Consell y CVMC discrepan sobre la caducidad del contrato programa de À Punt

VALÈNCIA. El pasado 11 de diciembre, el Consejo Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) aprobó el nuevo contrato programa de À Punt para el periodo 2021-2023. Un documento que ha de regir los objetivos de la cadena y que necesita la luz verde por parte del Ejecutivo valenciano para poder entrar en vigor. 

Un trámite que se podría demorar días, e incluso semanas. Según fuentes del Gobierno valenciano, el nuevo documento debe obtener el visto bueno de la dirección general de Presupuestos, pasar por la comisión mixta Consell-CVMC, aprobarse en un pleno del Consell y finalmente ratificarse en Les Corts Valencianes. Todo un periplo que ha impedido que este nuevo documento haya visto la luz antes del 1 de enero de 2021.

Una circunstancia a la que, sin embargo, en el Ejecutivo valenciano restan importancia porque explican que el contrato programa actual "no caduca hasta junio de 2021". Afirmación que, no obstante, desde la Corporació rebaten: alegan que el documento en vigor expiró al finalizar 2020. Y lo cierto es que el texto legal publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana dice las dos cosas. 

El contrato programa actual de À Punt publicado en el DOGV por Presidencia de la Generalitat establece que el documento acordado entre "el Consell y la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació" corresponde al "período 2018-2020". 

Sin embargo, en el articulado del mismo, la cláusula segunda especifica que el contrato programa debe tener, "conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 6/2016, una vigencia de tres años a partir de la fecha de la firma, sin posibilidad de prórroga". Es decir, que caducaría en junio de 2021, ya que el actual se firmó en junio de 2018. 

Con estos mimbres, desde la Corporació aseguran que han trabajado con el escenario de que éste caducaba en diciembre y no existía posibilidad de prórroga, pero en el Consell advierten de que todavía tienen seis meses para poder realizar todos los trámites pendientes para que pueda entrar en vigor, si bien la intención no es la de agotar los plazos.