Rubén Martínez Dalmau, vicepresidente segundo y conseller de Vivienda. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Aunque fue uno de los planes 'estrella' de la Conselleria de Vivienda en la pasada legislatura, entonces capitaneada por la socialista María José Salvador, el primer concurso público para la compra directa de viviendas a particulares para destinarlas al alquiler social no acabó de cumplir con los objetivos marcados, debido a los rígidos requisitos exigidos. Aunque el plan suscitó bastante interés y se llegaron a recibir 100 solicitudes con una oferta total de 280 viviendas, finalmente solo se cerró la adquisición de 41 inmuebles.
Ahora, el departamento que dirige Rubén Martínez Dalmau lanza una segunda convocatoria con criterios más flexibles, para poder así duplicar el número de inmuebles y llegar a los 80 aunque, eso sí, con una menor partida presupuestaria. En concreto, Vivienda sacará esta convocatoria con un presupuesto de licitación de 6,2 millones de euros frente a los 11,2 millones que licitó el anterior equipo de Vivienda. En total, cinco millones menos para un plan que tiene como objetivo destinar esas viviendas adquiridas por la Generalitat Valenciana a alquiler social y asequible y a colectivos vulnerables como mujeres víctimas de violencia de género.
Sin embargo, en la primera convocatoria no se llegó a gastar todo el presupuesto y la Conselleria, ya con Dalmau al frente, únicamente ejecutó 3,1 millones para los 41 inmuebles que se adquirieron. Y fueron estos tres millones ejecutados la cifra en la que el conseller se basó este pasado martes en rueda de prensa para asegurar que la partida se había ampliado en esta segunda ocasión. "La dotación se duplica a la del anterior concurso al pasar de 3,1 a 6,2 millones con la intención de duplicar también el número de viviendas", enfatizó. Sin embargo, atendiendo a la cuantía que se va a destinar a este plan, el montante desciende cinco millones en esta segunda convocatoria, al pasar de 11,2 millones en la primera a 6,2 en esta ocasión.
En un acto que contó con representantes del sector inmobiliario valenciano, Dalmau explicó que esta iniciativa llegaba en "un momento de gran dificultad" y en un contexto de "emergencia habitacional" en la autonomía valenciana. De hecho, el objetivo de la Conselleria es claro: comprar viviendas a particulares y entidades financieras que dispongan de inmuebles, así como grandes tenedores para "dar una mayor respuesta a las situaciones de emergencia habitacional en las localidades donde se produzcan esas compras", incidió. Y es que solo se aceptarán ofertas de inmuebles ubicados en los 234 municipios valencianos en los que existe mayor necesidad y demanda de vivienda con fines sociales.
Para ello, se han flexibilizado los requisitos que deben reunir los inmuebles que opten al concurso y se incluyen algunos supuestos en el pliego de condiciones con los que ya trabajaba el equipo de Salvador antes de dejar Vivienda, como son las viviendas hipotecadas o en construcción. Así, como novedad, el texto, que se publicará en breve en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), admitirá inmuebles gravados con derecho real de garantía como la hipoteca, un supuesto que en la primera convocatoria no se aceptaba. No obstante, se exigirá el compromiso del propietario de cancelación con carácter previo o simultáneo a la suscripción de la correspondiente escritura pública de compraventa.
También se incluirán viviendas en construcción o que necesiten rehabilitación o reparaciones para conseguir las condiciones de accesibilidad y habitabilidad exigidas, siempre que la propiedad se comprometa a ejecutar a su cargo la adecuación necesaria antes de la formalización de la compraventa, es decir, "siempre y cuando su finalización esté prevista en un plazo inferior a los tres meses desde el inicio del procedimiento al objeto de ampliar las ofertas de inmuebles en fase final de ejecución", explicó el conseller.
En esta segunda convocatoria, también se podrán presentar viviendas unifamiliares situadas en el centro urbano de municipios con población inferior a 10.000 habitantes, mientras que en el primer concurso solo se admitían pisos. Eso sí, las viviendas no podrán tener una antigüedad superior a 50 años y deberán estar libres de cargas y gravámenes, aunque se admitirán viviendas con hipoteca.
Además, deberán contar al menos con un salón-comedor, cocina, dormitorio, y baño y cumplir con las condiciones de habitabilidad y accesibilidad según la normativa vigente. También se exigirá que estén en condiciones óptimas o adecuadas para ser ocupadas inmediatamente después de la formalización de su adquisición.
El precio que la Generalitat pagará por los inmuebles no podrá superar el máximo de la vivienda protegida, que depende del módulo correspondiente y su ubicación. A este respecto, el conseller detalló que rondará los 85.000 euros de media.
