Compromís recela del PSPV por el inédito contrato programa de À Punt

VALÈNCIA. La falta de noticias sobre el futuro contrato programa de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) comienza a escamar en Compromís. La coalición valencianista, que ya instó al Consell el pasado mes de enero a aprobar el nuevo documento que debe servir como marco para el periodo 2021-2023 ha decidido redoblar ahora la presión sobre su socio, el PSPV, para que Presidencia le dé acceso al texto que todavía no han podido consultar desde el pasado mes de diciembre.

Así, conviene recordar que hace tres meses -el 11 de diciembre-, el Consejo Rector de À Punt aprobó el nuevo contrato programa de la cadena y lo remitió a Presidencia de la Generalitat. Un documento que debe regir los objetivos de la radiotelevisión pública y que necesita la luz verde por parte del Ejecutivo valenciano para poder entrar en vigor. En concreto, este debía obtener el visto bueno de la dirección general de Presupuestos, pasar por la comisión mixta Consell-CVMC, aprobarse en un pleno del Consell y finalmente ratificarse en Les Corts Valencianes. 

Sin embargo, hasta la fecha la comisión mixta Consell-CVMC que componen tanto miembros de la cadena como de PSPV y Compromís en el Gobierno valenciano, no se ha reunido todavía. Por lo que los valencianistas, aseguran, que desconocen el contenido del documento. Una circunstancia que llevó el pasado mes de enero a la diputada de Compromís Mònica Àlvaro a trasladar una pregunta escrita a la Secretaría Autonómica de Prospectiva y Comunicació de Presidencia que ocupa Beatriz Gallardo en la que pedía conocer la fecha en la que estaba previsto celebrar la comisión entre Consell y Corporació para aprobar el contrato programa. 

Apenas unos días después, la Secretaría Autonómica de Presidencia que ocupa Andreu Ferrer se limitó a responder que el documento estaba "en fase de tramitación". Una réplica que ha generado un profundo malestar entre sus socios de Gobierno, que ya comienzan a teorizar sobre el motivo de este silencio y el contenido. "O tal vez es que quieren convocar la comisión en junio -último mes para poder aprobarse-, en el último momento, para que no nos dé tiempo a negociar con ellos", hipotetizan.

La desconfianza ya sobrevuela este debate y, por si cabían dudas, el pasado martes quedaron despejadas. La diputada Àlvaro de nuevo registró una petición de documentación dirigida a Presidencia en la que, tras un largo repaso por el contenido de la ley de À Punt, recuerda que las reuniones de la comisión mixta "deben celebrarse cada dos meses". Un dardo que no pasa desapercibido, puesto que esta periodicidad ahora mismo se incumple. 

No obstante, no es el único que recoge el escrito de la parlamentaria. También incide en el hecho de que la comisión de Les Corts "debe ser informada anualmente del contrato programa". Por todo ello, Àlvaro pide las actas de la comisión de seguimiento entre la Corporació y el Consell en 2020 y 2021, "y en especial en las que aparezcan referencias a la recepción del contrato programa propuesto por la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació y su Consejo Rector". Asimismo, también solicita toda la documentación referida a la tramitación del contrato programa 2021-2023. 

La discrepancia de las fechas

Con estos mimbres, cabe recordar que los socialistas restaron importancia al hecho de no tener aprobado el nuevo contrato programa antes de empezar 2021 porque, para esta parte del Consell, el anterior no caducaba "hasta junio de 2021". Afirmación que, no obstante, desde la À Punt rebatieron: alegaron que el documento en vigor expiró al finalizar 2020. Y lo cierto es que el texto legal publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana dice las dos cosas. 

El primer contrato programa publicado en el DOGV por Presidencia de la Generalitat establece que el documento acordado entre "el Consell y la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació" corresponde al "período 2018-2020". 

Sin embargo, en el articulado del mismo, la cláusula segunda especifica que el contrato programa debe tener, "conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 6/2016, una vigencia de tres años a partir de la fecha de la firma, sin posibilidad de prórroga". Es decir, que caducaría en junio de 2021, ya que el actual se firmó en junio de 2018.