VALÈNCIA. (EFE) Controles policiales en carreteras y estaciones de transporte, pasajeros preparados con la documentación que justifica que pueden entrar o salir de la Comunitat Valenciana, pero también algún despistado que no se había enterado de la prohibición, han marcado el inicio del cierre perimetral de esta comunidad.
A las doce del mediodía ha entrado en vigor el decreto del president de la Generalitat, Ximo Puig, que establece durante siete días naturales la prohibición de la entrada y salida de personas de la Comunitat Valenciana, salvo desplazamientos justificados por razones de trabajo, estudios, atención sanitaria o atención a dependientes.
En los límites con otras provincias, como en la A-3 en Villagordo del Cabriel (Valencia), o en el kilómetro 179 de la A-37, la autovía que une Alicante con Albacete y Madrid, se han instalado desde el mediodía controles que paran a todos los turismos -dejan pasar a camiones y furgonetas de reparto- y preguntan por el motivo del viaje.
"Hay gente a la que le ha pillado un poco de sorpresa", ha explicado a EFE el teniente Pina, del acuartelamiento de la Guardia Civil de San Juan de Alicante, quien reivindica que se trata de "medidas urgentes" y, aunque procuran "molestar lo menos posible", hay que llevarlas a término.
Entre los viajeros que han pasado por el control alicantino está Raquel, quien explica que "no cree" en estas medidas, pues ella viene en autobús donde están sentados "unos al lado de otros" y por tanto "no hay coherencia", o Rafael, que pide medidas "más severas", pues "si vienen cien personas" a la Comunitat, "una o dos" lo harán infectadas.
"Cuanto menos nos movemos, menos posibilidades de coger nada", señala Juani, quien cree que lo que da resultado es estar todos "más recogidos y más distanciados", mientras que Manuel ve "muy prudente" que se haya adoptado este cierre, pues se está "en la cresta" de la segunda ola de la pandemia.
En la estación del AVE de València se veía esta mañana menos movimiento del habitual de pasajeros, quienes para subir o al bajar del tren tienen que pasar el control de la Policía Nacional, donde se les pide la documentación que acredite que viajan por causas justificadas.
Entre esos viajeros estaba Chris, un francés que llegó justo ayer a España y regresa mañana Francia y que explica a EFE que compró su vuelo hace dos meses y quiere "seguir viviendo, tomando medidas", o Cecilia, una mexicana residente en España que en marzo se fue a su país y a la que el consulado le ha dado permiso para venir a recoger unos papeles.
Otro viajero francés que reside en València ha recortado unas vacaciones con su familia y vuelve hoy a casa, pues afirma que una vez han visto "semáforo rojo" en la evolución de la pandemia han decidido concluirlas, y una valenciana que venía del médico de Barcelona y llevaba un justificante para acreditarlo, aunque no le han pedido nada.
Las autoridades valencianas han insistido en la necesidad de este cierre perimetral que se anunció anoche ante la "evolución desfavorable" de la pandemia, sobre la que la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha dicho hoy que los datos de contagios, de casos activos y de fallecidos son "inapelables".
"No nos vamos a acostumbrar y no nos vamos a resignar a que cada semana haya un número de fallecidos equivalente a como si cayera un avión; eso es inasumible, y por tanto actuamos, en el ámbito de nuestras competencias", ha reivindicado Oltra, quien ha opinado que hay que actuar "con contundencia" para salvar vidas humanas.
Asimismo, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, ha recordado que "no se puede venir de turismo" a tierras valencianas, y ha alertado: "No vamos a consentir actos insolidarios que perjudiquen el esfuerzo colectivo".
Declara inconstitucional tanto esa prórroga como el nombramiento de autoridades competentes delegadas