VALÈNCIA. La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra y el departamento de Educación que encabeza Vicent Marzà llegaron la semana pasada a un acuerdo para poder traspasar funcionarios del área ubicada en Campanar a la cartera de la vicepresidenta del Gobierno valenciano de manera temporal. Un acuerdo cuya intención principal, según explicaron fuentes oficiales entonces, era reforzar el personal en Servicios Sociales mientras durara la pandemia, dado que actualmente hay consellerias con una carga de trabajo menor y otras donde, como ya expuso Oltra en una entrevista en Plaza Radio, no dan abasto por las consecuencias que está teniendo el Covid-19. Es el caso por ejemplo de Igualdad o Economía.
Con estos mimbres, la Conselleria de Educación elaboró un listado con las categorías profesionales que podía poner a disposición de Igualdad para ubicar en los centros de atención directa de servicios sociales donde hiciera falta "un refuerzo para la adecuada prestación del servicio público esencial en la actual situación de emergencia". La relación incluía cocineros, ayudantes de cocina, limpiadores, ayudantes de residencias o servicios, subalternos, ayudantes de enfermería y educadores de educación especial. De esta manera, ambos departamentos sentaron las bases para establecer el traspaso de personal.
Un traslado que se realizará, en caso de que la secretaría autonómica de Justicia y Administraciones Públicas dé el visto bueno, en base a diferentes criterios y orden de prioridad. Según el acuerdo, en primer lugar tendrán preferencia aquellos trabajadores que se ofrezcan voluntarios y, entre ellos, se priorizará a los funcionarios de carrera frente a los funcionarios interinos.
Para elegir al personal, ambos departamentos han realizado un baremo que permitirá la clasificación de los trabajadores. La antigüedad, por ejemplo, podrá sumar hasta un máximo de 10 puntos (0,05 por mes trabajado) y el conocimiento del valenciano contará hasta 4 puntos en el total. Así, el conocimiento oral supondrá 1 punto; el grado elemental 2 puntos; el grado medio 3; el administrativo 3,5; y el grado superior 4.
Estas puntuaciones serán las que sirvan para elegir entre los voluntarios que se presenten. Pero si se produjera empate en las puntuaciones, se elegiría al personal con mayor antigüedad o, en su defecto, si éste persistiera, se resolvería en base a la edad de cada candidato.
Ahora bien, el acuerdo también contempla el supuesto de que no existan voluntarios para el traspaso. En este caso, la conselleria priorizará a los funcionarios interinos frente a los de carrera. La clasificación de los funcionarios para este traslado forzoso vendrá determinada también por la puntuación que obtengan en estos dos apartados: los que obtengan menor nota, ocuparán los primeros puestos de la lista.
En cualquier caso, el documento contempla que si se deben recorrer más de 30 kilómetros para desplazarse al nuevo centro de trabajo, el traspaso pasará a ser voluntario y no obligatorio. Además, el documento impide la adscripción temporal de mujeres embarazadas, víctimas de violencia de género y personal que tenga reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 75%. También contempla que los que tengan un grado de discapacidad igual o superior al 33% pueda solicitar quedar excluido de esta adscripción temporal. Eso sí, para ello deberá aportar "un dictamen de la Comisión de Estudio de la Diversidad Funcional que especifique que dicha diversidad funcional le imposibilita o dificulta gravemente la movilidad al centro de trabajo o edificio administrativo de nuevo destino".
Con las bases redactadas, no obstante, el balón para que se ponga en marcha está en el tejado de la Secretaría Autonómica de Justicia y Administración Pública que ocupa Mireia Llobera (nombrada a propuesta de Unides Podem). Huelga recordar que el acuerdo se produjo después de que la Conselleria de Función Pública que dirige Gabriela Bravo pusiera reparos legales a acometer traslados forzosos entre todas las consellerias, lo que derivó en este acuerdo bilateral entre dos consellerias de Compromís. Su validación y puesta en práctica, ahora, queda en manos de Llobera.
Durante la situación de crisis sanitaria se registraron casi 14 millones de contagios y más de 122.000 muertes, de las cuales un 8,65% se produjeron en la Comunitat Valenciana
