Aspecto de la manifestación por el 1 de mayo, a su paso por la Porta de la Mar. Foto: KIKE TABERNERAño de grandes convocatorias que han sacado a la calle a la ciudadanía en defensa del sistema público de pensiones, que han conseguido recuperar poder adquisitivo, detener la reforma impuesta en 2013 y aplazar su entrada en vigor. Ahora es fundamental garantizar su sostenibilidad, comprometiendo la actualización económica de acuerdo con el crecimiento de los precios y derogando el llamado factor de sostenibilidad, que en realidad es un recorte progresivo de la cuantía de las pensiones.
También ha sido el año en el que la lucha por la igualdad real entre mujeres y hombres ha pasado de reivindicación a revolución social. Una movilización que pretende combatir la histórica discriminación laboral de las mujeres, la brecha salarial y las diferentes violencias que padecen, cuya máxima expresión es el asesinato.
Un año en el que hemos ganado la batalla dialéctica sobre la necesidad de incrementar los salarios, dejando atrás el discurso de la austeridad. Primero con el acuerdo de subida salarial del personal público, después con la del SMI y, posteriormente, con la firma del Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) entre patronal y sindicatos, que comprometió un incremento del 2% fijo más 1% variable, un salario mínimo de convenio de 14.000 euros al año y la mejora de aspectos sustanciales de la reforma laboral. Si bien, en la negociación de algunos convenios colectivos, como el del textil o el de hostelería, nuestra contraparte no está cumpliendo con lo pactado.
Con la moción de censura de junio y la llegada al Gobierno del PSOE, se han abierto nuevas posibilidades de avanzar en el terreno social, algunas ya concretadas y otras por confirmar. El Consejo de Ministros ya ha aprobado la subida salarial del personal público para 2019 y el incremento del SMI a 900 € mensuales, entre otras medidas.
Queremos que se reviertan la medidas lesivas, y contrarias a los intereses de las y de los trabajadores, que adoptó el Gobierno del PP como fórmula para la salida de la crisis
En el ámbito del diálogo social, CCOO viene trabajando en una modificación profunda de la reforma del Estatuto de los Trabajadores. Entre otras cuestiones, que vuelva a prevalecer el convenio sectorial respecto al de empresa; el mantenimiento de la ultraactividad, que significa que no caducan las condiciones laborales cuando finaliza el convenio hasta la firma de uno nuevo que lo reemplace; el registro de la jornada de trabajo para evitar la realización de horas extraordinarias impuestas, que no se pagan o lo hacen en negro; o actuando sobre la precariedad que genera la normativa actual sobre subcontratación.
En definitiva, queremos que se reviertan la medidas lesivas, y contrarias a los intereses de las y de los trabajadores, que adoptó el Gobierno del PP como fórmula para la salida de la crisis y que ha llevado a este país a unos índices de precariedad y de desigualdad social sin precedentes. Si el actual Ejecutivo no está a la altura, los sindicatos ya hemos anunciado nuevas movilizaciones.
En nuestro territorio, hemos contribuido al fortalecimiento de la protección social, a través del nuevo sistema de servicios sociales y de la Ley Valenciana de Renta de Inclusión. También estamos participando en la transformación del modelo económico valenciano, potenciando la industria y los proyectos de investigación e innovación, porque necesitamos empresas fuertes que paguen bien a su personal.
Una política empresarial privada que debe contagiarse de la estela de la Ley de responsabilidad social con la que, a través de las cláusulas laborales, las personas trabajadoras de empresas que prestan sus servicios para las administraciones públicas valencianas y las universidades, mejorarán sus condiciones. Además de tener el derecho a ser subrogadas en el caso de que sea otra la empresa adjudicataria del servicio, se les aplicará el convenio sectorial de referencia. Todo esto ya lo dice la ley y en este 2019 tendremos que desarrollarlo para que sea efectivo.
Arturo León López es secretario general de CCOO PV
El Ejecutivo autonómico llega a un acuerdo con el central por el artículo que todavía permitía los contratos por obra y servicio, que chocaba con la reforma laboral
