Sofía García Solís. Foto: VPVALÈNCIA. El pasado mes de julio el Consejo de Transparencia sumó una baja. La profesora titular de Filosofía del Derecho en la Universidad de Alicante, Isabel Linfante, propuesta para el órgano por el grupo parlamentario Compromís dejó el cargo que había ostentado en los últimos tres años. Un vacío que ha durado casi seis meses, pero que, a priori, en las próximas semanas podría cubrirse.
La coalición valencianista propondrá en los próximos días que la vacante sea cubierta por Sofía García Solis. Licenciada en derecho por la Universidad de Valencia, lleva trabajando como abogada de CCOO-PV (en las Federaciones del Área Pública) desde 1988.
García ha desempeñado su carrera especialmente en el área de Sanidad, donde ha asumido la representación y defensa del personal estatutario al servicio de la Conselleria de Sanidad y del personal laboral del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia.
Así, el próximo lunes la Mesa de Les Corts cerrará el plazo para presentar candidatos. Si bien no se espera que haya más aspirantes aparte de García, ya que la ley de Transparencia de 2015 determina que el Consejo debe estar integrado por cuatro miembros y al inicio de legislatura la normativa se modificó para que cada grupo parlamentario pudiera proponer un nombre; en total, cinco. El nuevo consejero le correspondía designarlo a Compromís, ya que el resto de formaciones mantienen a los candidatos que nombraron al inicio.
Ahora, García Solís deberá comparecer en la comisión correspondiente de Les Corts para que los partidos validen su idoneidad para el puesto y, posteriormente, su nombramiento se eleve a un pleno de la cámara valenciana -el primero se celebrará el 16 de enero-, donde deberá reunir un respaldo de tres quintas partes.
Los escasos medios con los que cuenta el Consejo de Transparencia y la irresolución (o soluciones a medias) de los problemas con los que se encontraron sus miembros desde que comenzaron su actividad en 2015, fueron algunos de los motivos para que se produjera la primera renuncia de uno de los vocales del órgano. A estos se sumaron, la imposibilidad de Linfante de seguir compatibilizando la dedicación que el desempeño del cargo exigía con su profesión de docente en la Universidad de Alicante.
Respecto a los escasos medios, conviene recordar que durante el primer año de vida el Consejo no tuvo presupuesto. Lo que significaba que los consejeros, que no tienen dedicación exclusiva como sí ocurre en otros órganos de transparencia en España, debían compatibilizar sus reuniones mensuales para resolver expedientes con sus profesiones -la mayoría son docentes en universidades valencianas- para obtener un sueldo. Incluso tuvieron que financiar el material con el que trabajaban y resolvían casos: folios, carpetas, fotocopias...
Su situación cambió un año después, cuando la Generalitat incluyó una partida de 60.000 euros para su funcionamiento que, después del trámite parlamentario de enmiendas a los Presupuestos, ascendió a 90.000 euros. Además, comenzaron a percibir dietas por cada una de las reuniones que mantenían -una vez al mes por las que reciben una indemnización de 300 euros-. Sin embargo, su presidente, Macho, denunció que su situación seguía siendo "precaria" porque para resolver cada uno de los casos también necesitaban dedicarle tiempo aparte del empleado durante sus reuniones mensuales para estudiar cada expediente.
