Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El Consell ultima estos días el desarrollo del decreto que busca agilizar la ejecución del dinero procedente del plan europeo de recuperación. Una ampliación que busca definir uno de los apartados principales de la normativa: el que permitirá a las consellerias del Botànic II nombrar directores de programas que se encarguen de gestionar los fondos europeos. Las diferencias que existen entre las fuerzas del tripartito sobre la letra pequeña de esta norma, sin embargo, ha congelado unos días su validación y no irá este viernes al pleno del Consell.
Por el momento, tan solo hay acuerdo entre PSPV, Compromís y Unides Podem en cómo se configurarán las retribuciones que percibirá este personal eventual: las personas que ocupen estos puestos cobrarán como máximo el salario establecido para un director general del Consell. Es decir, 60.110 euros brutos anuales.
Una cuantía que, eso sí, tendrá una parte variable y una fija. El 88% de este sueldo será fijo -en torno a 52.900 euros-, mientras que el Botànic ha acordado que el resto, un 12%, se perciba en función del cumplimiento de objetivos. Un margen acordado por el Ejecutivo que resultaba clave para controlar el capítulo 1 de las cuentas de la Generalitat.
Más allá de esta cuestión, ahora la discusión se centra en cuántos directivos podrá contratar cada departamento del Gobierno valenciano. La idea central que se barajaba en un principio era que cada área del Consell pudiera fichar, como mínimo, un directivo. A partir de ahí, los socialistas planteaban en un principio que, si la cantidad de dinero proveniente de Europa era muy elevada, las consellerias pudieran alcanzar los tres nombramientos de directivos de programas.
Esquema en el que no se halló ningún acuerdo. Las áreas gestionadas por Compromís consideraban que el fichaje de dos personas sería más que suficiente. La intención era no acabar desbocando la Administración con un número significativo de contrataciones. No en vano, la figura de directivo de programas pasará a engrosar el organigrama del Consell, aunque solo sea de forma temporal mientras se ejecute el dinero procedente de Next Generation EU.
Con el paso de los días y el intercambio de borradores, no obstante, el borrador inicial ha cambiado y ahora existen dudas sobre si cada conselleria deberían tener directivos si los fondos que llegan de Europa para la citada cartera no fuesen realmente relevantes como para justificar la contratación de personal externo por poco más de 60.000 euros anuales.
"No es lo mismo que lleguen 100 millones de euros a una conselleria, que 2 millones", exponen fuentes consultadas por este diario. En el primer caso entienden que sería comprensible fichar personal para facilitar la gestión de esos fondos, pero en el segundo "tal vez sería más eficiente que lo tramitase el propio personal de la Administración". Es decir, los funcionarios.
Con estos mimbres, estos días las áreas del Ejecutivo de Ximo Puig intercambian propuestas para cerrar el documento final con la intención de llevarlo pronto al pleno del Consell, si bien para que eso ocurra, previamente debe existir un acuerdo sobre el texto definitivo y, además, contar con el informe favorable de Abogacía de la Generalitat. También deberán acordar quiénes podrán optar a estos puestos.
Por el momento, se da por hecho que departamentos como Economía o Agricultura podrán nombrar sin problemas a dos personas externas a la Administración para que asuman estas funciones, dado que se trata de las principales destinatarias de las ayudas procedentes de Europa.
A lo largo de la última legislatura del Botànic, pero también de la actual, los partidos del tripartito han venido insistiendo en la dificultad que tienen para atraer a la gestión pública grandes talentos por los sueldos que la Generalitat puede ofrecer en comparación con empresas privadas. Una circunstancia que también ha complicado en algún momento la búsqueda de candidatos que situar en empresas del sector público, como la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, o en órganos como por ejemplo el Consell de Transparencia.
Esta dificultad aún se puede ver más incrementada si cabe por otros dos factores: el primero, por la especialidad que se reclama para el perfil que se pretende cubrir. Esto es porque el decreto de gestión de fondos europeos establece que para el fichaje de directivos de programas "se tendrá en cuenta los conocimientos especializados en la gestión de fondos europeos, la experiencia profesional en funciones directivas, así como la acreditación de competencias sobre coordinación de equipos de trabajo y de los conocimientos específicos correspondientes a las materias objeto del programa".
La segunda, que a estos directivos de programas se les aplicará el mismo régimen de incompatibilidades que ya rige para los altos cargos del Consell. Un elemento que, unido al salario, podría no atraer a los posibles candidatos. Existe la posibilidad además de que el Consell finalmente decidiera que fuera su propia plantilla, los funcionarios de la Administración de la Generalitat, los que se encargasen de ponerse al frente de la gestión de programas de fondos europeos en determinadas carteras. Lo que, por otra parte, también ahorraría un importante gasto para el Gobierno valenciano.
Por el momento, en lo que sí existe consenso en el Botànic II es en la necesidad de crear esta figura que se encargue exclusivamente de este cometido para que la Comunitat exprima al máximo los fondos europeos en tiempo y forma, pues la Unión Europea fija un periodo muy estricto para la ejecución de estas ayudas. La contratación de este personal tendrá una duración máxima de cuatro años, según viene determinado en el propio decreto de fondos europeos.
