusión "en pleno funcionamiento", este ingreso llega en todas sus modalidades a un total de 46.759 beneficiarios y 12.113 personas o unidades de convivencia a la espera de resolución.
Para la coalición, "poner en marcha un nuevo mecanismo desde cero sin aprovechar las experiencia y recorrido de mecanismos que ya están en funcionamiento supone renunciar a las enseñanzas previas de las propias administraciones, generando duplicidades innecesarias".
Compromís defiende que hay un "claro precedente" de que se puede gestionar el IMV respetando las competencias de las administraciones. Pone como ejemplo la gestión de los servicios sociales en materia de dependencia: el Gobierno aprobó una ley que fija mínimos y criterios comunes y las autonomías desarrollan la norma con personal, recursos, servicios y gestión cercana a la ciudadanía.