VALÈNCIA. El Consejo Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) solicitó este martes a Les Corts Valencianes que nombren a Mar Iglesias presidenta del ente. Una cuestión que generó división dentro del propio órgano -hubo un voto en contra- y que ahora también ha originado discrepancias entre los grupos parlamentarios que integran el Botànic. En particular, entre PSPV y Compromís.
La petición del Consejo Rector viene motivada, según explicaban en un comunicado a media tarde, ante la imposibilidad de que la presidenta en funciones firme un contrato de alta dirección "para ejercer sus responsabilidades si no se produce un nombramiento por parte del Parlamento valenciano". No en vano, la Abogacía de la Generalitat constató a través de un informe que debería existir "una previsión normativa específica para que la presidencia en funciones dispusiera de idénticas condiciones laborales que el anterior presidente".
La propuesta, sin embargo, ha generado diferentes reacciones entre los socialistas y valencianistas. A pesar de que la Mesa de Les Corts todavía no se ha reunido para debatir esta cuestión, en el PSPV advierten que no pueden nombrar a Iglesias presidenta de la Corporació "porque ya lo es". No en vano, desde el pasado 8 de enero ejerce la presidencia en funciones porque Enrique Soriano dimitió del cargo que ocupaba desde octubre de 2016 y ella, como vicepresidenta de la CVMC, pasó a sustituirle de acuerdo al procedimiento que prevé la ley.
Asimismo, también apuntan que si la intención final es que se le haga un contrato de alta dirección, "Les Corts no hacen contratos". Desde el grupo parlamentario cuestionan además que el Consejo Rector les haya realizado una petición de este calado, dado que es el Parlamento el que, de forma autónoma y hasta que esté constituido el Consell Audiovisual, quien propone candidatos a la Presidencia de À Punt pero no "atiende peticiones expresas" de este órgano de administración.
Una postura que comparten también en Compromís, que este miércoles también mostraba sus reticencias ante esta solicitud: "Les Corts no atienden a peticiones del Consejo Rector". Ahora bien, la posición de los valencianistas difiere en cierto modo de la predisposición de la que parten los socialistas para analizar el caso.
La coalición valencianista sí considera que Iglesias debería tener un contrato de alta dirección porque actualmente se encuentra en una "posición de indefensión absoluta". Pero se pronuncian con cautela sobre el hecho de que haya sido el propio Consejo que preside Iglesias el que haya pedido a Les Corts que busquen una solución que ponga fin al dilema del salario.
En este sentido, advierten que la petición del Consejo, además, viene apoyada en un informe de Abogacía de la Generalitat que ellos desconocen y que, por tanto, les falta información para conocer por qué los abogados de la Generalitat han determinado que no Iglesias no puede contar con un contrato de alta dirección.
El dilema sobre su el nombramiento por parte de Les Corts y, por tanto, el del contrato de alta dirección no es baladí. Como ya avanzó este diario, por el momento Iglesias sigue percibiendo dietas por cada reunión a la que asiste como ya hacía cuando era vocal del Consejo Rector. No en vano, para cobrar el salario equivalente al de un secretario autonómico como tenía Soriano es imprescindible que cuente con este tipo de contrato o que, en su defecto, el servicio de nóminas de À Punt autorice que cobre el salario que percibía su predecesor.
Sin embargo, fuentes del Palau sostenían ya los primeros días de Iglesias al frente de la cadena que existían serias dudas legales de que pudieran realmente validar un contrato de alta dirección en su caso, ya que no fue elegida por Les Corts Valencianes a diferencia de Soriano y actualmente ocupa el cargo de forma interina. De hecho, su predecesor nunca contó con un contrato de alta dirección. La duda sobre su situación laboral fue trasladada a Abogacía y, al parecer, el informe determina que no es posible realizarle un contrato de este tipo.
En este punto, conviene recordar que según fuentes del Consell, Iglesias planteó al tomar posesión del cargo un ultimátum al Consell para que le formalizaran el contrato de alta dirección y así percibir un salario, o en su defecto dejaría la Presidencia en funciones de la cadena. Así, asumió la Presidencia con la intención de solicitar una excedencia en la Universidad de Alicante -donde trabaja- para poder dedicarse en exclusiva al puesto que desde hace mes y medio ocupa. De hecho, fuentes de la Corporació trasladaron a este diario que no contemplaba dedicarse a su nueva responsabilidad a tiempo parcial.
La última maniobra por parte de la CVMC para tratar de resolver este conflicto deja la pelota en el tejado de los grupos parlamentarios del Botànic, pero por el momento, PSPV y Compromís tienen dudas sobre cómo se ha planteado la cuestión. La resolución del Consejo, de hecho, generó cierto malestar en uno de sus miembros, Vicente Cutanda, que aseguraba que le parecía "bien" recordar al Parlamento que agilice "las gestiones para elegir una persona que ocupe la Presidencia", pero discrepaba "profundamente" con el hecho de que fuera el propio Consejo el que diera "un nombre aunque sea de manera interina". "No es nuestra competencia ni misión", zanjaba.