El ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy y el portavoz de Compromís, Joan Baldoví. Foto: EFEMADRID/VALÈNCIA (EP/VP). Compromís ha introducido una enmienda en la proposición de ley sobre represión penal de la financiación ilegal de los partidos políticos que la propia coalición valencianista registró en abril de 2017 en el Congreso y que fue tomada en consideración por el Pleno dos meses después. La iniciativa añadida plantea que en el futuro los partidos condenados por financiación ilegal -a día de hoy el PP como beneficiario de la trama- devuelvan íntegramente las subvenciones públicas recibidas, incluyendo las que se otorgan por los votos y escaños cosechados.
Una propuesta con la que Compromís pretende cubrir "el vacío legal" que, a su juicio, existe actualmente en la legislación española, que sólo permite castigar de forma individual a quien participe en estructuras de financiación ilegal, pero no a los partidos, como personas jurídicas, que las montan o se benefician de ella.
En concreto, su propuesta busca reformar el Código Penal para que los partidos que se beneficien de una financiación ilegal puedan ser suspendidos temporalmente de actividad, se les prohíba recibir subvenciones o incluso puedan ser disueltos.
La citada ley se trata de una de las 20 presentadas desde la oposición que llevaban muchos meses varadas en el Congreso acumulando sucesivas prórrogas de los plazos de presentación de enmiendas y que ahora, casi un año y medio después, se va a activar su tramitación.
Por otro lado, Ciudadanos quiere el Código Penal tipifique el delito del enriquecimiento ilícito por el que tendrán que responder las autoridades o funcionarios -hasta con una pena de uno a tres años de prisión- que, sin razón jurídica, experimenten un incremento de su patrimonio cuyo origen no puedan acreditar.
La formación naranja también regula el decomiso de bienes a los condenados por los delitos de prevaricación, tráfico de influencias o fraude o exacciones legales. Además, establece la responsabilidad civil subsidiaria de los partidos, sindicatos y organizaciones empresariales por los delitos cometidos en el desempeño de sus servicios sus empleados, sus representantes, gestores o sus cargos orgánicos.
Desde el PSOE, por su parte, han presentado a su vez enmiendas al texto de los valencianos con las que incrementan las penas actuales de cárcel, inhabilitación y multa por financiación ilegal de partidos. Así, los socialistas plantean aumentar de dos a cuatro años la pena de prisión -actualmente es de seis meses a cuatro años- y para aportaciones desde 250.000 euros -ahora es para donaciones desde medio millón de euros-.
También aboga por castigar no sólo a los partidos que se financien ilegalmente sino también a los donantes o persona interpuesta y por suspender la posibilidad de obtener ayudas o subvenciones públicas durante un periodo de tres a seis años, así como de contratar con las administraciones públicas por ese mismo periodo.
