FOTO: EFEVALÈNCIA. José María Corbín, cuñado de la fallecida exalcaldesa de Valencia Rita Barberá y abogado de la exsecretaria del grupo municipal del PP Mari Carmen García-Fuster, supuestamente cobró mordidas de contratistas del Ayuntamiento de Valencia al menos desde el año 2006, es decir, los últimos tres mandatos de Barberá al frente del consistorio, según informaron a Castellón Plaza fuentes de la investigación de la Operación Azud, y tal y como consta en la investigación realizada hasta la fecha por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).
Tanto Corbín como su amigo y presunto "colaborador" en el tema de las mordidas Diego Elum están detenidos desde el martes acusados de los delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad documental, delito contra la hacienda pública y tráfico de influencias.
Pese a al dato lapidario que supone que habrían cobrado mordidas durante diez años, lo que dejaría una media de 400.000 euros al año, las mismas fuentes informan de que la investigación "está más que en 'pañales' y podría remontarse mucho más atrás". Sobre todo, si se tiene en cuenta la ingente cantidad de documentación encontrada en los registros practicados este martes y miércoles que ha sorprendido a los investigadores por su volumen.
En cuanto a la operación Azud, según las fuentes consultadas la misma nació a raíz de una denuncia de la Agencia Tributaria. Datos como el hecho de que Corbín cobrara 3.000 euros al mes por asesorar a la empresa pantalla (Laterne) del PP de Valencia no cuadraban. Junto a esto, otro de los puntales de la investigación fue la bajada 'sorpresiva' de facturación tanto del despacho de Corbín como del de su amigo y segundo detenido, Diego Elum, tras perder las elecciones Barberá. Un descenso de más de un millón de euros un año y de dos el segundo.
El sumario explica que ambos detenidos habrían mediado y, presuntamente, cobrado mordidas de los contratistas del consistorio. Sin embargo, con el cambio de gobierno y la salida de Barberá del ayuntamiento la facturación de ambos despachos de desplomó como la bolsa en EEUU tras el crack del 29, lo que, junto a la denuncia, habría puesto sobre aviso a la UCO.
Por el momento, la única empresa que ha se conoce que es objeto de investigación es Acciona, que fue adjudicataria del contrato de control de la red de saneamiento en 2006, que incluye estaciones de bombeo, alcantarillas y la red de túneles de desagüe de Valencia. Los agentes pidieron todas las facturas relacionadas con los despachos de Corbín y Elud.
Este miércoles, la UCO siguió realizando registros. Entre los más destacados estuvo el que llevaron a cabo en el chalé que José María Corbín tiene en Xàbia. Hasta allí se desplazaron los agentes junto al detenido a primera hora de la mañana. Cerca de dos horas estuvieron buscando pruebas para el caso.
Este miércoles finalizaron los registros y las primeras tomas de declaración de los detenidos. Este jueves por la mañana está previsto que ambos pasen a disposición judicial ante la magistrada del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, Pepa Tarodo. Por el momento la Fiscalía Anticorrupción no ha decidido si solicitará o no prisión para José María Corbín y Diego Elum. Según explicaron fuentes del caso a Castellón Plaza, no tomarán esa decisión hasta que lean los primeros informes de la Unidad Central Operativa tras las detenciones y los registros.
Una vez finalicen los pasos a disposición judicial este jueves está previsto que, a partir de las cuatro de la tarde, los agentes de la UCO tomen declaración en la Comandancia de la Guardia Civil a las personas investigadas pero no detenidas. En esa lista se incluye a las tres hijas de José María Corbín así como a su mujer, la hermana de la exalcadesa, Asunción Barberá.
