El vicepresidente y conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, presentó el pasado verano un programa que había puesto en marcha su departamento para realizar actuaciones urbanas en municipios de la Comunitat Valenciana. Un plan de ayudas dirigido a rehabilitar edificios municipales y adecuar entornos urbanos de distintas localidades del territorio valenciano que el área gobernada por los morados vistió de concurso -si bien a efectos legales no fue tal- para terminar otorgando subvenciones a dedo a un total de 24 municipios valencianos de los 70 que fueron beneficiados. De esta manera, municipios que tenían mejor puntuación según el baremo establecido por la propia conselleria se quedaron sin ayuda mientras que otros peor valorados sí la recibieron.
Todo comenzó el 3 de abril de este año. Pocas semanas después de que estallara la pandemia, la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática publicó en su página web un comunicado dirigido a los ayuntamientos valencianos para exponerles que la Administración autonómica disponía de una línea presupuestaria para subvencionar proyectos de este tipo: actuaciones que podían atender desde la "rehabilitación de edificios del patrimonio municipal, tanto de carácter social, cultural o histórico", como la "reforma y adecuación de las calles, plazas y zonas de esparcimiento".
La intención, según describía el escrito, era "abrir a todos los municipios del territorio la posibilidad de ser objeto de una de estas intervenciones". Por lo que, además de describir en qué consistía esta iniciativa, invitaba este año a los consistorios a trasladar a la Conselleria una memoria con las prioridades urbanas que tuvieran y realizaran sus peticiones. En atención a estas solicitudes, Vivienda seleccionaría los proyectos que se redactarían "con el objeto de planificar la ejecución de las obras y realizar su consignación presupuestaria en los Presupuestos de la Generalitat a partir del ejercicio 2021".
Los beneficiarios podrían obtener como máximo 250.000 euros -IVA incluido- si la actuación se planificaba en un ejercicio presupuestario, ó 500.000 euros si se hacía en dos. Ahora bien, la Generalitat podría analizar la posibilidad de hacer intervenciones que superaran estos importes si eran susceptibles de ser cofinanciadas con otros entes y, en el peor de los casos, los ayuntamientos siempre percibirían un importe mínimo de 100.000 euros. La adjudicación de ayudas se realizaría "siguiendo criterios de oportunidad, necesidad y proporcionalidad".
En total, Vivienda recibió 450 propuestas de actuaciones de diferentes municipios valencianos. Algunos de ellos, presentaron varios proyectos, pero en caso de ser elegidos, la Generalitat advertía que solo correría con los gastos de uno de ellos: el que priorizasen los municipios. Dado el volumen de solicitudes recibidas, la cartera dirigida por Dalmau amplió de 20 obras que preveía realizar a 70.
Dos meses después de que se pusiera en marcha el programa, la Conselleria de Vivienda publicó el listado de los municipios que habían resultado elegidos. Sin embargo, el documento de la resolución despertó suspicacias en los consistorios que quedaron fuera, ya que el departamento de Dalmau tan solo hizo pública una tabla con la relación de las localidades beneficiadas y las actuaciones comprometidas en cada una de ellas. En la web no podía consultarse ni puntuaciones, ni motivos de exclusión del resto, ni tampoco qué factores habían llevado a estos pueblos a situarse en lo más alto del ranking.
Tras las quejas emitidas por varios ayuntamientos, el área de Vivienda se vio obligada a publicar los criterios de selección que había empleado para resolver este programa que aunque no fue un concurso al uso, se diseñó como tal. La evaluación tendría en cuenta, por una parte, unos criterios técnicos por los que los consistorios podían llegar a sumar 7 puntos y, por otra, atendería tres criterios sociales: si la localidad se había visto afectada por la DANA de septiembre de 2019; si se encontraba en riesgo de despoblamiento; y si se hallaba "identificada en el VEUS", un índice que sirve para determinar la vulnerabilidad habitacional en cada municipio.
La baremación, así, se llevaría a cabo de la siguiente manera: en primer lugar, si un pueblo conseguía sumar 7 puntos en la parte técnica, automáticamente sería seleccionado. En su defecto, si en este primer corte tan solo lograban 5 ó 6 puntos, resultarían igualmente electos si se encontraban identificados en VEUS con una puntuación superior a 2, si habían sido afectados por la DANA o si tenían riesgo de despoblación. El tercer y último caso bajo el que se podría acceder a estas ayudas era que en la puntuación técnica obtuvieran 4 puntos y en VEUS sumasen más de 3 puntos. Si un pueblo no se ubicaba en ninguno de estos tres supuestos, no resultaría favorecido.
La puntuación nunca llegó a publicarse, y con razón. Castellón Plaza ha tenido acceso al documento de la baremación elaborado por los funcionarios de la Conselleria de Dalmau en el que puede comprobarse que 24 de los 70 municipios que fueron beneficiarios no cumplían los requisitos ni alcanzaban tampoco las puntuaciones mínimas para lograr esta ayuda concedida por la Vicepresidencia segunda del Gobierno valenciano. Localidades que saltaron por encima a otras mejor valoradas que, sin embargo, quedaron fuera de este programa que la cartera de Dalmau quiso vestir de concurso y en el que terminaron concediéndose más de un tercio de las ayudas a dedo.
Así, según el documento, no cumplían los mínimos exigidos los proyectos presentados por las corporaciones de Puebla de Arenoso, Cortes de Arenoso, Vinaròs, Callosa del Segura, Almoradí, Santa Pola, Sagunto, Ayora, Elda, San Vicent del Raspeig, Argelita, Meliana, Manises, Yátova, Buñol, Poble Nou de Benitatxell, Gata de Gorgos, Benissa, Teulada, Xàbia, Castelló de la Plana, Moncofa, Requena y Atzeneta d'Albaida. Alguno de ellos tenían un 0 en la puntuación. En total, las ayudas concedidas que percibieron suman 5.541.752 euros, ya que algunos presentaron proyectos que superaban los 250.000 euros, pero otros no alcanzaban esta cuantía.
De estos municipios, el 75% están gobernados por fuerzas del Botànic -PSPV y Compromís, principalmente-, si bien en algunos de ellos también participa Podem en su ejecutivo, como por ejemplo en Manises, Buñol, Vinaròs, Castelló o Requena. Asimismo, entre la lista de beneficiados que no cumplían los requisitos también se encuentran localidades con las que el vicepresidente guarda una especial relación, como Xàbia o Teulada. Seis de estas localidades están gobernadas por el PP.
Estos 24 municipios, cabe señalar, fueron elegidos saltando a otros que obtuvieron mejor puntuación en la fase de baremación, según el documento elaborado por los técnicos de la Conselleria y al que ha tenido acceso este diario. Es el caso, por ejemplo, de Herbés, Barracas, Altea, Cullera, Sueca, La Pobla Llarga, Albaida, Ontinyent, Ademuz, Muro de Alcoy o Cortes de Pallás, entre otros.
Desde la Conselleria de Vivienda, preguntados por esta resolución, explican que el programa Reconstruïm pobles "se ha articulado por medio de una subvención nominativa a favor de cada uno de los ayuntamientos beneficiarios" y así se encuentra prevista en la Ley de Presupuestos de la Generalitat para 2021. "No se ha realizado, por tanto, una convocatoria pública ni se ha publicado resolución de adjudicación alguna en la que se hayan planteado criterios de valoración ni motivado el cumplimiento o incumplimiento de requisitos de selección", concluyen.
No obstante, conviene subrayar dos cuestiones tras esta respuesta: en las cuentas autonómicas de 2021, Vivienda ha consignado una línea nominativa para cada municipio porque la fase de presentación de memorias de necesidades tuvo lugar en abril y la selección de proyectos ya se realizó en julio. Por lo que, a la hora de realizar en octubre el presupuesto, el departamento de Dalmau tenía la obligación de plasmar la línea nominativa para los 70 beneficiarios, dado que al haber sido seleccionados en julio de alguna manera el presupuesto se encontraba ya adjudicado porque ya tenía destinatarios.
En segundo lugar, lo cierto es que Reconstruïm pobles siguió un procedimiento para resolver qué municipios recibirían ayudas igual al de muchas convocatorias de subvenciones, donde hay unas reglas para que se otorguen a quien más las necesita: se expuso que la intención era "abrir a todos los municipios del territorio la posibilidad de ser objeto de una de estas intervenciones", se exigió a los ayuntamientos que trasladaran sus propuestas, se les requirió una memoria de necesidades y, además, se les pidió que priorizasen las actuaciones si elevaban varios proyectos. Además, cuando el área de Arquitectura Bioclimática publicó la lista de los 70 seleccionados, también anunció en la web de la Conselleria una serie de criterios que se habían seguido para elegir a los pueblos con más necesidades y que a priori servirían para dejar fuera a otros con actuaciones menos urgentes. Ahora, después de todo, Vivienda explica que no era un concurso.
En definitiva, la Conselleria podría haber concedido las ayudas a dedo sin que hubiera sido ilegal esa forma de actuar, pero lo quiso vestir de convocatoria pública mediante concurrencia competitiva y exponer que se habían seguido unas normas a la hora de otorgar las subvenciones para luego finalmente terminar ofreciendo las ayudas sin aplicar este criterio en 24 casos que recibieron la ayuda a dedo.
