Declaraciones de 'El Bigotes', Costa y una carta de Barcaiztegui, razones de la jueza para procesar a Camps

VALÈNCIA (EP). La titular del Juzgado de Instrucción número 17 de València, en el auto en el que procesa al expresidente de la Generalitat Francisco Camps en la causa por la construcción del circuito urbano de la F1 en la capital valenciana, señala, entre los elementos que le llevan a adoptar esta decisión, una "esclarecedora carta" del también procesado Victoriano Sánchez-Barcaiztegui, ex director general de Obras Públicas, y las declaraciones del que fuera responsable de Orange Market, Álvaro Pérez 'El Bigotes' y las del ex secretario general del PPCV Ricardo Costa.

La magistrada considera en su resolución, contra la que cabe recurso, que Camps, "excediéndose de las funciones y competencias que le correspondían", "con la única intención de proyectar su imagen" como máximo representante de la Comunitat y "arrogándose facultades no propias de su cargo, ideó, planificó, impulsó y dirigió la construcción de un circuito urbano de F1 en Valencia con fondos públicos, urdiendo un plan en el que implicó a funcionarios, autoridades, a personal que prestaba servicio en el Ayuntamiento y en la Conselleria de Infraestructuras de la Generalitat y a empresas".

En los razonamientos jurídicos del auto, la magistrada, que atribuye al expresidente los delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental; cohecho y/o tráfico de influencias, y cree, por la instrucción realizada que hubo "trato de favor a determinadas empresas" que realizaron donaciones y fueron beneficiadas de adjudicaciones públicas, alude a la sentencia del Juzgado de lo Central de lo penal de la Audiencia Nacional de junio del pasado año sobre la financiación irregular del PPCV en las elecciones de 2007 y 2008 y los 'papeles de Bárcenas'.

En esta línea, señala que el testigo Álvaro Pérez 'El Bigotes', condenado a seis años y nueve meses en esa causa, ha implicado en este caso a Camps como el "principal artífice y promotor" de la construcción del circuito tras reunirse con Ecclestone a quien le presenta, según él, Alejandro Agag -yerno de José María Aznar-, y destaca la audición de conversaciones, como las mantenidas por el que fuera responsable de Orange Market y el número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, de fecha 6 de noviembre de 2008, "con clara referencia a la lacra y el cementerio que va a ser la F1, corroborando la versión del testigo Álvaro Pérez frente a la de Pablo Crespo".

En otras de dos días después entre Pérez y Correa, el primero reconoce el "papel director" del exvicepresidente del Consell Vicente Rambla, también procesado, en los grandes eventos y que en la F1 "todo lo ha dirigido él". Asimismo, se alude al control de la F1 por Rambla en conversaciones entre ambos en diciembre y noviembre, en estas últimas junto al nombre de Camps.

Según la jueza, el testimonio de 'El Bigotes' respecto de sus buenas relaciones con Camps, lo que le permitía el conocimiento de datos y extremos del circuito de F1, "resulta corroborado con conversaciones" entre ellos de diciembre de 2008.

Facturación falsa

Sobre Costa, apunta que en su declaración judicial de junio del pasado año, reconoció el mecanismo instaurado para financiar los actos realizados en la campaña electoral por el PP para las autonómicas de 2007, consistente bien en facturación falsa o ficticia -Hormigones Martínez, una de las adjudicatarias de las construcciones del circuito- o aportaciones de fondos en efectivo por parte de las empresas, que le fue trasladada por el exvicepresidente Víctor Campos y después asumida por Rambla "a través de una llamada a su móvil particular en julio o agosto de 2007, y confirmado por Francisco Camps en la reunión que tuvo en su despacho personal con Álvaro Pérez y Pablo Crespo".

En ella, según mantienen Costa y 'El Bigotes, aunque lo negó Crespo, el primero llamó a Camps para "comunicarle que no están de acuerdo con el tema de las facturas falsas y este le contesta que 'es esa forma como se tienen que hacer'".

"El encargo del presidente tenía que cumplirlo"

En cuanto a Sánchez-Barcaiztegui, según el auto, solicitó un estudio de viabilidad para la construcción de un circuito urbano en Valencia, tras pedírselo Camps. De acuerdo con esa declaración, reproducida en parte en el escrito, el ex secretario autonómico afirmó que creía que "a mediados del año 2006 le pide el sr Camps que se encargue de los prolegómenos del circuito que va a hacerse y que como director general de Obras Públicas y amigo, y el plan en que se lo dijo, tenía claro que el encargo del Presidente tenía que cumplirlo".

Fachada poco bonita

Barcaiztegui estudió diversas soluciones, junto con su hijo, también ingeniero, y llegó a la conclusión de que el desarrollo definitivo lo tenía que hacer un profesional y pactarse con Puerto y Ayuntamiento, además de "evidenciar" dos problemas fundamentales: el incumplimiento de las normas de la FIA y el posible impacto ambiental por los ruidos" de los coches, además de que la fachada de la calle J.J.Dómine por la que discurriría la carrera "no es tan bonita para la imagen de Valencia", junto con el "coste elevado" de ejecución, que cifraba entre cuatro y seis millones.

Estos extremos se contienen en una carta dirigida al presidente y que fue intervenida en un registro. El documento, según las propiedades del archivo de Word, se realizó el 15 de mayo de 2006. Asimismo, se le intervino un Excel, de 3 de abril de 2007, denominado 'presupuesto obra circuito', en el que se contienen opciones de alquiler gradas, boxes y mezzanines así como costes por montaje de instalaciones permanentes y desmontables, en fecha anterior a reunirse Camps con el magnate de la F1 Bernie Ecclestone, en un encuentro privado en Londres.

Tras constatar esos problemas del trazado del circuito que refiere en la carta --con "claras referencias" al Puerto y Puente Levadizo, a la Alameda, la posibilidad de ver la Ciudad de las Artes y las Ciencias y con el objetivo final de enseñar este complejo y el Puerto-- y con la participación en el proyecto del Ayuntamiento y Autoridad Portuaria de València, con los que había "necesidad y obligación de pactar", y "empleando el ardid" que amparara la construcción del circuito urbano con "apariencia de legalidad y so pretexto de modernizar las infraestructuras" y al "socaire de un pretendido estudio de soluciones viales", decidió involucrar a la empresa Typsa, que resultó adjudicataria del estudio de las soluciones viales de acceso y conexión con la ciudad desde el Puerto.