Ferri (Compromís), Davó (Unides Podem) y Mata (PSPV). Foto: CORTS/I. CABALLERVALÈNCIA. Fumata blanca. Apenas a un día de que terminara el plazo, los tres grupos parlamentarios que integran el Botànic II -PSPV, Compromís y Unides Podem- lograron este miércoles cerrar por completo el acuerdo sobre la reforma fiscal de 2021. Una batería de nuevos impuestos y la reforma de otros ya existentes que el tripartito incorporará a través de enmiendas a la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos del próximo año.
Una de las modificaciones más significativas que introducirán socialistas, valencianistas y morados afecta al Impuesto de Patrimonio que hasta ahora estaban exentos de pagar aquellos que tuvieran un patrimonio inferior a 600.000 euros, límite que ahora se reduce a 500.000 euros.
Asimismo, el tripartito también subirá este impuesto del 3,12% al 3,5% a las fortunas de más de 10 millones de euros, el nuevo máximo que ha propuesto el Gobierno central en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Un incremento con el que calculan que la recaudación será de en torno a 22 millones de euros.
Por otra parte, los grupos del Consell desbloquearon también este miércoles la subida del tramo autonómico del IRPF para las rentas más altas. Una reforma en la que Compromís y Unides Podem venían insistiendo desde hace semanas. En concreto, a partir del próximo año existirán dos nuevos tipos: uno para aquellos que ganen más de 140.000 euros y otro para los que su renta sume más de 175.000 euros al año. Los primeros tendrán una cuota marginal del 27,5%, y los segundos, del 29,5%, porcentajes a los que hay que sumar la cuota del tramo estatal, que también sube para las rentas de más de 300.000 euros. Con el tramo más alto, la recaudación adicional en el tramo autonómico sería de aproximadamente 9 millones de euros, explican fuentes presentes en las negociaciones.
Por otra parte, este ajuste en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas también estaría vinculado a que se incorporaran nuevas deducciones: una para alquileres y otra para el "autoaconsumo energético". Esto permitiría, por ejemplo, que aquellas "rentas bajas que quisieran instalarse placas solares en sus viviendas porque son más ecológicas, pudieran desgravárselo en la declaración, así como también el pago del alquiler", explican desde Unides Podem, que la semana pasada pidió avanzar en este tipo de deducciones.
Junto a estos dos impuestos, el Botànic II tiene intención de poner en marcha otro tipo de gravámenes el próximo año, si bien en las enmiendas no quedará regulado y su diseño deberá abordarse a lo largo de 2021. Es el caso, por ejemplo, del impuesto a las viviendas vacías con el que ya cuentan ciudades como Barcelona y que afectaría a los grandes propietarios que tengan casas deshabitadas durante más de un año "sin causa justificada".
Un tributo que está condicionado a que la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática que dirige Rubén Martínez Dalmau realice un registro de las viviendas vacías que tiene la Comunitat. Una vez esté listo esta suerte de inventario, ya comenzarían a trabajar en el diseño del impuesto que se incorporaría a la Ley de Función Social de la Vivienda. El trabajo previo, sin duda, demorará su entrada en vigor.
Socialistas, valencianistas y morados también acordaron poner en marcha un impuesto a la red eléctrica española que se regulará a través de la ley de Cambio Climático y Transición Ecológica en la que trabaja la Conselleria de Emergencia Climática que dirige Mireia Mollà. "Lo que se pretende es poner un impuesto a las construcciones de infraestructuras eléctricas que tienen un importante impacto ambiental", exponen fuentes del tripartito. Con este impuesto que grava la extensión de tendido eléctrico, el Botànic recaudaría 1,6 millones de euros.
Por último, existiría un compromiso por parte de Hacienda para publicar el listado de morosos "dentro de los límites que establezca la ley estatal".
En definitiva, la reforma fiscal más significativa afectaría al IRPF que pasarán a pagar las rentas más altas y al impuesto de Patrimonio que antes un grueso de la población no pagaba y ahora tendrá la obligación de abonar por la reducción de la exención que estaba prevista. El resto de compromisos, sin embargo, todavía tardarán tiempo en ver la luz.
Un convenio con el que las fuerzas del Botànic se mostraban satisfechas este miércoles pero que vuelve a dejar para otra ocasión la implantación de la tasa a las bebidas azucaradas pretendida por Compromís o la tasa turística que Unides Podem había planteado aprobar este año con una bonificación del 100% por la pandemia actual, pero que pudiera ponerse en vigor de cara a futuros ejercicios.
No en vano, los socialistas plantearon desde el inicio de las negociaciones que no apoyarían modificar o crear nuevos impuestos que afectaran a toda la población, como es el caso de los dos tributos perseguidos por valencianistas y morados. Una línea roja que no han querido franquear y que podría servirles para acercar posturas con Ciudadanos con el objetivo de que los naranjas apoyen las cuentas de 2021.
La coyuntura del grupo que dirige Toni Cantó ahora, no obstante, se antoja compleja, dado que hace apenas unos días el líder de Cs desveló que tenía el compromiso del president de la Generalitat Ximo Puig de que no habría subida de impuestos el año que viene. El pasado martes el síndic aseguró que le gustaría que el tripartito no le subiera los impuestos "en general, a nadie, pero en particular a las clases medias". Un matiz importante que podría dar un balón de oxígeno a los naranjas para finalmente apoyar los presupuestos.
