MADRID (EFECOM). El Gobierno prevé aprobar el próximo viernes, en el último Consejo de Ministros del año, el real decreto que con toda probabilidad ponga fin a 90 años de cabinas telefónicas en España, con lo que estos teléfonos públicos, ya en desuso, comenzarían a desaparecer de nuestras calles a partir de enero.
Actualmente hay unas 16.000 cabinas en la vía pública, según fuentes de Telefónica, que está obligada hasta el próximo 31 de diciembre a prestar este servicio al ser designada de forma directa por el anterior Ejecutivo, tras quedar desierto el último concurso convocado por falta de interés de los operadores.
El Gobierno tiene que adoptar una decisión sobre su futuro antes de final de año, ya sea suprimir del servicio universal de telecomunicaciones la obligación de mantener una oferta suficiente de teléfonos públicos de pago o prorrogarla un año más, algo considerado "muy improbable" por fuentes del sector.
Y si se pronuncia a favor de eliminar la obligación, a partir del 1 de enero ya no habrá más concursos para adjudicar el servicio y Telefónica tendrá vía libre para ir retirándolas de la vía pública.
Los teléfonos públicos forman parte del servicio universal con el que se garantiza que todos los ciudadanos tengan acceso a servicios de telecomunicaciones con independencia de su localización geográfica, con una calidad determinada y un precio asequible.
Esto implica llevar la red de telecomunicaciones a cualquier punto del país, incluidas las zonas no rentables, contar con cabinas telefónicas, guías de teléfonos y servicios adaptados para personas con discapacidad y, desde 2012, el acceso a la banda ancha.
En el caso de las cabinas, garantiza que tiene que haber como mínimo un teléfono público en cada municipio de 1.000 o más habitantes, a los que se sumaría uno más por cada 3.000 habitantes.
El anterior Ejecutivo se mostró a favor de eliminar esa obligatoriedad referida a las cabinas en un borrador de real decreto que remitió a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que elaborase un informe al respecto. Y en él la CNMC, como ya había hecho en otras ocasiones, dijo que no veía razones para seguir prestando esos servicios como parte del servicio universal.
El más que previsible fin de las cabinas telefónicas llega 90 años después de que en 1928 se instalara en Viana Park, en el Parque del Retiro de Madrid, el primer teléfono público de España.
La caída de su uso, de forma paralela a la extensión de la telefonía móvil, y el coste cada vez mayor de mantenimiento, en parte por el vandalismo que sufren, han influido en la lenta decadencia experimentada por las cabinas.
Las aproximadamente 16.000 cabinas que quedan en la actualidad son cuatro veces menos que las 65.000 que llegó a haber a finales de la década de 1990, sus años de mayor esplendor, aunque si se tienen en cuenta también los teléfonos existentes en recintos privados como aeropuertos y hospitales, la cifra máxima rondaría los 100.000.
De las cabinas que quedan en la actualidad, una gran parte ya no son rentables y las que sí lo son no cubren la rentabilidad del conjunto del servicio. Según Telefónica, la mitad de las cabinas actuales no cursan ni una sola llamada y, según un estudio de la CNMC, el 88 % de los españoles jamás ha utilizado una cabina.
Además de las cabinas, la norma que apruebe el Consejo de Ministros, que podría adoptar forma de real decreto ley, podría suprimir otras obligaciones del servicio universal, como la elaboración de las guías telefónica impresas y electrónicas y el servicio de consulta telefónica sobre números de abonados.
Algunos países europeos, como Francia, Bélgica y Dinamarca han ido suprimiendo también algunos de estos elementos del servicio universal y el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas no incluye tampoco ninguna de las tres prestaciones como parte del servicio universal.
El coste de estas prestaciones es sufragado por los operadores obligados a contribuir al servicio universal.
egún el último dato de la CNMC, el coste de las cabinas telefónicas del servicio universal se incrementó un 55,8 % en 2015 con respecto a 2014, hasta superar los 2 millones de euros. Este coste no ha parado de crecer en los últimos cuatro años: en 2014 fue de 1,3 millones; en 2013, de 1,2 millones y en 2012 de 398.998 euros
