BRUSELAS (EFE). La Unión Europea (UE) enfila la recta final de un año incierto y difícil marcado por la crisis generada por la pandemia y con dos asuntos de gran calado para su futuro aún por resolver: que Varsovia y Budapest acepten que los presupuestos estén vinculados al Estado de derecho y el colofón del Brexit.
Todos los elementos parecen dispuestos sobre el terreno europeo, ya abonado por la crisis, para lo que podría ser una "tormenta perfecta", cuyos nubarrones llegados del este (Hungría y Polonia) y del oeste (Reino Unido) tienen el reto de despejar dos mujeres alemanas: la canciller Angela Merkel, como presidenta de turno de la UE, y la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la que fuera su ministra de Defensa.
Dos asuntos capitales que, si las negociaciones en curso no lo remedian, vendrán de una forma u otra a recargar aún más el último Consejo Europeo del año, previsto los días 10 y 11 de diciembre, con ya de por sí una repletísima agenda de fin de presidencia alemana.
Aunque el fondo de recuperación del coronavirus y el presupuesto a largo plazo (2021-2027) de la UE, de 1,8 billones de euros, benefician enormemente a Hungría (unos 15.000 millones) y a Polonia (63.000 millones), las nuevas disposiciones sobre el respeto del Estado de derecho a la recepción de ese dinero acordadas entre la mayoría de países y el Parlamento Europeo no gustan al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ni al polaco, Mateusz Morawiecki.
Su alianza la escenificaron en una comparecencia conjunta el jueves en Budapest: "Ni Polonia ni Hungría aceptarán ninguna propuesta que el otro considere inaceptable", dijeron.
Orbán y Morawiecki, que encabezan Gobiernos ultraconservadores y nacionalistas, mantienen que el mecanismo de condicionalidad no está en línea con los tratados europeos, que es arbitrario y tiene motivaciones políticas y podría usarse contra cualquier país.
En una conversación telefónica este viernes Morawiecki le dijo a Merkel, quien lidera la negociación, que el "punto de partida" para levantar el veto debe ser "el derecho soberano de los estados europeos a aplicar cambios y reformas, así como la letra y el espíritu de los tratados", algo que Varsovia -al igual que Budapest- cree que el mecanismo de condicionalidad no respeta.
Si tienen dudas sobre su legalidad, anticipó el miércoles Von der Leyen, que acudan al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), "el sitio donde habitualmente resolvemos nuestras diferencias legales, y no a costa de millones de ciudadanos" privados de fondos.
Y es que reabrir tratados está más descartado aún hoy que modificar el mecanismo que contempla que se puedan paralizar los pagos a países que violen los valores democráticos si lo propone la Comisión y lo apoya una mayoría cualificada de países.
"No tenemos ninguna intención en la Comisión Europea de cambiar el acuerdo, como seguro que tampoco la tiene el Parlamento Europeo", dejó claro este viernes el comisario de Justicia, Didier Reynders, y dijo que "las posibles opciones (de solución) están sobre la mesa".
Opciones que, según los analistas, podrían pasar por diluir el mecanismo de Estado de derecho en la fase de implementación; suspender los procedimientos sancionadores en curso contra Polonia y Hungría por retroceder precisamente en los estándares democráticos; o defender un tratado intergubernamental para que el fondo de recuperación eluda los vetos de Polonia y Hungría.
Ninguna es óptima, pero habrá que pagar un precio político o económico para que el dinero llegue a quienes lo necesitan, apostillan.
También habrá que ser "creativos", según Von der Leyen, para intentar cerrar de una vez por todas las negociaciones interminables sobre el futuro tratado comercial entre los Veintisiete y el Reino Unido, que evite agravar aún más el panorama económico de Europa.
El tiempo se agota y las narrativas de Londres y Bruselas continúan prácticamente sin variación y encalladas en los tres mismos puntos: las garantías para asegurar la competencia justa entre empresas británicas y comunitarias, la pesca y los mecanismos para resolver posible disputas sobre el futuro acuerdo.
Este fin de semana los equipos negociadores retoman sus reuniones presenciales en la capital británica, y pese al estancamiento en el presupuesto comunitario, es poco probable que la UE ceda en su línea roja de protección del mercado único para evitar un Brexit duro.
La victoria de Joe Biden en las elecciones estadounidenses y serios problemas internos en el Reino Unido (mala gestión de la crisis del coronavirus, preocupación por las elecciones escocesas del próximo año, problemas internos en las filas conservadoras y un laborismo que resurge) pueden hacer al primer ministro británico, Boris Johnson, moverse hacia el acuerdo.
Si así fuese, y dado lo limitado del tiempo que queda para ratificar el acuerdo, tendría que hacerse quizás solo sobre la base de un texto legal en inglés (en lugar de tener las versiones en 24 idiomas disponibles) para garantizar que se implemente antes del 1 de enero de 2021. El Parlamento Europeo ha programado una sesión de emergencia para el 28 de diciembre con el fin de ratificarlo.
El tiempo apremia y ya hay países que se ponen en lo peor y piden a Bruselas que publique planes de contingencia para proteger a sectores sensibles como el transporte aéreo y por carretera de interrupciones en caso de que las conversaciones fracasen.
El período de transición posterior al Brexit finaliza el 31 de diciembre y, el 1 de enero, el Reino Unido habrá abandonado el mercado único de la UE.
