Covid-19, dinero en efectivo y otros cantares

Mientras nuestros políticos buscan apoyos para aprobar los presupuestos y unos y otros discuten sobre si estos son más o menos sociales, el uso del dinero en efectivo que los ciudadanos vamos a poder manejar, parece que, finalmente, volverá a ser limitado con una nueva modificación de la Ley 7/2012.

Y es que, recientemente, ha sido aprobado el Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que incluye entre otras propuestas, la disminución del límite general de pagos en efectivo a tan solo 1.000 € (antes 2.500 €), eso sí, siempre que alguna de las personas intervinientes en la operación actúe en calidad de empresario o profesional, cosa que ocurrirá en la mayoría de las ocasiones.

La medida se dirige, principalmente, a intensificar la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, pero, ¿qué piensa de esta medida el Banco Central Europeo (BCE)?

El BCE emitió, en febrero de 2019, un dictamen al respecto, concluyendo que bajar a 1.000 € la limitación de los pagos en efectivo era desproporcionado si se considera su posible repercusión adversa en el sistema de pagos.

Un ejemplo claro son los negocios de hostelería, en los que los clientes satisfacen gran parte de sus consumiciones en efectivo, por lo que suelen disponer de cantidades considerables del mismo, con las que luego los hosteleros hacen frente al pago de las facturas de sus proveedores, generalmente distribuidoras de bebidas y alimentación.

Desde Hacienda defienden que el pago máximo en efectivo de 1.000 € para empresarios, está en línea con los avances tecnológicos en los medios de pago, sigue las tendencias internacionales en materia de lucha contra el fraude y ya se aplica en países vecinos como Francia y Portugal.

En lo que sí están todos de acuerdo, es en que la pregunta "¿con IVA o sin IVA?" sigue engrosando la economía sumergida de nuestro país.

Pero tampoco aquí nos ponemos de acuerdo; mientras que el informe Funcas del 2018 sitúa la actividad opaca en España entre el 18,5% y el 24,5% de nuestro PIB, el plan estratégico 2020/2023 de la Agencia Tributaria lo estima en el 11,2% del PIB. En cualquier caso, siempre lejos de países 'modélicos' como Suiza con un estimado 3,9% de su PIB.

Parece que la pandemia y el maldito covid-19 han generado cierto temor al uso de monedas y billetes, llevando a algunos establecimientos a recomendar el pago con tarjeta. Incluso algunos ayuntamientos, como el de Valencia, han suspendido el pago en efectivo en los autobuses. En definitiva, la norma que se pretende aprobar viene apoyada por la situación que estamos viviendo. El uso del dinero en efectivo ya está menguando y así lo confirma un informe de Mastercard; más del 53% de la población española asegura que ha disminuido el uso del dinero en efectivo, y aún me parece poco.

En cualquier caso, la mencionada disminución es una clara tendencia en la mayoría de países, sirvan com ejemplo Dinamarca que, ya en el 2016, eliminó el cash de tiendas de ropa, restaurantes y gasolineras, o Suecia donde el 95% de las compras al por menor se realiza ya sin efectivo.

Para finalizar con algo positivo, decir que la norma, que previsiblemente será aprobada, minimiza la medida en las pequeñas economías domésticas, manteniendo el límite de 2.500 € para los pagos en efectivo realizados por las personas que no actúen en calidad de empresarios y profesionales.

Adicionalmente, también se establece una reducción del 50% de la sanción prevista (25% de la cuantía indebidamente pagada en efectivo) por su diligente ingreso en plazo, con carácter similar al que se establece en la normativa sancionadora de tráfico.

Y es que como ya decía Baltasar Gracián allá por el 1647, "en todo hay sus pros y sus contras".

Vicente Graullera es presidente de la Sección de Derecho Tributario del ICAV y Socio de PML Abogados, Grupo Asesor